Residencias: diferencias entre plaza pública, concertada o prestación vinculada al servicio

El paso de los años trae consigo cambios de todo tipo. Nuestro cuerpo y mente ya no son los mismos y se transforman, lo que implica la aparición de nuevas necesidades.

Además, al igual que no existen dos personas iguales, tampoco hay dos procesos de envejecimiento idénticos. Con el objetivo de tomar las decisiones que más se adecúen al nuestro, es vital tener toda la información sobre las diferentes posibilidades que se abren en esta etapa de la vida.

Huir de la soledad, buscar un entorno adaptado, disponer de un cuidado y apoyo permanente para las tareas cotidianas… Los motivos que pueden impulsar la decisión de solicitar una plaza en una residencia son muchos y variados. También son diversas las situaciones económicas de quienes la solicitan, por lo que no es extraño que existan varios tipos y financiaciones.

Existen en España 6.045 centros residenciales que ofrecen alojamiento, manutención y asistencia durante el día y la noche. De estos, 1.706 son centros de titularidad pública y 4.339 son privados, según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). En cuanto a plazas, 254.358, que suponen un 62,5% del total, son de financiación pública, frente a 152.727 (37,5%) privadas.

Financiación de las plazas y otras prestaciones

Las diferencias entre una plaza privada y una pública parecen bastante sencillas. La primera tiene un coste de mercado y el usuario debe abonarlo en su totalidad, mientras que la segunda se paga un precio público en función de los ingresos y están gestionadas por una entidad pública.

No obstante, a las plazas públicas y privadas se unen las concertadas. En este caso, la gestión es privada, pero la financiación es pública. Por ese motivo, aunque son plazas en centros privados, el usuario abona un precio público que depende de sus ingresos. Tanto para optar a una plaza concertada como a una pública será necesario cumplir una serie de requisitos, como demostrar un grado de dependencia que justifique la necesidad de la plaza.

Según datos del Imserso, una plaza pública en el año 2021 costaba de media en España 18.779,66 euros anuales, de los cuales el usuario pagó 7.832,26 euros (41,7%). En el caso de las concertadas, el coste de todo el año por persona fue de 19.975,15 €, pero el residente solo pagó 8.049,37 euros (40,3%).

No obstante, existe una ayuda que puede solicitarse en el caso de ingresar en una residencia privada sin plaza concertada. Se trata de la prestación vinculada al servicio, que consiste en un ingreso periódico que busca contribuir a financiar los gastos de diferentes servicios de asistencia, como el ingreso en una residencia o la ayuda a domicilio.

Se trata de una opción muy solicitada cuando una persona no puede esperar los dilatados plazos de la adjudicación de una plaza pública. En estos casos, el usuario elige una entidad privada autorizada e inscrita en el registro correspondiente de cada autonomía.

La cuantía de esta prestación varía según el grado de dependencia y la situación económica de cada persona. Según la Comunidad Autónoma de Madrid, estos serían los intervalos que podrían percibirse: