Puigdemont vuelve a España para asistir a la investidura de Illa

Este jueves, 8 de agosto se celebra el pleno de investidura del primer secretario del PSC, Salvador Illa. Así lo aprobaba la Diputación Permanente del Parlament con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención del PP y Vox.

La intención de convocar la investidura para este jueves ya la había expresado el martes el presidente del Parlament, Josep Rull, cuando compareció para exponer las conclusiones de la ronda de consultas con los grupos.

Una sesión de investidura marcada por la vuelta de Puigdemont, que el expresident ha anunciado a través de sus redes sus sociales. Dado que sobre él sigue pesando una orden de arresto, su objetivo será lograr llegar al escaño sin ser detenido. Se han convocado concentraciones de recibimiento mientras que el presidente del Parlament, Josep Rull, quien ha dicho que hará todo lo posible para que no haya detención, no descarta suspender la investidura en caso de que se produzca.

Puigdemont vuelve a Cataluña

El expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia española tras el referéndum ilegal de 2017, ha anunciado este miércoles por la mañana en sus redes sociales que ha iniciado su regreso a Cataluña con intención de asistir al debate de investidura del socialista Salvador Illa.

El líder de Junts, que estos años ha estado afincado en Waterloo (Bélgica), ya reiteró el sábado en una carta abierta publicada en redes sociales su intención de volver a Cataluña y asumió que su "detención" iba a ser "una posibilidad real en muy pocos días".

"El Parlament de Catalunya ha convocado a todos los diputados al debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat. Yo tengo que estar allí y quiero estar allí. Por eso he empezado el viaje de vuelta desde el exilio", ha subrayado en este vídeo colgado en su cuenta de Twitter.

El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d’investidura del pròxim president de la Generalitat. Jo hi he de ser i hi vull ser. Per això he emprès el viatge de retorn des de l’exili. pic.twitter.com/jcO5MA8czX

— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 7, 2024

"Que yo pueda asistir al Parlament debería ser normal, que por hacerlo arriesgue una detención, que sería arbitraria e ilegal, es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y combatir, no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas", ha recalcado.

Para Puigdemont, en "condiciones de normalidad democrática" debería ser innecesario que anunciara su intención de asistir al pleno, pero lamenta que él y el exconseller Lluís Puig, como diputados de Junts, no puedan hacerlo libremente.

"Primero porque llevamos encima una larga persecución por permitir que los catalanes votáramos en referéndum. Y segundo, porque el Tribunal Supremo se niega a obedecer una Ley de Amnistía aprobada y en vigor, y que es de obligada aplicación", ha añadido.

Esto, según Puigdemont, es un "desafío" que debe tener respuesta y afrontar, y es uno de los motivos por el que ha iniciado el camino de regreso a Cataluña, ha dicho. Es más, se ha mostrado convencido de que "no hay otro camino para la normalidad democrática que el fin de la represión política, un final que está contemplado en la letra y espíritu de la Ley de Amnistía".

Concentraciones de recibimiento

Junts ha convocado a primera hora de este jueves, a las 9:00 horas, una concentración en el paseo Lluís Companys de Barcelona para recibir a Puigdemont. A la misma hora, y en el mismo lugar, el Consell de la República Catalana ha convocado una concentración como "recibimiento institucional en Cataluña del 130 president de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont"

Se suman a estas concentraciones la Associació de Municipis per la Independència (AMI), que el martes instó en un comunicado a los más de 700 alcaldes que conforman la asociación a recibir al expresidente: "Os esperamos a todos y a todas en su recibimiento".

Posible aplazamiento del pleno

El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, ha alertado de que si detienen al expresidente Carles Puigdemont, no puede "aceptar que el pleno se desarrolle con normalidad", por lo que, ha dicho, sería un planteamiento idóneo y adecuado aplazarlo.

Rull ha señalado que hará "tanto como pueda" para impedir que un diputado pueda ser detenido en ejercicio de sus funciones, dado que la cámara del Parlament es, textualmente, democráticamente sagrada y no se puede limitar ningún derecho, en términos de privación de libertad, de ningún diputado, ha dicho.

Rull ha explicado que un aplazamiento del pleno dependería de él, aunque tendría que "poder consolidar la decisión, pactarla, consensuarla con la mesa" y que hay antecedentes de plenos que se han aplazado por una situación absolutamente excepcional, como en enero de 2018, con la investidura de Puigdemont, ha dicho.

Sea como sea, Rull ha recordado que, pase lo que pase, Puigdemont votará, “porque se aprobó una modificación del reglamento en la que hay la figura del voto delegado”, ha afirmado.

Retorcer el reglamento

El líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha considerado que el presidente del Parlament, Josep Rull, "retorcerá" el reglamento de la institución para adaptarlo a las "necesidades mediáticas" del líder de Junts Carles Puigdemont, y ha corresponsabilizado al PSC de "cualquier escenario" que se viva este jueves en la Cámara catalana. "Si este jueves Rull decide retorcer el reglamento como ha hecho el separatismo durante estos últimos años, para adaptarlo a las necesidades mediáticas de Puigdemont, lo hará sin pestañear porque alguien le ha permitido que lo haga", ha expresado el presidente del PP catalán.

"Él (Rull) dispone de un único recurso legal, en el caso de que apareciera por ahí Puigdemont, que es el aplazamiento 24 horas del pleno, pero él no tiene capacidad de suspenderlo", ha asegurado el 'popular', haciendo hincapié en que su partido estará "escrupulosamente atento" a que se cumpla "rigurosamente" la normativa y que "ahí está el límite" que ellos van a poner.

El ‘cupo catalán’ costará 13.200 millones al año

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha realizado este miércoles un primer cálculo de lo que puede suponer el concierto económico catalán pactado entre PSC y ERC, estimando un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana.

Así lo ha dado a conocer Fedea en un informe en el que, a la espera de concretar los detalles del preacuerdo, la Generalitat elevaría la financiación homogénea entre un 25% y un 50%.

"Puesto que Cataluña parte de un índice de financiación homogénea por habitante ajustado de 101 en 2022 (frente a una media de 100 para el conjunto de las comunidades de régimen común), la medida la situaría, otras cosas iguales, claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral" añade el informe.

Así, desde la Fundación avisan de que el dinero que se quiera destinar a mejorar la financiación de Cataluña (y la de otras comunidades, en su caso) "tendrá que salir de algún sitio" y, si ninguna comunidad puede perder financiación, Fedea alerta de que el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos.

En este sentido, si el Estado recurriera a una subida del IRPF para compensar la pérdida de recursos sin afectar a la financiación autonómica o reducir su gasto, tendría que incrementar en un 29,5% la recaudación del tramo estatal del impuesto en lo que quedaría del territorio común tras la salida de Cataluña. Si, en su lugar, optase por aceptar la caída de ingresos y la trasladase íntegramente a la financiación de las demás CCAA, ésta tendría que reducirse en un 10,7% en promedio.

El director ejecutivo de Fedea y autor del informe, Ángel de la Fuente, recuerda que una recurrente reivindicación nacionalista es la de eliminar el déficit fiscal de la comunidad con el Estado, o más bien la estimación de esta magnitud que la Generalitat calcula todos los años por el cuestionable procedimiento del flujo monetario.

De acuerdo con la última estimación del Govern, la brecha entre lo que la comunidad aporta a y recibe del Gobierno central rondaría los 22.000 millones de euros, casi el 10% del PIB, una estimación que "está muy sesgada al alza".

Según Fedea, para el último año en el que la comparación es posible (2014), el déficit de máximos que estima la Generalitat fue un 65% superior al calculado por el Ministerio de Hacienda con un enfoque de carga-beneficio que es lo más parecido a un estándar metodológico internacionalmente aceptado que existe en esta literatura.