Los 'mayores' desafíos del nuevo Gobierno: Pensiones, dependencia y España Vaciada

La XIV legislatura, que arranca este martes con la celebración del primer consejo de ministros tras el nombramiento del Gabinete este fin de semana, será complicada. El primer Gobierno de coalición de la democracia española, conformado por PSOE y Unidas Podemos, tendrá que hacer frente a importantes retos para llevar a cabo las reformas más urgentes, comenzando por lograr el apoyo suficiente ante un parlamento hiperfragmentado que le convirtió en presidente del Gobierno el pasado 7 de enero tan solo por dos votos de diferencia frente a los 'noes'. Por eso, uno de los principales desafíos del nuevo Ejecutivo será lograr una estabilidad parlamentaria que garantice la aprobación de sus leyes, ante la falta de mayoría absoluta. Y no solo eso, sino que el espectro de los últimos Presupuestos Generales del Estado socialistas rechazados en 2019 por la Cámara que desembocaron en las elecciones del 28 de abril, dificultan el pronóstico de cuántas de las promesas económicas y sociales del nuevo Gobierno, que son las que afectan principalmente a los mayores, llegarán finalmente a buen puerto. Se espera que en este primer consejo de Ministros se haga efectiva la revalorización de las pensiones respecto al IPC, que se ha mantenido a la espera de "lograr la estabilidad" para formar este Gobierno que arranca.

Aparte de cuestiones clave como afrontar la cuestión catalana o medidas en materia fiscal o laboral, la coalición progresista se ha comprometido en el acuerdo entre PSOE-Unidas Podemos, firmado días antes de las investidura a impulsar una agenda que afecta a pensiones, dependencia, copago farmacéutico o estrategias de lucha contra el reto demográfico. La mayoría de ellas, dependen de la creación de un nuevo Presupuesto, que el nuevo Ejecutivo pretende aprobar en los próximo tres meses. Éstos ampliarán previsiblemente el gasto, en parte por los compromisos de inversiones alcanzados con los grupos parlamentarios que han facilitado la investidura de Sánchez, y también los ingresos, a través de una serie de reformas fiscales, que incluye subidas del IRPF a los que ingresan más de 130.000 euros y cambios en la tributación del impuesto de sociedades.

Lo primero, aprobar medidas en cartera

El primer Consejo de Ministros de este martes tendrá que dar salida no solo a las pensiones sino a varias iniciativas económicas que quedaron congeladas a finales de diciembre a la espera de que se conformara el nuevo Gobierno como son, la subida del salario mínimo interprofesional, además de la subida del sueldo de los funcionarios y por supuesto la aplicación de la revalorización de las pensiones con carácter retroactivo desde el 1 de enero, tal como aprobó el Gobierno en funciones en diciembre. Entre los anuncios reformistas del Gobierno de coalición destacan también la derogación de la ley de seguridad ciudadana, la regulación por ley de la eutanasia y el derecho a una muerte digna, y una reforma de la ley de justicia universal. Sobre estas tres reformas, el Ejecutivo de coalición tiene, en principio, garantizados los votos suficientes. También se espera que los compromisos presentes del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos tendrá prioridad en la agenda del nuevo Ejecutivo en las próximas semanas. 

Revalorización de las pensiones

El Gobierno se ha comprometido a que una vez esté plenamente operativo subirá de una vez un 0,9% recuperando poder adquisitivo gracias a la subida del 1,6% que se aprobó para 2019, pactada por Mariano Rajoy con el PNV, y ha dejado claro que la subida del 0,9% tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de 2020 una vez se apruebe. En el acuerdo programático suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos las formaciones garantizan su actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, eliminarán el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.

Eliminar el copago farmacéutico

Entre las primeras medidas a aprobar se espera la eliminación progresiva de los copagos sanitarios introducidos en 2012, que impuso que muchos pacientes tuviesen que hacerse cargo del coste de sus medicamentos. El acuerdo PSOE-Unidas Podemos señala que esta medida se aplicará por plazos y tramos. Los primeros en beneficiarse de la medida serán los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad, según refleja el texto. "Estableceremos garantías para que no puedan introducirse otros nuevos que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas, incluidos los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos ortoprotésicos y por los dietéticos, a través de la derogación de los artículos que habilitan estos copagos en el RD-Ley 16/2012", señaló Pedro Sánchez en su discurso de investidura.

Aumentar el presupuesto de Sanidad

Pedro Sánchez se ha comprometido a elevar hasta el 7% del PIB la inversión en sanidad durante la próxima legislatura y garantizar su acceso universal. En este sentido, en el acuerdo con Podemos también se especifica que "se avanzará "en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa". En concreto, afirman que se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema. 

Reducir las listas de espera de la Dependencia

El nuevo Gobierno se ha comprometido a reducir en un 75% las 433.000 personas a las que se les ha concedido la prestación y aún no la han recibido. También se han comprometido a aumentar la partida para estas ayudas en los presupuestos cercana al 40%. Entre las medidas comprometidas en el acuerdo del Gobierno, se habla de modernizar el sector con avances tecnológicos, como la tele-asistencia avanzada. PSOE y Podemos no concretan cantidades, pero los de Pablo Iglesias defendían en junio de 2018 la necesidad de llegar hasta los 2.500 millones de euros, una asunto que recaerá sobre la Secretaría de Derechos Sociales, que según las filtraciones a medios dependerá de la vicepresidencia asignada a Pablo Iglesias. 

Aprobar la Ley muerte digna

Dentro del documento también se reitera la voluntad de aprobar “nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad”.

Entre ellos se incluye "impulsar una una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, así como la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Una medida que se quedó en el tintero en la anterior legislatura.

Medidas contra la pobreza energética

El Gobierno también deberá materializar la protección al 100% a las familias vulnerables en situación de pobreza energética. En su acuerdo de Gobierno aseguran que se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida y a las personas que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad". Esto es especialmente importante ante las subidas del precio de la electricidad y el gas que ha tocado máximos en los últimos años. 

Abordar el reto demográfico

El acuerdo tiene también presente el apoyo a la España Vaciada, otro de los puntos destacados del programa que presentan ambos partidos a través de la "aplicación de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico, de lucha contra la despoblación y de conectividad de infraestructuras e Internet". Sin embargo, señalan que "las medidas irán dirigidas a apoyar a la población joven con propuestas de fomento del empleo", y no son tan específicos en cuanto a las medidas concretas para la población mayor, principal habitante de estas zonas, profundamente envejecidas.

Rehabilitación de viviendas

En España sigue habiendo más de 100.000 personas con movilidad reducida que no pueden salir de sus propias casas, entre ellas, la mayoría son mayores de 65 años. Por eso, desde asociaciones de personas con discapacidad como COCEMFE reivindican la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que sea obligatorio realizar las obras de accesibilidad en los edificios de viviendas y espera que el Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, recogido en el acuerdo de Gobierno, proporcione la financiación pública suficiente para que la responsabilidad de garantizar la movilidad de las personas no recaiga en la ciudadanía. 

Combatir la soledad no deseada

En el acuerdo de Gobierno también se contempla la aprobación de "la Estrategia frente a la Soledad no Deseada" y la elaboración de un "Programa de acreditación de calidad de Residencias de Mayores,  en coordinación con las comunidades autónomas, que permita garantizar una atención digna a nuestros mayores", tal como reivindican las principales asociaciones de mayores. Pero no se espera sin embargo, que esta medida sea de las primeras en aprobarse. En fin, un largo listado de promesas, que habrá que confirmar si se cumplen.