Primera macrodenuncia ante la Fiscalía por las muertes de mayores en residencias durante el Covid

Las asociaciones Marea de residencias y 7291: Verdad y justicia, que representan a más de un centenar de familiares de usuarios que fallecieron en pandemia, han presentado conjuntamente este jueves una denuncia ante la Fiscalía Superior de Justicia de Madrid por la "discriminación sufrida" durante el Covid-19, en la que 7.291 residentes murieron sin ser derivados a un hospital en la Comunidad de Madrid.

La denuncia se dirige contra 29 personas, entre las que figuran "altos cargos del Gobierno": los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Madrid durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, que fueron "el firmante y el autor" de los protocolos que impidieron el traslado de los residentes a los hospitales; contra Pablo Busca, director del SUMA 112 en aquel momento; contra Antonio Burgueño, autor del plan de choque contra la pandemia; y contra los geriatras responsables de aplicar el protocolo en los 25 hospitales públicos madrileños, según han especificado la portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, y la presidenta de 7291: Verdad y justicia, María Jesús Valero, en una rueda de prensa.

La denuncia ha sido presentada por 108 familiares de 115 residentes que vivían en 72 residencias distintas de la región y en ella se aporta "documentación inédita" como "informes internos del Gobierno en los que se reflejaba la situación en la que estaban los geriátricos", según han explicado López y Valero. También se incluye en el documento que "la decisión de prohibir el traslado de los residentes a los hospitales se empezó a aplicar el 13 de marzo de 2020, cinco días antes de la aprobación del conocido como 'protocolo de la vergüenza'".

Las representantes de las asociaciones han detallado que se ha cometido "al menos un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios", recogido en el artículo 511 del Código Penal, en el que se explicita que "incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad".

En el peor momento de la pandemia, las residencias tuvieron que realizar un triaje que impidió que la mayoría de los mayores fueran atendidos en hospitales.

PedIrán una reunión con el fiscal general y con el ministro

Valero ha manifestado que van a seguir estudiando más vías para protestar por "la discriminación que sufrieron por dependencia y por vivir en residencias públicas". "No tuvieron la misma oportunidad que cuando vivía cada uno en su domicilio", ha concretado, y ha añadido que pedirán una reunión con el Fiscal General del Estado y con el ministro de Justicia para "aportarles la denuncia". Además, ha mostrado su "preocupación" ante la posibilidad de que las actuaciones de 2020 prescriban el próximo mes de marzo "sin haber sido investigadas".

Ambas representantes han pedido a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que "investigue y judicialice las causas". "Queremos que recopile el resto de documentos, puesto que se enviaban diariamente de una consejería a otra, y que los recupere todos y que investigue, que al final es su labor, no la nuestra", han protestado.

La denuncia presentada este jueves se suma a otras vías legales mediante las cuales las asociaciones siguen reivindicando "que se haga justicia", como las querellas presentadas o la petición al Europarlamento para que se estudien las muertes en residencias.

Tampoco es la primera actuación frente a la Fiscalía. El pasado 3 de abril, la Comisión Ciudadana por la verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid registró un informe sobre lo ocurrido en las residencias en los meses de marzo y abril de 2020, en el que se sostiene que, de haberse derivado a los ancianos de las residencias madrileñas a centros hospitalarios, podrían haberse salvado "más de 4.000 vidas" de los 7.291 muertos contabilizados en las mismas durante la primera ola de la pandemia. El informe se hizo público el 15 de marzo.

Por ahora, ya hay 25 procedimientos cerrados por el fallecimiento de ancianos por Covid en residencias públicas de la Comunidad de Madrid al no acreditarse la comisión de delito alguno en relación a los protocolos de derivación de pacientes a hospitales en la primera ola de la pandemia.