La precariedad laboral en el sector de los cuidados sigue siendo la norma: "Es insostenible"

España necesitará 261.000 trabajadores más en cinco años para cubrir la atención a la dependencia

Bustinduy anuncia una comisión interministerial para "reforzar" la Dependencia

 

El problema de la falta de trabajadores en el sector de la dependencia no se corregirá sin financiación y si no se pone en valor su papel, se apuesta por la profesionalización y se mejoran las condiciones laborales, que son aún precarias.

Esta es la principal conclusión a la que han llegado representantes de los sindicatos CCOO y UGT y de las patronales CEOE y Cepyme, reunidos en una mesa redonda, moderada por la directora del Imserso, Mayte Sancho, que se ha celebrado este lunes con motivo del evento Reto: Mejorar el empleo en los cuidados de larga duración.

En el acto, organizado por el Ministerio de Derechos Sociales, se ha presentado el informe Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030 en el que se prevé que harán falta incorporar a al menos 261.000 profesionales en los próximos cinco años para atender a las personas dependientes –un aumento del 53%–.

Se trata de una predicción conservadora, teniendo en cuenta que no contempla la cobertura total de la población con grado reconocido –que tampoco se da actualmente– ni el aumento progresivo de las intensidades horarias que se quiere llevar a cabo en los próximos años con la aplicación del nuevo modelo de cuidados, lo que requeriría de más personal aún.

Un sector que sigue siendo precario

Ante este panorama, los participantes de la mesa redonda han convenido en que es imprescindible garantizar que el sector se convierta en atractivo para los trabajadores y mejorar la calidad del servicio a través de la profesionalización. Dos cambios, que necesitan de financiación y del apoyo de las administraciones públicas. 

La responsable del Departamento de Servicios Sociales de UGT (@UGT_Comunica), Gemma Ramón, ha advertido que actualmente se está produciendo una fuga de "los servicios sociales al sistema sanitario", debido a la falta de calidad de un empleo que sigue siendo muy precario. “Las condiciones laborales no son las más adecuadas”, ha afirmado. 

Por esta razón, ha llamado a tomar medidas como aumentar la financiación que aportan las administraciones, incrementar los salarios, invertir en formación y corregir la parcialidad. Además, ha destacado la importancia de la "inspección de trabajo". 

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO (@CCOO), Carlos Bravo, ha convenido con Gemma Ramón en que "si queremos tener calidad en el servicio necesitamos calidad en el empleo y eso significa tener a personas cualificadas". 

Además, ha pedido aumentar las intensidades horarias que se dan a las personas dependientes, reducir la parcialidad del sector, que se cifra en un "42%" en la ayuda a domicilio y en un "25%" en residencias de mayores e incrementar unos sueldos que van de los "1.000" a los "1.500 euros". 

"Va a haber mucha gente que atender y necesitamos hacerlo con trabajo digno y cualificado", ha avisado y ha pedido revisar también el sistema de financiación de estos servicios, estudiando qué parte paga realmente la administración central, la autonómica y el ciudadano, a través del copago. 

Mejorar la financiación

Desde la CEOE (@CEOE_ES), su responsable de Igualdad, Olimpia del Águila Cazorla, ha incidido en la "profesionalización", como uno de los retos más importantes de futuro, para garantizar unos cuidados y un empleo "de calidad". "Debe ser el eje del sistema”, ha afirmado.

Ahora bien, ha explicado que esto no se puede hacer sin el esfuerzo presupuestario de unas administraciones públicas que, actualmente, pagarían de media sólo "19 euros por hora" por la Ayuda a Domicilio y "64" por plaza y día en un centro residencial. 

De esta manera, ha reclamado "mejorar la financiación pública" y que haya "seguridad jurídica" para que los actores del sector puedan hacer previsiones de cara a las necesidades del futuro. 

Finalmente, Miguel Canales Gutiérrez, representante de la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme (@cepyme_), ha alertado de las "dificultades" que se están encontrando ya para encontrar profesionales, aunque ha asegurado que no es algo "exclusivo" de "la Dependencia".  

Por otro lado, ha advertido de que, en paralelo, se va a producir un aumento de la demanda de servicios de dependencia en los próximos años "muy elevado", por lo que ha reconocido la necesidad de una profesionalización y mejorar la financiación, así como de contar y aprovechar el saber hacer de las personas que no tienen una formación reglada, pero sí experiencia acreditada. 

Comisión interministerial

Para responder a esta demanda de personal en el futuro, en el acto, en el que también han participado autoridades como el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y los secretarios de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, de Trabajo, Joaquín Pérez, de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez y de Migraciones, Pilar Cancela, además de la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio, se ha anunciado la creación de una comisión interministerial con esta finalidad. 

Pablo Bustinduy ha afirmado que el trabajo de cuidados no sólo va a necesitar a más personas, sino también una mejora de "condiciones" y una "revalorización" social de esta labor. Y es que ha calificado la situación actual como "insostenible", aportando datos que dan prueba de ello, como que las profesionales –la mayoría son mujeres– de la ayuda a domicilio ganan un 35% menos por hora que el salario medio, que cerca de la mitad trabaja con contratos parciales o que tienen más del doble de posibilidades de desempeñar su labor en turnos nocturnos o en domingo, entre otros síntomas de precariedad. 

Por otro lado, ha incidido en la importancia de la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para seguir en la senda de mejora del sistema de dependencia y ha puesto en valor todos los fondos aportados en los últimos años en ese sentido, incluidos los europeos –2.000 millones de euros para remodelar el modelo de residencias e implantar la teleasistencia–. "Creemos que se deben presentar los presupuestos para este mismo año", ha reclamado.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que ha sido la encargada de presentar el informe Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030, ha destacado que el aumento progresivo de la población dependiente por el envejecimiento poblacional supone “un desafío para las instituciones, pero, sobre todo, un motivo de celebración porque las personas vivan cada vez más años”. Para conseguir este desafío, ha explicado Martínez, “necesitamos contar con las trabajadoras necesarias para ofrecer unos cuidados de calidad y que cuenten con unas buenas condiciones laborales”, y ha añadido que las administraciones públicas deben esforzarse para garantizar que la ampliación del tiempo de vida “vaya de la mano de la ampliación de los derechos y la calidad de vida”. 

Rosa Martínez ha enmarcado la publicación del informe y la creación de la comisión interministerial en lo que han denominado como Reto mejorar el empleo en los cuidados de larga duración, donde también ha incluido el grupo de trabajo con los gobiernos autonómicos. Además, la secretaria de Estado ha destacado que abordar el problema de la falta de trabajadores y la mejora de las condiciones puede ayudar a combatir la brecha de género. Y ha recordado que las cuidadoras principales no profesionales –la mayoría de las cuales son mujeres– dedican una media de "9 horas al día" a esta labor, una labor, que les impide tener un "proyecto de vida". 

"No hay cuidado de calidad sin trabajadoras con empleo de calidad"

Por su parte, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, ha recordado que el colectivo de profesionales de los cuidados realiza una labor de una "dureza" importante, que no es "visible" desde el punto de vista social. Ha puesto en valor las medidas adoptadas a lo largo de estos años para garantizar su salud laboral y para reducir su precariedad –aumentando el SMI–, así como la temporalidad –con la reforma laboral–. Y ha convenido en que "queda mucho por hacer" en materias como disminuir la parcialidad, controlar mejor los horarios o garantizar la desconexión. 

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha afirmado que contribuirán a la mejora de las condiciones proporcionando información de cara a realizar un diagnóstico de la situación. Y ha destacado que "son necesarios avances y actuaciones adicionales que permitan esa mejora". Además, ha adelantado que han "reactivado un grupo sobre enfermedades profesionales” y que trabajan en la tramitación de un decreto sobre los coeficientes reductores de la edad de jubilación en aquellas actividades con mayor penosidad. En ambos casos, ha detallado, se tendrá en cuenta el componente de género. 

Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, ha puesto en valor la oportunidad económica que supone la llegada de extranjeros para España, también para sectores como el de la Dependencia, y ha advertido en contra de los mensajes que critican este fenómeno demográfico.

Por último, Esther Monterrubio, secretaria general de Formación Profesional, ha recordado que se ha realizado un aumento del presupuesto y se ha ampliado la oferta formativa. "30.000 chicos y chicas están estudiando el grado medio de atención a personas en situación dependencia", ha comentado, destacando que se trata de una cualificación “muy demandada”. Finalmente, ha anticipado que esperan que en 2025 se pueda avanzar en la acreditación de la mayoría de personas profesionalmente formadas pero "no acreditadas".