Pedro Sánchez tiene deberes pendientes para el próximo año 2022. La promesa del líder del Ejecutivo de reformar el Código Penal para prohibir los referéndums ilegales, hecha en campaña electoral y la posterior promesa de reformar el delito de sedición para rebajar las penas han quedado aparcadas por el momento a pesar de que solo se ha alcanzado el ecuador de la Legislatura y aún faltan dos años para las próximas generales, si se celebran cuando tocan.
A estas se unen otras como la promesa de Sánchez en campaña de modificar la Ley Audiovisual para que los Consejos de Administración de medios públicos de comunicación fueran elegidos por dos tercios de los respectivos parlamentos. Además, la falta de consenso parlamentario tampoco ha posibilitado otros cambios como la modificación de la Constitución para suprimir el término "disminuido" en el artículo 49 de la Carta Magna para las personas con discapacidad.
El presidente del Gobierno prometió el 4 de noviembre, durante un debate electoral, que iba a reformar el Código Penal para prohibir "de una vez por todas" los referéndums ilegales y evitar que se volviera a producir otro referéndum como el del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Ello estaría enmarcado en una serie de medidas que, según dijo, irían encaminadas a resolver la crisis de convivencia en Cataluña.
La promesa, como tal, no fue reflejada en el programa electoral del PSOE, en el que se limitaba a advertir que en el modelo de Estado no tenía "cabida un referéndum de autodeterminación, que el Tribunal Constitucional (TC) ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad".
Sin embargo, esta promesa quedó relegada el 20 de enero de 2020 cuando, tras tomar posesión, Pedro Sánchez manifestó en una entrevista en TVE su intención de reformar el delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes del 'procés', posteriormente indultados por el Gobierno.
Sin embargo, el propio presidente del Gobierno congeló esta posibilidad de reformar el delito de sedición en junio de este año al asegurar que, aunque la voluntad del Gobierno es hacerlo, pero lamentando no contar por el momento con los apoyos necesarios en el Parlamento para llevarlo a cabo.
Promesas de campaña
Durante aquel debate de noviembre de 2019, Pedro Sánchez prometió también "construir concordia desde la educación" aprobando una asignatura para todo el territorio español en valores civiles, constitucionales y éticos, algo que incluye la reforma educativa.
No obstante, la tercera promesa de aquel día, la de modificar la Ley Audiovisual para que los consejos de administración de los entes públicos de medios de comunicación sean aprobados por dos terceras partes de los Parlamentos autonómicos no se ha hecho aún efectiva. Al menos, no está de momento en el proyecto de reforma de la Ley Audiovisual. Esta reforma se hace básicamente para adaptar la legislación a la normativa europea, pero el Gobierno también ha aprovechado para incluir otras cuestiones relativas a RTVE. De todas formas, aún está pendiente de tramitación en el Parlamento, donde podría sufrir modificaciones.
Frenazo a la renovación de la Corona
El 10 de julio de 2020, Pedro Sánchez se manifestaba partidario de suprimir la inviolabilidad del Rey, consagrada en el artículo 56.3 de la Constitución. Lo manifestaba así al hilo de las informaciones sobre el dinero recibido en el extranjero por el Rey emérito Juan Carlos I.
Y en diciembre de ese mismo año, el presidente señalaba que el Rey quería una Monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI y que Felipe VI estaba trabajando entonces en asuntos como "rendición de cuentas" y "renovación" aunque debían ir "paso a paso". "Ya irán conociendo como se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad", señaló Sánchez en aquel momento.
Sin embargo, el pasado 7 de diciembre, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, enfriaba estos planes al señalar que no se ha producido ningún avance en el plan normativo que anunció el Gobierno hace un año con el objetivo de renovar la Corona respecto a su transparencia y ejemplaridad.
Además, dejaba claro que ahora mismo esta no era la prioridad, sino que la hoja de ruta del Gobierno está centrada en la recuperación económica y en cumplir los compromisos con la Unión Europea.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la nevera
Otra de las medidas estrella del Ministerio de Justicia que sigue en la nevera es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), para que el peso de la instrucción la lleven los fiscales.
Tras ser impulsada por el exministro Juan Carlos Campo, con la nueva titular se paralizó después de que se conociera un informe negativo de la Fiscalía. En octubre, el Ejecutivo anunció que creaba un Grupo de Trabajo Interinstitucional que se encargará de revisar el anteproyecto. Así, la única reforma que se ha llevado a cabo de la LECrim ha sido la del artículo 324 para ampliar de seis a 12 meses el plazo tope de las instrucciones de las causas penales.
El Ministerio de Justicia tampoco ha llegado a tiempo este mes de diciembre para trasponer la directiva europea de protección al denunciante, conocida como 'whistleblower'. Si bien anuncian que "solo quedan por cerrar algunos flecos pendientes" y que está previsto que en enero el departamento dirigido por Pilar Llop eleve el texto al Consejo de Ministros.
Precisamente, el refuerzo de la protección del denunciante fue una de las promesas de Pedro Sánchez en el debate de investidura, en el que también anunció la creación de un Plan Nacional contra la Corrupción, reforzando los medios operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con nuevas figuras penales.
No se reforma la Constitución
Otra de las promesas que el Gobierno no va a poder llevar a cabo es la reforma de la Constitución para suprimir el término "disminuido" del artículo 49 de la Carta Magna.
En esta ocasión, el incumplimiento no es atribuible al Ejecutivo, que sí llevó el proyecto al Parlamento, sino al rechazo de PP y Vox a que saliera adelante. Para su aprobación se necesitaba una mayoría reforzada de dos tercios y los partidos de derechas, que lo rechazan, suman más de un tercio del hemiciclo.
