Un protocolo LGTBI para las residencias sin contar con los mayores: "Somos meros espectadores"

La Comunidad Valenciana, a través de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha publicado el ‘Protocolo de Atención a la Diversidad LGTBI en centros y servicios de personas mayores en la Comunitat Valenciana’ para mejorar la atención a la diversidad.

Aitana Mas, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha presentado este documento que tiene como objetivo “visibilizar, abordar y prevenir cualquier tipo de discriminación o maltrato por razón de la libertad y la diversidad de las personas mayores usuarias de este tipo de centros y servicios y evitar, así, la revictimización institucional”, destaca Más, en una nota de prensa. 

A priori, este protocolo puede parecer una buena noticia para los mayores que forman parte del colectivo LGTBI, y lo sería si se hubiera contado con ellos para la elaboración: “Está hecho sin consultar a las personas mayores. Lo han redactado personas obligadas por ley, porque si no es por eso, no se pone en marcha, y se sigue con la misma dinámica: los protagonistas, que son los mayores, no se les pide su opinión para ver qué piensan. Simplemente, se ha redactado un protocolo sin trabajar la inclusión”, lamenta Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre.

“Para que no tengas discriminación habrá que hacer algo, habrá que formar y favorecer que caminemos a una sociedad inclusiva”, opina Armenteros. Para él, este protocolo se asemeja mucho al que hay en los colegios para evitar el bullying. “Es como poner parches”, asegura.

 

Aitana Mas

 

Aun así, la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas cree que este protocolo servirá para garantizar que los mayores pertenecen al colectivo puedan “vivir su identidad y sexualidad en libertad a lo largo de toda la vida, incluido su paso por centros y servicios de personas mayores”. Y evitar así "que a los problemas recurrentes de las personas mayores, como la soledad y el aislamiento, se unan cuestiones de discriminación o aceptación social”.

El documento incluye el procedimiento a seguir en caso de discriminación o maltrato por razón de libertad y diversidad afectiva y sexual, identidad sexual o expresión de género de las personas usuarias. 

"Es como un papel más. No va a hacer ningún efecto porque se ha hecho sin contar con las asociaciones de mayores, no solo con las LGTBI, para que veamos qué es lo que está pasando en las residencias, y hacernos partícipes, no solo meros espectadores", lamenta el presidente de la Fundación 26 de Diciembre. 

Armenteros recuerda que también en Andalucía cuentan con una ley parecida: "Van haciendo protocolos por si pasa algo, poder decir, 'oye, que hemos hecho'. Pero de ahí a que sea eficaz, cuando son protocolos que se hacen sin los mayores, porque repito, no nos llaman para aportar, y eso hace que nos encontremos con mayores 'armarizados' en las residencias, porque por mucho que digan que hay un protocolo, no se lo van a explicar. El protocolo lo tendrá el equipo directivo y quedará en el cajón por si acaso pasa algo", sentencia Armenteros.

"Los mayores LGTBI no se creen con derechos"

El desconocimiento de los mayores LGTBI de los recursos de los que disponen es enorme, ya que según el informe “Mayores LGTBI: Historia, lucha y memoria” elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, solo un 4 % de mayores LGTBI hace uso de recursos públicos sociales, en comparación con el 46 % de la población mayor general.

Para Mas, esta cifra evidencia que el envejecimiento para las personas del colectivo “es un desafío todavía mayor que para el resto", y por eso los poderes públicos deben garantizar  “la inclusión de la diversidad en las políticas públicas relacionadas con la vejez”.

Sobre estos datos, también se ha pronunciado Armenteros: "Los mayores LGTBI no se creen con derechos porque nadie se ha preocupado por empoderarles y enseñarles, y por eso siguen teniendo miedo a pedir, por ejemplo, la ayuda a domicilio o la dependencia", lamenta.

De hecho, el presidente asegura que muchos de los mayores del colectivo no cuentan con la pensión contributiva porque les preocupa "que les vuelvan a discriminar". 

"El 4% representa a los mayores a los que nos les queda más remedio que ir, porque, o mueren o entran en una residencia, algunos en contra de su voluntad", asegura el presidente de la asociación 26 de Diciembre.

"Es una cuestión de inacción de la propia Administración, porque ellos tienen todos los datos. Entonces, ¿por qué no hay un trabajo de prevención? ¿Por qué no se trabaja con las asociaciones más cercanas? Nosotros nos tenemos esa información y, por lo tanto, no podemos ayudar, a menos que nos lo diga una vecina. Y esos datos los tienen los ayuntamientos", denuncia Armenteros.

"Estamos hartos de seguir siendo invisibles, de que no se nos pregunte. Igual que nos preguntan el nombre y la edad, necesitamos que nos pregunten nuestra orientación sexual porque hasta que no haya datos reales, no se podrá intervenir. Para mí es una excusa. No puedes decir que son datos protegidos porque, ¿de qué nos van a proteger?", se pregunta el presidente. Está claro que el primer paso para ayudar a los mayores del colectivo es escucharlos, y empezar a hacerlos visibles.