El derecho a la Autonomía Personal, a debate

Crear un entorno y unas ciudades más accesibles para personas con discapacidad y mayores será el objetivo del Primer Congreso sobre el Derecho a la Autonomía Personal (consulte aquí el programa) que reunirá a casi 50 expertos en Barcelona. La ciudad acogerá a mediados de octubre este foro en el que se debatirá sobre cuáles son los retos de futuro a conseguir. Así, para conocer más acerca de este pionero congreso y de los desafíos que afronta una sociedad envejecida, 65Ymás ha conversado con una de las organizadoras del congreso, la presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Catalunya (@CocemfeCAT), Roser Roigé.

Pregunta: ¿Por qué son necesarias estas jornadas por la Autonomía Personal?

Respuesta: En primer lugar, porque llevamos ya muchos años de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en concreto, desde el año 2006 que fue cuando se promulgó. Sin embargo, con la crisis, se paralizó la aplicación de la ley y nos encontramos con que, en el año 2019, aún no se ha desarrollado la parte relativa a la autonomía personal y consideramos que ya es hora de que así sea.

En segundo lugar, el congreso está centrado también en la cronicidad y el envejecimiento porque las personas cada vez vivimos más y, a medida que cumplimos años, solemos perder autonomía. A esto hay que sumar, que además de la vejez, en otras etapas de la vida o en determinadas situaciones, no tenemos las mismas condiciones. De hecho, según la OMS sólo un 60% del tiempo somos completamente autónomos. Por tanto, es una cuestión con suficiente relevancia para dedicarle este congreso ya que nos afecta a todos.

Finalmente, pensamos que la sociedad actual ha alcanzado el grado de madurez necesario para asumir que las decisiones vitales de las personas con discapacidad se hagan efectivas. Es decir, para nosotros, para Cocemfe ha llegado la hora de poder ejercer el derecho a la autonomía personal.

P.: ¿Qué esperan del Congreso? ¿Creen que sentará un precedente?

R.: En efecto, esperamos que sea un punto de inflexión en el ejercicio de este derecho que está reconocido en la Convención de la ONU (2006), sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esperamos por tanto que, como bien dice, sea un precedente en la conciencia del conjunto de la sociedad y en particular de las personas y de las administraciones y organismos que tienen que tomar decisiones al respecto.

Nuestro objetivo marco es conseguir que todas las personas puedan desarrollarse y ejercer con libertad, y en igualdad de condiciones, todas las decisiones de su vida y contribuir de esta manera a una sociedad inclusiva en la que todos y todas podamos ejercer nuestra autonomía personal, desde la infancia a la madurez.

Roser Roigé

P.: ¿Cree que la sociedad conoce bien las reivindicaciones del colectivo de personas con discapacidad?

R.: Mi opinión es que, en términos generales, no se conoce bien. Se dan numerosas situaciones al día relacionadas con cuestiones elementales como el acceso a la salud o la educación que impiden que las personas con discapacidad ejerciten su derecho. Por ejemplo, estoy pensando en una mujer con movilidad reducida que no puede hacerse una revisión ginecológica porque la camilla del centro de salud no está adaptada, o una persona con discapacidad intelectual o deterioro cognitivo, que en escasas ocasiones tiene a su alcance documentos de lectura fácil.

P.: ¿Qué queda por hacer para lograr una mayor accesibilidad en nuestro país para personas con discapacidad?

R.: Disponemos de un buen marco normativo. No obstante, donde debemos mejorar mucho es en la aplicación del mismo. Por tanto, lo primero es hacer cumplir la legislación vigente: la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social del Estado, que establecía el 4 de diciembre de 2017 como fecha límite para que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles, con arreglo a las condiciones básicas de no discriminación y accesibilidad universal.

Dado que no se ha cumplido con la legislación, nos encontramos con situaciones tan injustas como que hay personas encerradas en sus casas en contra de su voluntad, por no disponer de ascensor, por poner un ejemplo. Tal como hemos denunciado desde Cocemfe con la campaña Arrestópolis.

¿Y qué queda por hacer? Pues para avanzar positivamente en la aplicación de esta legislación, es necesario sensibilización e impulsar un cambio cultural basado en el paradigma del diseño universal, que dirija sus acciones al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para todas las personas, sin necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. Este sería un gran paso.

P.: ¿Piensan que a veces los esfuerzos para hacer accesible el entorno se centran sobre todo en las ciudades y no en los pequeños municipios, donde muchas personas mayores viven?

R.: Efectivamente, en general, los indicadores socioeconómicos y los de accesibilidad en las zonas rurales se sitúan por debajo de la media y, por tanto, las personas mayores no sólo deben enfrentarse a las dificultades inherentes a su edad sino a algunas propias del medio.

Por tanto, pensamos que el proceso de envejecimiento en el medio rural requiere de políticas que permitan un desarrollo sostenible y equilibrado, que evite el aislamiento y la dependencia y que proporcione recursos para su bienestar y calidad de vida porque, en muchos de nuestros pueblos, la mayoría de las personas que quedan son mayores y esto, a su vez, tiene que ver con otro problema que es el de la despoblación. En definitiva, es necesario poner en marcha medidas que acaben con este círculo y que garanticen la atención, servicios, medios y recursos a las personas mayores.

P.: ¿Cuál sería la primera medida que exigirían al nuevo gobierno, si se acaba formando en septiembre, en favor de los derechos de las personas con discapacidad?

R.: En el corto plazo y en el contexto del congreso sobre el derecho a la autonomía personal, el ejecutivo debería acordar, con el conjunto de las partes implicadas, un modelo sobre la figura de la “asistencia personal”.

Si tenemos en cuenta otros cambios de gran calado y más repercusión pública, la primera medida sería afrontar una serie de cambios legislativos para garantizar “la accesibilidad universal a la vivienda y a los servicios públicos”. Esto quiere decir, modificar la ley de propiedad horizontal, reservar por ley un porcentaje determinado del presupuesto de inversiones en infraestructuras para rehabilitar las obras y servicios no accesibles, garantizar los plazos para la realización de planes de accesibilidad en pueblos y ciudades, etc.

P.: ¿Y cuáles serían el resto de tareas pendientes?

R.: Hemos avanzado mucho en los últimos años, esto es innegable, pero aún queda tarea por hacer. En nuestro congreso hemos planteado 4 ejes de trabajo precisamente para vehicular estas carencias: el derecho a la autonomía personal para que no haya discriminación, evitar la sobreprotección y favorecer la autonomía y la vida independiente. En segundo lugar, y dado que nuestra vida se desarrolla en pueblos y ciudades, es necesario un gran esfuerzo para conseguir que sean espacios de convivencia accesibles y amigables.

En tercer lugar, hemos de avanzar de las TIC a las TEP, es decir, pasar de las tecnologías de la información a las del empoderamiento y la participación. Y para acabar, pensamos que podemos conseguir nuevas y mejores dosis de bienestar si somos capaces de utilizar los datos colectivos para el bien común.

De otra parte, el reto más importante es conseguir fijar un punto de inflexión, para influir en un verdadero cambio cultural, que debe ir dando sus frutos de manera progresiva. A la finalización del congreso, tenemos previsto constituir un grupo de expertos entorno al Observatorio de la Autonomía Personal, para “monitorizar” el grado de cumplimiento del marco normativo en sus diferentes ámbitos y ejercer la incidencia política correspondiente.

P.: ¿Cree que estamos cerca de que se cumpla la Ley de Dependencia?

R.: La mal llamada Ley de Dependencia como decía antes se ha desarrollado a medias. La parte relativa a la autonomía personal se ha esbozado tímidamente y aún quedan muchas situaciones injustas que resolver, muchas personas con dependencia y familias por atender, por tanto, hasta que no se haya avanzado más no creo que debamos hablar de cumplimiento.

En este sentido, pensamos que es imprescindible que los diferentes niveles de la Administración trabajen colaborativamente (local, autonómico y general del Estado).

Por nuestra parte, entendemos que es necesario también repensar el modelo y trabajar proactivamente para favorecer “alargar” la autonomía personal y, en consecuencia, aminorar los años de institucionalización de la persona con dependencia, pero esta es una tarea que nos atañe a todas las personas puesto que la salud es una responsabilidad individual y colectiva. A más salud, más autonomía personal y, para ello, es necesario un compromiso personal más riguroso con los hábitos de vida.