Plan de regeneración del Gobierno: registro de medios y comisión contra los bulos

El Gobierno encargará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMC) la creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben, en el marco de su Plan de Acción por la Democracia, que ha presentado este martes el Ejecutivo, "para garantizar una mayor transparencia e independencia en los medios de comunicación".

"Este registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente, y, en ese caso, hemos decidido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMC)", ha anunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este sentido, el titular de la cartera de Cultura ha avanzado que se va a "reformar" dicha comisión con el objetivo de que "pueda asumir esas competencias" y así "establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación, entre otras plataformas, cuya finalidad no es informar".

La segunda medida, según ha indicado Urtasun, es el establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas. "Esta es una información que hoy o no se presenta, o se presenta de forma opaca", ha indicado, para después añadir que a partir de la implementación de esta normativa, todas las instituciones públicas deberán publicar esta información "de forma visible, clara y transparente".

El Ejecutivo también va a reformar la Ley de Publicidad Institucional, como ya anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para introducir criterios de "transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación". Urtasun ha aclarado que estos criterios serán elaborados a partir del trabajo con expertos, sector de la comunicación y los grupos parlamentarios.

Esta misma ley, según ha avanzado el ministro de Cultura, será reformada para garantizar que los sistemas de medición de audiencia y la metodología que utilicen cumpla los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. "Vamos a reformar la ley para que no se puedan falsear las audiencias incurriendo en prácticas que alteran las visitas reales", ha subrayado.

DIscriminación positiva para medios en euskera o catalán

"Estas dos reformas que acabo de mencionar de la Ley de Publicidad Institucional tienen dos objetivos: hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las 'fake news', ha argumentado Urtasun, quien ha anunciado también que la reforma prevé medidas de discriminación positiva para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas cooficiales.

Por otro lado, el Gobierno contempla en su plan el impulso de la Ley de secreto profesional de los periodistas "como garantía jurídica para la protección de las fuentes y la transposición de la Directiva europea anti-SLAPP (Strategic Lawsuits against Public Participation o Demandas Estratégicas contra la Participación Pública) para la protección de los periodistas de "acosos externos" y "las demandas abusivas e infundadas a las que se enfrentan de forma diaria por hacer su trabajo".

Para la protección de los periodistas, el Gobierno también prevé la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', "para acabar con las sanciones que profesionales de información están recibiendo por hacer su trabajo cuando esto implica cubrir las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Otras de las medidas anunciadas por Ernest Urtasun pasan por a la introducción de "límites" a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación "para impedir que haya medios impulsados directamente por las mismas" y por la revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo político, "evitando la concentración de los medios de comunicación" y "hacer frente a los oligopolios mediáticos que, cuando existen, socavan el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a una información que sea plural".

Finalmente, se va a realizar una reforma "integral" del Código Penal, que "acabe con los delitos que en el pasado han sido utilizados para condenar y sancionar a varios artistas en España".

"Todos queremos medios de comunicación que sean transparentes, que sepamos cuáles son sus propietarios, cuál es su audiencia, cómo se financian, porque a esto obliga la Unión Europea, pero es que además esa transparencia garantiza el derecho a una información veraz de los ciudadanos que también lo mandata la Constitución Española, el artículo 20. Por tanto, creo que esa es la línea de acción", ha afirmado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al ser preguntado por algunos detalles más concretos relativos a los medios.

A este respecto, el también titular de la cartera de Justicia ha asegurado que las cosas específicas "se desarrollarán, primero en el Gobierno, después en sede parlamentaria".

Delitos de libertad de expresión

El Gobierno prevé una "reforma integral" del Código Penal en lo relativo a los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado, lo que incluye al Ejecutivo pero también a la Corona.

Así lo ha trasladado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha adelantado algunas de las 31 medidas que prevé desarrollar el Gobierno en los próximos tres años en este ámbito.

Dentro del segundo eje, el de "fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar información veraz en los ciudadanos", Bolaños ha incluido una "reforma integral del Código Penal" para tratar "los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos".

Según ha indicado, el objetivo es adecuar el Código Penal español "al Derecho de la UE" y ajustarlo en lo relativo a estos delitos "a lo que es la última jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

En este mismo apartado, Bolaños también ha incluido la previsión de reformar la Ley Orgánica de Derecho al Honor de 1982 y la Ley Orgánica de Derecho a la Rectificación de 1984, puesto que "el régimen actual que protege el honor de las personas y que garantiza el derecho a una rectificación de las informaciones no veraces que se publiquen" puesto que "ha quedado claramente obsoleto" ya que entonces no se preveía "el ecosistema que tenemos hoy de medios de comunicación y las formas en las que se producen esas difamaciones y esas publicaciones".

Con la reforma de ambas leyes se buscará "garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique en un medio o pseudomedio de comunicación", ha puntualizado Bolaños. También reformará la ley de Secretos Oficiales.