La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado una ley contra el fraude fiscal en la que se prohíbe, entre otras cosas, la limitación del uso del efectivo a mil euros cuando una de las partes sea empresario o profesional, la prohibición de amnistías fiscales y el endurecimiento del régimen fiscal de las sicav.
La ley se aprobó por mayoría, a excepción de PP y Vox que votaron en contra, por lo que pasa directamente al Senado para que se continúe con la trmaitación parlamentaria.
El proyecto de ley entró en el Congreso hace siete meses, aunque el Consejo de Ministros ya aprobó la norma a finales de 2018, pero no se tramitó por la convocatoria de elecciones anticipadas.
De las enmiendas introducidas destaca la limitación a un máximo de mil euros de los pagos a empresas y profesionales, cuando en el texto original se limitaba a operaciones entre empresarios.
Inspecciones de la Agencia Tributaria
También se ha aclarado una cuestión relativa al procedimiento para las inspecciones de la Agencia Tributaria en el domicilio de un contribuyente, para que cuando sea necesario llevarlas a cabo, la Agencia tendrá que obtener el consentimiento del obligado tributario o una autorización judicial.
Esta solicitud deberá estar justificada e incluir su finalidad, necesidad y proporcionalidad, especificando los impuestos y periodos a los que se refiere la investigación. Esto se ha incluido después de que el Tribunal Supremo cuestionara que se pudiera dar una autorización judicial a un registro por «una corazonada» basada en que un contribuyente tributa por debajo de la media del sector.
Más control en las sociedades de inversión
También se ha reforzado el control de las sociedad de inversión de capital variable (sicav) para garantizar que realmente son sociedades colectivas. Esto hace que el régimen favorable fiscal de las sicav estará vinculado no solo a que haya al menos cien socios, y a que cada uno de ellos tenga acciones por valor de al menos 2.500 euros (12.500 euros en el caso de una sociedad por compartimentos), lo que evita que el cupo se complete con los socios con participaciones irrelevantes.
Además, se establece un gravamen especial sobre el beneficio no distribuido de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) del 15 %, con el objetivo de dar mayor dinamismo a las inversiones.
