Covid: Las residencias de mayores afrontan la segunda ola con menos personal que en la primera

Tras una primera ola de la pandemia que se ha llevado la vida de más de 19.000 mayores que vivían en residencias, tanto el Gobierno como las Comunidades y los propios centros han decidido blindar las residencias y aplicar estrictos protocolos para que la tragedia no se vuelva a repetir. Sin embargo, aunque actualmente se cuenta con equipos de protección suficientes y, por ahora, hay acceso a test, muchos centros siguen viéndose en una situación precaria de cara a esta segunda oleada de contagios –en la que ya han perdido la vida más de 400 residentes–.

La principal razón, según aseguran geriatras, sindicatos y patronales, tiene que ver con que las residencias siguen sin contar con los trabajadores necesarios para afrontar un brote y que todavía no se cuenta con una buena coordinación con el sistema de salud, algo imprescindible a la hora de tratar a los residentes.  

Así, aunque sobre el papel las administraciones se han puesto de acuerdo en un Plan de Respuesta Temprana que incluye un compromiso para que se cumplan medidas como el aumento de personal, la coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales o que cada centro cuente con planes de contingencia, en la práctica, la mayoría de comunidades no han sido capaces de controlar que esto se realice en todos los casos. 

Bajas y falta de personal, una amenaza para la segunda ola

"Venimos tiempo exigiendo una modificación de las ratios y el consiguiente desarrollo de la Ley de Dependencia. Por ambas cuestiones, hemos asistido a un desastre generalizado en el sector con la pandemia. Además, durante todo este tiempo hemos detectado que cerca del 5% de la plantilla, que tenía la edad y los requisitos para ello, han adelantado la jubilación. También se han disparado las bajas por depresión, ansiedad y por problemas de sobrecarga de trabajo. Y, en tercer lugar, hay cada vez más personas que están en cuarentena o baja por COVID. Por ello, con esta situación, nos encontramos con que no se pueden reponer las plantillas", asegura a 65Ymás la responsable de Negociación Colectiva de FSS-CCOO (@CCOO), María Victoria Gómez. 

"Por otra parte –añade Gómez– se ha producido una salida de las enfermeras de residencias. Entre el 15 y 30% han abandonado el sector, según datos que manejamos en el sindicato. Muchas han pedido excedencias para ir a hospitales públicos. Y es algo que también afecta a las auxiliares, cerca del 10 y el 20% se han ido". 

También la patronal es consciente de esta carencia de profesionales. "Vemos que hay una escasez importante de profesionales de enfermería en el sector sociosanitario. Somos conscientes de que incluso a los centros sanitarios públicos les cuesta cada vez más encontrar este perfil de profesionales. Por ello, desde AESTE hemos solicitado a la Secretaría de Estado y a la Mesa de Diálogo Social la revisión de numerus clausus con los Colegios Profesionales, y la realización de un análisis de necesidades para los próximos años de cara a incrementar el número de profesionales de enfermería", opina el secretario general de la patronal AESTE (@AESTE_oficial), Jesús Cubero.

“Somos trabajadores esenciales y como tal necesitamos los recursos suficientes y tener los mismos derechos y recursos que profesionales del sector sanitario porque si nosotros fallamos, falla el sistema básico de Derechos de atención a las personas”, explica Cinta Pascual, presidenta de la patronal de residencias CEAPs (@cea_ps) por su parte.

Una coordinación sociosanitaria muy limitada

Otro de los aspectos que no se han conseguido solucionar por ahora es que se logre una total coordinación sociosanitaria, para que los mayores de las residencias tengan un acceso completo y en igualdad de condiciones a los servicios de la Sanidad Pública. "Es uno de los grandes temas pendientes que tenemos. Hay que crear un nuevo modelo de cohesión sociosanitaria para dar una atención completa a este perfil de población. No se trata de integrar las estructuras de Sanidad y Servicios Sociales, sino de generar un modelo de valoración común y que podamos tener un sistema de acceso único. Es decir que, entres por un Ayuntamiento o por el Sistema de Salud, te hagan una valoración y un plan de atención y cuidados", señala el presidente de la Alianza Científico Profesional para el Estado de Bienestar , Alfredo Bohorquez. 

"Hay que integrar la atención. Y hay que trabajar sobre este modelo desde un liderazgo del propio Estado. No tiene sentido tener 17 modelos cuando hablamos de evidencias científicas. Independientemente de que haya dos consejeros, ese no es problema. La cuestión es que se sepa qué recursos hay, a qué tipo de población atienden, qué categoría de recursos son, qué indicadores tenemos de cómo están funcionando y que se categoricen las residencias", apunta Bohorquez, que también es secretario general de la SEGG (@seggeriatria). 

Con todo, algunas empresas, como las englobadas dentro de la patronal AESTE, apuestan por ofrecer ellas mismas estos servicios sanitarios, sobre todo los que tienen que ver con atención primaria, por lo que este debate sigue abierto. "Optamos por ofrecer esas plazas, donde se le pueda ofrecer este servicio dentro de los propios centros", apunta el secretario general de AESTE, Jesús Cubero. 

El problema de los asintomáticos

Otro problema que no se ha logrado solucionar y sobre el cual el geriatra del Hospital de Getafe, Leocadio Rodríguez, pone el foco es que no se tiene en cuenta que, en la mayoría de residencias, los casos son asintomáticos durante muchos días, algo, que no se plasma lo suficiente, en su opinión, en los protocolos y en las estrategias de sectorización de los centros. 

"En el 80% de los casos, los residentes no tienen síntomas o están 8 o 9 días sin ellos desde la infección. Si uno establece su estrategia respecto a la aparición de síntomas, se acaban infectando la mayoría de compañeros de residencias. Por ello, hace falta una estrategia de detección precoz con el fin de aislar los casos y que no se disemine el virus", explica.

Madrid, foco de la pandemia, vuelve a preocupar

Por otro lado, si se analiza comunidad por comunidad, una de las que más preocupan actualmente, junto a Aragón y otras comunidades con alta incidencia, es, de nuevo, Madrid. Y el principal factor por el que preocupan es porque los centros madrileños no deberían estar especialmente afectados, ya que casi el 70% de los residentes podrían haber pasado ya la COVID en marzo, abril y mayo. Aun así, según comentan sindicatos y familiares, se siguen produciendo contagios y, según un estudio realizado por CCOO Madrid en más de 400 residencias, actualmente, habría "61 residentes positivos, 134 aislados, 43 trabajadores contagiados y 84 más en cuarentena". 

"Parece que se ha aprendido, puesto que uno de los fallos fundamentales fue la no clasificación de residentes y la no zonificación de los centros. Ahora, todas deberían tener planes de contingencia donde se establezca todo. Sin embargo, seguimos encontrándonos con el problema de siempre: las residencias están en manos privadas y debemos creernos que los planes se hacen. Todo depende de declaraciones responsables de los directores y la responsabilidad de la Comunidad sigue siendo muy baja", critica el presidente de la asociación de familiares Pladigmare (@pladigmare), Miguel Vázquez. Cabe apuntar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido que se realizarían 90 nuevas inspecciones en residencias. Una medida que, a ojos del representante de los familiares, sería insuficiente para las más de 400 residencias que hay en la región. 

"Además, el personal debería estar preparado para pandemias y tendría que tener una formación específica que no están dando las empresas ni las administraciones", propone Vázquez. Y critica: "Al final, en función de la situación general, siempre pagan los familiares y sus visitas. Y la cuestión es que se pueden garantiizar de forma segura, lo que pasa, es que eso tiene un coste económico". 

Irregularidades con las PCR

Por otro lado, otra denuncia recurrente estos días en las residencias de la región –según el sindicato CCOO de Madrid–, es que no existe un control estricto sobre los PCR que se están haciendo al personal que se va reincorporando al trabajo.

"Nos lo transmiten nuestros delegados en las distintas residencias: les están pidiendo que se incorporen el 27 de septiembre para hacerse el test, cuando tendrían que hacerlo el 30. Luego, les dicen que se vayan al centro de salud a hacerse la prueba y que digan que han estado en contacto con un positivo cuando, por normativa, lo deben pagar las empresas. Está siendo vergonzoso. Y ya lo último es que hay casos a los que les dicen: 'Hazte la PCR y vente a trabajar. Seguro que no da positivo'", denuncia el viceresponsable de Dependencia de CCOO Madrid, Andrés Santana. 

¿Quién paga los test?

Con todo, el debate sobre quién debe hacerse cargo del pago de estos test no está cerrado. "Se dice que hay que seguir el modelo asturiano. Pero todos los sistemas tienen sus pros y contras. Por ejemplo, en ese modelo, pretenden que Salud Pública haga una vez al mes PCR y cobrárnoslo, a razón de 80 euros", critica el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia), Ignacio Fernández-Cid.