Falta de plazas y de personal e insuficientes inspecciones: los puntos negros de las residencias

El Defensor del Pueblo decidió realizar, en 2017, un estudio a nivel nacional sobre el estado de las residencias de mayores, tras recibir un cierto número de quejas que alertaban sobre las deficiencias en el servicio que se estaba prestando. Para ello, se puso en contacto con las distintas administraciones autonómicas, depositarias de esta competencia, y requirió tener acceso a información sobre los ratios de trabajadores, el número de inspecciones, protocolos, reglamentos y demás datos relacionados con el funcionamiento de estos centros. 

De esta manera, tras dos años de estudio, y a la espera de recabar la información aportada por Galicia, Andalucía y Canarias (que la entregó este año), el Defensor ha decidido incluir varias de sus conclusiones sobre lo analizado hasta el momento en su Informe Anual de 2018.

En primer lugar, algo que destaca, antes de centrarse en las deficiencias del sistema, es que existe una gran "dispersión normativa", por lo que los requisitos de calidad varían según la Comunidad. Y, además, entiende que "es preciso que las administraciones competentes mejoren los mecanismos de recopilación de datos, de forma que se pueda contar con estadísticas fiables y actualizadas". 

Faltan plazas y personal

No obstante, aunque resulta difícil hacer mediciones a nivel estatal por la falta de criterios comunes, sí que han sido capaces de encontrar y denunciar ciertas deficiencias comunes en la mayoría de residencias de toda España. La primera de ellas es la "insuficiencia de plazas públicas y concertadas​" para atender a las personas derivadas a los centros por la Ley de Dependencia. Y es que el Defensor ha constatado que "en todas las comunidades existe lista de espera" y que "es la cuestión que se plantea con mayor frecuencia en las quejas" a este organismo. 

El segundo problema al que hace referencia el informe es la falta de personal: el organismo recomienda que se estudien y revisen "las ratios porque hay razones para pensar que no son ya suficientes". Del mismo modo, el Defensor entiende que debería distinguirse, a la hora de calcular cuántos profesionales trabajan en una residencia, entre gerocultores/auxiliares y el resto del personal, para que no se vaya "en detrimento de la atención a las necesidades en materia de actividades básicas de la vida diaria".

Por otro lado, también hacen referencia a la formación y recomiendan "que las administraciones se impliquen en garantizar que dicho personal responde a la cualificación necesaria para el desarrollo de sus funciones". 

Más inspecciones

En cuanto a los mecanismos de control de calidad en las residencias, el informe recomienda que "las comunidades, que aún no cuentan con unos servicios de inspección suficientemente dotados y formados, hagan un esfuerzo para poder llevar a cabo su función". "Es recomendable que se aprueben planes periódicos de inspección con indicadores sobre calidad, trato inadecuado y buenas prácticas", sugiere el documento. 

Según el Defensor, sólo Cataluña, La Rioja, la Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco realizan inspecciones periódicas (anuales). El resto sólo las hacen "cuando los centros inician su puesta en funcionamiento" o "cuando reciben quejas o denuncias de carácter asistencial de cierta relevancia".

Además, en relación al maltrato y a las buenas prácticas, los indicadores utilizados en la mayoría de los casos son "muy genéricos". "Es necesario que los servicios de inspección incorporen evaluaciones con estándares de calidad y de detección y sospecha de trato inadecuado", aconseja el informe.

Limitar los ingresos no voluntarios 

Para prevenir que se interne a los mayores con algún tipo de deterioro cognitivo sin su consentimiento, el Defensor del Pueblo propone que se apruebe una Ley "que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental" en las que las personas de más edad deben entrar en centros residenciales. 

Así, además de una legislación más garantista, "ágil" y dotada de "medios suficientes", se debe de velar porque en los casos en los que se interne a un mayor sea bajo la supervisión de la justicia y que siempre se garanticen sus derechos. 

Poner fin a las sujeciones

En relación con las sujeciones, el texto señala que "el marco legal estatal ha de recoger el objetivo de minimización de éstas y ofrecer certidumbre para los supuestos excepcionales y puntuales en que tales medidas puedan resultar imprescindibles". Según el documento, la utilización se deberá hacer "siempre con prescripción facultativa" y contar con consentimiento, salvo en graves casos "de riesgo" (en este supuesto, si se prolongan en el tiempo, deberán ser "comunicadas a la autoridad judicial"). 

"Es necesario un compromiso real y efectivo de las administraciones competentes, los centros, los profesionales, los usuarios y los familiares para lograr una atención libre de sujeciones", añade el texto. 

Las Comunidades aseguran haber tomado nota

Algunas administraciones han informado que están trabajando para modificar la normativa en materia de autorización y otras ya han aprobado planes estratégicos. "Todas las consultadas manifiestan su preocupación por incrementar las buenas prácticas [...] y la mayoría coinciden en la necesidad de la implantación progresiva de un modelo de atención centrado en la persona y la ética en los cuidados", asegura el informe del Defensor del Pueblo.