La Primera sentencia del Tribunal de Orden Público franquista: cárcel por gritar "Me cago en Franco"

El tristemente célebre Tribunal de Orden Público, también conocido como TOP, fue una instancia judicial especial creada durante el franquismo con la misión de reprimir lo que el régimen de Francisco Franco consideraba como delitos políticos que hasta su creación en diciembre de 1967 eran competencia de la jurisdicción militar de la dictadura a la que complementó porque los delitos políticos más graves como el terrorismo continuaron siendo enjuiciados por los tribunales militares de la dictadura.

Instalado en el Palacio de las Salesas, antiguo convento, colegio de señoritas y sede del Tribunal Supremo, el TOP fue un intento de lavar la imagen del franquismo en el exterior cuando el dictador presentó la candidatura española para su ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea después de que una Comisión Internacional de Juristas hubiese denunciado la total ausencia de un estado de derecho y de libertades en nuestro país.

Blanquear la imagen de la dictadura

Pero no solo se intentaba blanquear la imagen de la dictadura ente el mundo democrático robando parte del protagonismo que tenían en la vida pública española los militares y sus constantes consejos de guerra 28 años después de que ésta hubiese terminado sino también, se decía en el estatuto de su creación, "hacer frente de forma más eficaz a la creciente conflictividad social y política creada por los nuevos movimientos de masas y por la reconstrucción de la oposición antifranquista". 

Nació con la Ley 154/1963 sobre creación del Juzgado y Tribunales de Orden Público tras el fusilamiento del comunista Julián Grimau para perseguir "aquellos delitos cometidos en todo el territorio nacional, cuya singularidad sea subvertir, con mayor o menor gravedad, los principios básicos del Estado o sembrar la zozobra en la conciencia nacional".

Esos delitos a los que se refería la declaración de intenciones de la Ley eran los que iban en contra el jefe del Estado, las Cortes o el Consejo de Ministros en forma de asociación ilícita, propaganda ilegal, reunión ilegal, manifestación ilegal o desórdenes públicos.

No fue suprimido hasta el mes de enero de 1977, más de un año después de la muerte de Franco, y durante esos 14 años de existencia incoó 22.660 expedientes, dictó 3.884 sentencias, el 74% de ellas condenatorias, y condenó a nada menos que 50.714 españoles a penas de 11.958 años de prisión.

EL TOP también asumió algunas de las funciones del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, de hecho, acciones judiciales como el 'Proceso 1001' en el año 1972 contra la cúpula de los dirigentes de CCOO y que se saldó con la condena a prisión de toda la dirección del sindicato correspondieron al TOP.

De hecho, el juicio con mayor número de procesados fue contra 40 mineros asturianos, y los inculpados con más sentencias del TOP fueron el minero Nicolás Corte y los fundadores de CCOO Eduardo Saborido y Marcelino Camacho puesto que en el citado 'Proceso 1001' condenó a prisión toda la cúpula del sindicato. Los también conocidos como 'los diez de Carabanchel' tuvieron condenas de entre 12 y 20 años de cárcel, pero tras la muerte del dictador fueron indultados.

"¡Me cago en Franco!"

Durante el tiempo que estuvo en vigencia el Tribunal se mantuvo la práctica de la tortura puesto que la tristemente famosa Brigada Político Social, policía secreta de Franco en la que militaba el ya desaparecido Juan Antonio González Pacheco, ​más conocido como 'Billy el Niño', continuó encargándose de los delitos competencia del tribunal y el TOP nunca se ocupó de investigar las denuncias de malos tratos o de torturas a los detenidos, como subrayó el abogado Josep Solé Barberá en un escrito de 1977: "Yo no conozco ni un solo sumario en el cual la denuncia de malos tratos se haya admitido como suficiente para que se abriera una investigación sobre unos hechos que podían alterar todo el contenido sumarial y que, de no ser ciertos, era a la autoridad misma a quien le convenía descubrirlo". 

La primera de sus sentencias se dictó el 29 de enero de 1963 contra un albañil, Timoteo Buendía Gómez, que tras haber bebido varias copas en un bar de la capital de España, al ver en una tienda de electrodomésticos un televisor con la imagen del Caudillo gritó ante el resto de clientes del local: "¡Me cago en Franco!". Fue condenado a un año de cárcel por un delito "injurias graves contra el Jefe de Estado".

Así lo refiere el malagueño abogado laboralista y magistrado hasta su jubilación Juan José del Águila, que hoy cuenta con 78 años y que en 2001 publicó El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), un texto fundamental para entender aquella tremenda institución franquista que ha sido reeditado en 2021 y que es el fruto de casi dos décadas de investigación, experiencias personales y transformaciones sociales, que han desembocado en un informe fiable y verificado de los años de vigencia de este órgano de ejecución de la represión política en España.

En este libro Juan José del Águila desmenuza el perfil sociológico de quienes fueron víctimas de la presunta justicia impartida por el TOP. Siete de cada 10 españoles que pasaron por el infame Tribunal pertenecían a la clase obrera. También estuvieron en su punto de mira fueron estudiantes y nacionalistas, fundamentalmente vascos tal y como destaca la periodista Alejandra Acosta en un reportaje publicado en la web Madrid Sindical.

Violación sistemática de los derechos humanos

Como el propio Juan José del Águila explica, el TOP "fue el último de los muchos tribunales especiales represivos. Sus condenas se basaban fundamentalmente en los atestados  policiales de la brigada político social, con declaraciones obtenidas en la mayoría de las ocasiones con torturas y malos tratos".

Es el Magistrado quien relata que en febrero de 1962 él mismo fue sometido a un Consejo de Guerra en Algeciras junto a su padre, "por unas supuestas alteraciones de orden público, ocurridas en verano de 1961 en un boicot ciudadano por el aumento de los precios de los cines de verano siendo absuelto y condenado mi padre a dos meses y un día de arresto"

El documentado estudio que Del Águila -sostiene Alejandra Acosta- despeja cualquier duda e intento de relativizar la feroz persecución que la dictadura franquista sometió a todo tipo de disidencia durante una de las etapas más oscuras y silenciadas de la reciente historia de España. Se trata de un trabajo que saca a la luz las farsas judiciales montadas únicamente para simular de cara al exterior apariencia de Estado de Derecho en un país en el que se violaban sistemáticamente los derechos humanos más elementales.

Acta de defunción

La última sentencia que dictó el TOP fue contra un impresor, Francisco Meseguer Villordo, detenido en Barcelona y juzgado por tener en su poder un revólver. Aquella sentencia se dictó el 20 de diciembre de 1976, 15 días antes de suprimirse el Tribunal, y condenó al acusado a cuatro años y dos meses de prisión. 

El acta de defunción del siniestro TOP llegó en forma de un Decreto Ley aprobado por el gobierno de Adolfo Suárez el 4 de enero de 1977 a instancia del entonces Ministro de Justicia y posteriormente presidente del Congreso de los Diputados Landelino Lavilla.

Al mismo tiempo que se suprimía el TOP se creaba a Audiencia Nacional con el fin de que se encargase de asumir los delitos que abarcaban el territorio de más de una Audiencia Provincial y cuyo fuero objetivo había sido atribuido al Tribunal de Orden Público.

Por ello, algunos autores como el historiador Julio Gil Pecharromán consideran que el TOP fue "sustituido por una Audiencia Nacional para juzgar delitos de terrorismo y otros de ámbito estatal", algo que niegan juristas como Carlos García Valdés al ser los delitos atribuidos a la Audiencia Nacional ajenos al ejercicio de los derechos fundamentales. No obstante, diez de los dieciséis jueces que tuvieron una plaza titular en el Tribunal de Orden Público fueron nombrados posteriormente magistrados de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo.

En 1997, veinte años después de su supresión, una ley declaró al TOP "ilegítimo" y a las sentencias que dictó "injustas".