En julio no ha habido investidura. Como los malos estudiantes, los políticos no hicieron los deberes y tendrán que volver a presentarse en septiembre. Nuestro país tiene muchas urgencias que resolver y, en concreto, los mayores también. Necesitamos la inmediata formación de un gobierno que empiece a trabajar en los muchos e importantísimos problemas pendientes de resolución que afectan, y no poco, a 9.055.580 de españoles mayores de 65 años, nada menos que el 19,3% de la población.
Pensiones dignas y blindadas
Para empezar por el principio el problema que más acucia a los mayores, todos lo sabemos, es el las pensiones dignas y su revalorización. El gobierno, sea el que sea, debe garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas así como su futuro mediante blindaje constitucional. Algo para lo que se antoja verdaderamente necesario derogar la reforma laboral de 2013 lo que impulsaría un empleo de calidad así como estabilidad y salarios dignos. Así mismo es absolutamente necesaria una reforma fiscal que permita la equidad y la redistribución social.
Por otra parte deben adoptarse las medidas necesarias para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, permitir la compatibilización de las pensiones con el empleo post jubilación, garantizar una subida anual según el incremento del IPC e igualar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). No parece de recibo que en los últimos diez años las pensiones mínimas hayan permanecido por debajo del SMI, lo que pone en riesgo de pobreza y exclusión a los 4,2 millones de jubilados que perciben una pensión inferior a los 735,90 euros mensuales del salario mínimo. Este es el primer gran reto del gobierno, pero no el único, hay muchos más.
Por último, en el tema de las pensiones es fundamental que se vuelva a reactivar el Pacto de Toledo y sumar también a sus reuniones a representantes de los mayores en la persona de los máximos responsables de las asociaciones mayoritarias que defienden sus intereses. Estos son los primeros grandes retos del gobierno, pero no los únicos, hay muchos más.
Fortalecimiento del Estado del Bienestar
Buena parte de los esfuerzos del nuevo gobierno deben ir dirigidos a mantener y fortalecer el Estado del Bienestar que tan amenazado está como consecuencia de la crisis financiera.
Es obligación del Gobierno garantizar que todas las instituciones públicas velen por apuntalar los cuatro pilares maestros sobre los que se asienta el Estado del Bienestar: seguridad económica, servicios públicos, eliminación de desigualdades y lucha contra la pobreza.
Defender y reforzar el Sistema Nacional de Salud
Ante el incuestionable y progresivo deterioro que está padeciendo la sanidad pública es urgente reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS) y su capacidad de respuesta ante el envejecimiento, la cronicidad y la mayor demanda derivada de las patologías asociadas a la edad. Para ello no hay más camino que dotar al Sistema de recursos económicos, profesionales y tecnológicos necesarios para responder no solo a la fuerte demanda actual sino también a la futura que, en muy poco tiempo, crecerá de forma exponencial con el constante envejecimiento de nuestra sociedad.
Así mismo, deberán reducirse las listas de espera, generalizar la universalidad en el acceso a los servicios sanitarios y se ofrecer una cartera de servicios acorde con las necesidades de la población, dedicando especial atención a los mayores del entorno rural.
Por lo que al tema de las residencias de mayores se refiere, el gobierno deberá promover la atención personalizada y libre de sujeciones, así como favorecer la construcción de nuevos centros más cercanos. También es necesario dotar a los mayores con problemas de movilidad de ayudas técnicas y para la adaptación de sus viviendas para que puedan permanecer en sus hogares y en su entorno familiar y social el mayor tiempo posible.
Sobre el copago farmacéutico, se deberían modificar los tramos establecidos para que no suceda, como hasta ahora, que haya personas con muy bajos ingresos que se ven obligadas a pagar por unos medicamentos, cada vez más y también más caros.
Dependencia
En cuanto a dependencia se refiere, es necesario aumentar los servicios de ayuda a domicilio, reducir drásticamente las listas de espera e implantar y dotar presupuestaria mente la Ley de Dependencia de la misma forma en todas las Comunidades Autónomas para acabar con la actual desigualdad existente en la cantidad y calidad de servicios y prestaciones.
Es necesario tomar decisiones urgentes para garantizar el Sistema Público de Atención a la Autonomía Personal y asegurar el acceso al mismo del importante número de personas que están pendientes de valoración. En este sentido, otro de los retos que se le presentan al gobierno es la regularización académica y laboral de los cuidadores de mayores y enfermos así como reconocer el derecho de las personas mayores con discapacidad a tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos sin que se les obligue a jubilarse por la edad.
Envejecimiento activo
La Estrategia 2018-2020 para el envejecimiento activo está paralizada a pesar de que el proyecto que la sustenta fue aprobado en 2017. Es necesario promover cuanto antes la actividad física de los mayores, promover una alimentación saludable y la disminución de consumos nocivos y de riesgo como alcohol y tabaco así como mejorar los centros de ocio y cultura para mayores y aumentar sus cursos y talleres. Además, es necesaria la implantación y desarrollo de planes de envejecimiento activo en todas las Comunidades Autónomas, con programas de información y posibilidad real de acceder a las actividades y evitar la saturación de la demanda con el refuerzo de la oferta.
Ayuda para combatir la soledad no deseada
Debería ser también prioridad urgente del gobierno el diseño de una Estrategia Nacional de la Soledad. El nuevo gobierno debe ser consciente de que en España hay 1.960.000 hogares en los que vive una persona sola de más de 65 años. De esa cifra, 1.410.000 son mujeres y 550.000 hombres, según la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. Ante esta situación, se impone crear una Comisión contra la soledad no deseada que naturalmente deberá contar con una asignación económica suficiente desde los Presupuestos Generales del Estado.
Lucha activa contra el maltrato y la discriminación de los mayores
Es absolutamente necesaria la tramitación de una Ley de los derechos y el buen trato a las personas mayores y la creación de una oficina especializada en la atención al maltrato, con un teléfono adscrito a esa oficina, gratuito, sencillo de memorizar, al estilo del que ya existe de violencia de género 016, y donde cualquiera pueda informar de situaciones vinculadas a estos hechos.
En relación a la discriminación por razón de edad de los mayores, el edadismo, el Gobierno se encuentra ante el reto de desarrollar un plan de acción con estrategias preventivas contra esta grave lacra social y la creación de un área de trabajo para la correcta comunicación e imagen de las personas mayores en los medios de comunicación.
Combatir la pobreza en todas sus formas
Es obligación del gobierno luchar contra la pobreza, adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso a una vivienda digna con inversión pública estatal, especialmente a aquellas familias con mayor grado de necesidad y vulnerabilidad. En este sentido, también es necesario implementar de ayudas para que los hogares tengan servicios automatizados, limpieza, ventilación y calefacción.
Todo ello, sin olvidar también que en la lucha contra la pobreza es fundamental legislar un IVA menos regresivo y ayudar desde la fiscalidad a abaratar el precio de bienes y servicios básicos, regulando un un IVA superreducido del 4% en productos alimenticios y nutritivos no alcohólicos y bajándolo en electricidad, gas y calefacción del actual 21% a no más del 10%.
Promover la participación
El gobierno debe reimpulsar el Consejo Estatal de las Personas Mayores del Imserso. No puede seguir haciendo oídos sordos a los mayores legislando aspectos fundamentales, presentes y futuros, de su existencia sin contar con ellos, con sus opiniones y necesidades. Es un reto para el gobierno regular la presencia de personas mayores en las cámaras de representación de los ciudadanos, así como que las asociaciones de mayores estén presentes en el Pacto de Toledo. Además, corresponde al gobierno la iniciativa abrir en el Congreso de los Diputados un Consejo u Oficina de Mayores, como apoyo y asesoramiento a los parlamentarios.
Reconocimiento del derecho de formación permanente
El gobierno debe blindar por Ley el derecho de los mayores a aprender y formarse durante toda se vida ya viva en una ciudad o en el medio rural donde además se debe garantizar el correcto acceso a Internet. De ahí que el Ministerio de Cultura, además de crear una Agencia Estatal de Cultura Mayor y subvencionar las Aulas de la Tercera Edad, debería facilitar un pase gratuito par su acceso a los bienes culturales, desde el primer día de su jubilación y, además, el Ministerio de Hacienda tendría que dejar fuera de la cotización del IRPF los gastos que las personas mayores inviertan en su formación.