FATEC (Federació d’Associacions de Persones Grans de Catalunya) agrupa a las asociaciones de personas mayores de Cataluña promoviendo actividades y acciones a favor de la promoción de los mayores en la sociedad, y luchando por la defensa de sus derechos ante los poderes públicos, privados. Cuenta con cerca de 600 entidades federadas y adheridas que representan a más de 400.000 personas, y una trayectoria y una presencia social que le ha hecho convertirse en la organización más representativa de la gente mayor de Cataluña.
Como tal, ha emprendido acciones para pedir ayuda y soportea los ayuntamientos de todos los pueblos de Cataluña, para conseguir su implicación en la búsqueda de soluciones que den respuesta a los problemas que sufre este colectivo con respecto a la exclusión financiera, "tanto en la atención que se nos dispensa (limitación de horarios y digitalización del servicio) como por el cierre de sucursales", explican.
Así, desde FATEC han remitido una carta a todos los ayuntamiento de Cataluña, a través de la FMC (Federación de Municipios de Cataluña) y de la ACM (Asociación Catalana de Municipios), donde los diferentes ayuntamientos están Federados o Asociados, para solicitarles lo siguiente, tal y como indican en una nota:
Que se establezca un marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios.
Que todos los bancos tengan un “gestor para la persona mayor” en todas y cada una de las oficinas para que ayude a los mayores con la interacción con el banco.
Complementar los servicios digitales con una buena atención telefónica con un número gratuito.
Instalación de dispensadores de efectivo, más allá de la oficina bancaria, especialmente en los pueblos que se han quedado sin ninguna oficina bancaria (en los ayuntamientos, bibliotecas, centros cívicos, etc.).
Crear programas y actividades para mejorar la formación de las personas mayores en competencias digitales.
Desde estas entidades, se ha recomendado que en los plenos municipales se incluya un "punto en el orden de día para tratar el tema de la brecha digital y su afectación" a las personas mayores en especial, en el que se han aprobado siete acuerdos:
Mostrar la preocupación del correspondiente ayuntamiento por la situación de exclusión financiera en la que se encuentra la gente mayor del país y Cataluña.
Denunciar la gestión realizada por parte de las entidades financieras que, pese a tener beneficios y en algunos casos ayudas del sector público, no han incorporado a la gestión de sus entidades el derecho a la inclusión financiera tanto de personas como de territorios. Esta exclusión es la consecuencia de priorizar los resultados financieros y obviar la responsabilidad social corporativa hacia sus clientes y el territorio en el que viven.
Instar a las diferentes instituciones y administraciones con competencias en el ámbito financiero, a actuar de forma inmediata para revertir la situación impulsando medidas tanto en el ámbito legislativo como en el de la gestión.
Instar al Gobierno del Estado a velar por el cumplimiento por parte de las entidades financieras tanto del Real Decreto Ley 1/2021de protección de los consumidores y usuarios para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, como del Protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la Banca firmado el pasado 21 de febrero. El objetivo es reforzar la atención a las personas mayores, especialmente de forma presencial, ampliar los servicios de caja y adaptar los servicios bancarios a las necesidades de las personas mayores.
Apoyar la iniciativa del Govern de la Generalitat que ha presentado una Proposición de Ley para garantizar el servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera. Esta garantía deberá realizarse, tal y como se describe en el texto de la propuesta, a cargo de las propias entidades financieras de forma voluntaria o a través de la creación de un fondo que tendrán que dotar las propias entidades. En ningún caso, este servicio básico debe estar financiado con dinero público.
Instar a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados que presenten, tramiten y aprueben la Proposición de Ley que impulsa el Govern de la Generalitat.
Comunicar estos acuerdos al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congreso de los Diputados y a FATEC.
Desde FATEC aseguran que ya se han recibido "un centenar de resoluciones en esta línea", en las cuales se especifica si el acuerdo ha llegado por unanimidad, "que son la mayoría", así como los partidos que han votado en contra o se han abstenido.
Propuestas de solución para la brecha digital de los mayores
Tal y como explica la asociación, "los canales de relación de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, Sanidad, Compañías de servicios y Bancos han repercutido negativamente, en muchos casos gravemente, en la ciudadanía y muy especialmente en las personas mayores, la pandemia y la brecha digital lo han agravado". Las consecuencias de este "proceso acelerado" han sido que "un porcentaje muy relevante de ciudadanos tienen problemas en sus relaciones con la administración. No nos estamos refiriendo sólo a personas mayores, el problema es más generalizado y extenso".
"Nuestra Federación está muy satisfecha de la respuesta obtenida y es por ello que también estamos trabajando para denunciar o hacer llegar a la opinión pública que la brecha digital tiene más afectaciones que las que se refiere al mundo financiero", explican, algo que han realizado a través del siguiente manifiesto reivindicativo, que no solo hace referencia a las personas mayores, aunque está especialmente enfocado en ellas, sino que también "se puede generalizar y ser útil para otros colectivos más jóvenes que tienen las mismas dificultades".
Mejora en las aplicaciones, webs o apps que sirven de canal de acceso y comunicación. "Las actuales en gran medida, están diseñadas sin pensar en los usuarios particulares. Tienen toda una serie de opciones para otras funcionalidades, como contratantes, gestores, información interna, personal, que hacen muy complicado elegir qué es lo que realmente necesita el usuario del servicio", explican.
En cuanto a la formación, piden realizar campañas de formación en herramientas y canales de comunicación con Administraciones y compañías de servicios, abiertas a todos los usuarios potenciales y por diversas vías.
Facilitar sistemas de apoyo de fácil acceso, para los casos en que existen dificultades en la utilización de los canales o herramientas, ya sea por problemas de funcionamiento en el propio canal o por dificultades del usuario en su utilización.
La creación de modelos estándar de obligada utilización, por páginas de acceso a aplicaciones por los distintos canales: ordenador, tableta, teléfono, otros. El diseño y contenidos serán realizados de acuerdo en las preferencias de los usuarios, no en función de los requerimientos de los técnicos de sistemas, y se harán en lenguaje “amigable” por los usuarios.
Quitar de las páginas de acceso destinadas a usuarios particulares todas las funcionalidades destinadas a empresarios, gestores, empleados, o funcionalidades internas de servicios.
Unificar y simplificar los procedimientos de identificación de titulares.
"La formación tiene especial relevancia, en todos los ámbitos desde la propia enseñanza reglada, hasta campañas especiales para usuarios que ya han superado la edad de enseñanza reglada. En este caso haremos especial mención al colectivo de Personas Mayores que puede ser el que puede tener más carencias en este campo", añaden.
Respecto a la información y el apoyo, reclaman que todas las páginas de acceso tengan un canal de información y ayuda, fácilmente accesible para los casos de mal funcionamiento de los sistemas bien por problemas técnicos o por dificultades de manipulación por parte de los usuarios.
En el caso de las relaciones con los organismos administrativos, en todos sus niveles, central, autonómica o local, la responsabilidad del desarrollo de las medidas anteriores son de los órganos administrativos correspondientes, afirman; mientras que los servicios que prestan las otras empresas son en su mayoría responsabilidad de las propias administraciones (aguas, limpieza, transporte público, recaudación de impuestos, pago de pensiones y ayudas, etc.). Por tanto, serían las propias administraciones las que deberían asumir la responsabilidad de normalización y formación que hemos referido.
Además de la formación reglada que se realizará en los propios centros educativos, consideran necesario poner en marcha una campaña generalizada de formación en procedimientos de acceso y utilización de webs de servicios.
Y en el caso de las personas mayores, la formación se podría canalizar aprovechando los centros en los que ya se están realizando otras actividades dirigidas a estos colectivos, como centros de mayores, centros cívicos, asociaciones culturales y ONGs. "Los recursos necesarios deben ser provistos por las propias administraciones, empresas de prestación de servicios y fondos europeos que ya vienen destinados para estas finalidades de desarrollo digital", indican.
Sobre el autor:
María Bonillo
María Bonillo es licenciada en Comunicación Audiovisual y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Escribe principalmente sobre temas de sociedad. También tiene experiencia en comunicación corporativa de empresas como OmnicomPRGroup y Pentación Espectáculos.