El Gobierno confirma los 20.268 muertos por Covid en residencias y reconoce fallos en la primera ola

El Gobierno insiste en que durante la primera ola de coronavirus murieron 20.268 ancianos en las residencias por Covid, según concluye el informe final presentado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales (@DSocialesGob) a las comunidades autónomas en el pleno del Consejo Interterriotorial. Un dato que equivale al 6% de los residentes y que ha sido revisado por el Imserso (@Imserso) y el grupo de trabajo formado con los agentes sociales, hasta su aprobación el pasado 2 de diciembre. Tal como muestra el documento al que ha tenido acceso 65ymás, la mitad de los fallecidos en residencias con Covid estaba confirmado mediante prueba, análisis serológico, etc. (10.364 fallecimientos), mientras que 9.904 fallecimientos se notificaron como “con síntomas compatibles” con la COVID-19, es decir, sin confirmar. 

"Lo sucedido en los centros de carácter residencial durante la primera oleada posee aún lagunas en el análisis derivadas muchas veces de la falta de datos suficientemente robustos y homogéneos entre territorios", reconoce el documento. Aún así, el Informe final del grupo de trabajo Covid-19 y residencias llevado a cabo entre abril y noviembre para analizar qué había ocurrido en estos centros en el punto más álgido de la pandemia, se atreve a estimar un rango entre el 47% y el 50% de afectación en residencias respecto al total de fallecimientos por la enfermedad COVID-19 en la primera oleada. Justifican no obstante que aún no es posible ofrecer una cifra consistente que relacione el total de fallecidos por la COVID19 en España, con el total de fallecidos en residencias debido a la diversidad de fuentes y criterios en la toma de datos durante la primera ola.

La "tormenta perfecta" de marzo

El documento señala una treintena de factores que desencadenaron en "la tormenta perfecta". Los principales fallos que identifica el informe son la actuación tardía ante la falta de planes de contingencia en un contexto de un patógeno de alta contagio. "Cuando se adoptaron oficialmente medidas de limitación de visitas, salidas, etc. en las residencias (entre el 12 y el 18 de marzo dependiendo de territorios) el patógeno ya se había introducido en muchos centros y especialmente en los territorios en los que la incidencia de la infección era mayor", señala el informe. Y reconoce ahora que la mayor o menor afectación en las residencias ha tenido una relación directa con la incidencia de la infección en el entorno.

También confirma que la COVID-19 presenta peor curso en las personas con edad avanzada y con fragilidad. De hecho, la mayor mortalidad se detectó en personas con grado de dependencia reconocido y dentro del Programa Individual de Atención en centros residenciales, siendo de un 7,6%. Y admite las consecuencias negativas del aislamiento en la salud física, psicológica y cognitiva de los mayores. También destaca que el tamaño, las habitaciones compartidas y la infraestructura de las residencias en España no ayudaron a frenar el virus, a lo que se unió una crisis de material de protección. "A mayor tamaño, más personal, mayor riesgo de entrada del virus y más dificultades para contener los contagios", sentencia el informe. 

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Lecciones aprendidas y nuevas medidas

El informe insiste en la importancia de realizar pruebas periódicas, tanto a los residentes como a los trabajadores, y destaca en este capítulo el papel que pueden desempeñar los test de antígenos. Pide aislar rápidamente los brotes, articular centros intermedios de atención para sacar cuanto antes a los contagiados de las residencias, mejorar la ventilación y la desinfección de las zonas comunes. "Derivar a los afectados por infección de SARS-CoV-2 de las residencias hacia centros de atención intermedios gestionados por el sistema sanitario en colaboración con los servicios sociales y conectados con el ámbito hospitalario es una estrategia que ha mostrado alta eficacia", señala el informe.

También hace hincapié en limitar el aislamiento de los ancianos al tiempo estrictamente necesario porque los efectos de la soledad son muy negativos y hay que ponderar los riesgos que conlleva evitar un contagio. En este sentido, urge a mejorar lo máximo posible las visitas para que sean seguras. Y reclama mejorar la comunicación a los residentes y especialmente a sus familias por la ansiedad que provocó en la primera ola la falta de información sobre lo que estaba con sus mayores.

El edadismo imperante no ayudó

Según el documento de la Secretaría de Asuntos Sociales, "el edadismo​ o discriminación por edad existe tiene efectos negativos en la salud de las personas mayores y en la autopercepción de la persona mayor". El informe reconoce que algunas medidas de desescalada –en el afán protector por evitar rebrotes en residencias pudieron generar desigualdades importantes en función del lugar de residencia entre las personas mayores y personas con discapacidad, impidiendo unas salidas y contactos que eran imprescindibles para recuperarse de los efectos del aislamiento.

En cuanto a la limitación de atención sanitaria, el informe concluye que "no se puede dispensar la asistencia sanitaria sobre criterios de esperanza de vida, ni difuminar la vida de cada persona mayor o con discapacidad en un grupo de iguales homogéneo". Por todas estas razones el documento explicita que es necesaria una Estrategia de consenso nacional para el cuidado relacional y el buen trato de la población residencial durante la pandemia de COVID-19, cuyo primer pilar ha sido el marco común para la aplicación del “Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19” en el ámbito de los centros sociales residenciales aprobado el pasado septiembre.