Los retos de las residencias de mayores y su impacto en el cuidado de una sociedad más envejecida

Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) prevén un notable envejecimiento de la población española en las próximas décadas. En 2050, se estima que el 31,4% de la población tendrá más de 65 años y el 11,6% superará los 80, situando a España entre los países más envejecidos de la Unión Europea.

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha analizado la situación actual del sector de las residencias de mayores, ante el reto de garantizar un sistema de atención sostenible y eficiente. Entre sus conclusiones destacan el papel esencial del sector en la sociedad, su escaso margen de rentabilidad y la importancia de reforzar la colaboración público-privada.

El envejecimiento es un fenómeno no solo estructural, sino biológico, que está redefiniendo las necesidades sociales y económicas. Las residencias de mayores han pasado a ser un pilar del sistema asistencial y de cohesión social: no son solo un recurso médico o habitacional, sino un entorno de vida que combina cuidados, acompañamiento, atención sanitaria, alimentación, movilidad, ocio y contacto humano, 24 horas al día, 7 días a la semana.

Otra de las conclusiones es la limitada rentabilidad del sector. “La viabilidad económica del sector es compleja debido a una estructura de costes elevada y unos márgenes de beneficio extremadamente reducidos”, manifiesta el vicepresidente del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás.

Según datos del propio sector, por cada 100 euros ingresados, solo entre 3 y 4 euros se traducen en beneficio neto. “Este margen del 3% al 4% dificulta la inversión en mejoras e innovación en los servicios”, añade Sánchez Lambás. Aunque sectores como el de la distribución operan con márgenes similares —entre el 2% y el 3%—, lo hacen con volúmenes de facturación mucho mayores. En cambio, otras actividades económicas más rentables, como las grandes empresas cotizadas del IBEX 35, registran márgenes cercanos al 8%, más del doble que el sector de la dependencia. El residente, a medida que evoluciona su estancia, se hace, por razones vitales, más dependiente y menos autónomo, lo que intensifica los costes.

El desglose de costes revela una presión financiera: salarios y seguridad social representan entre el 55% y el 60%; alquileres e infraestructura entre el 10% y el 13%; alimentación entre el 6% y el 8%, garantizando una nutrición adecuada; los gastos energéticos entre el 3% y el 5%, en un contexto de costes crecientes; y las inversiones en mejoras apenas alcanzan un 3%, reflejo de la escasa capacidad de reinversión.

Estos datos evidencian que la rentabilidad del sector es extremadamente limitada y que cualquier incremento de costes, ya sea por inflación, regulaciones más estrictas o que impone en determinadas modelos de asistencia sanitaria, o mayores exigencias de calidad, pone en tensión la sostenibilidad del sistema.

El sector emplea de forma directa a unas 180.000 personas, según el SEPE, de las cuales cerca del 80% son mujeres. Esta actividad tiene un impacto significativo en la recaudación fiscal a través de IRPF, cotizaciones y tributos empresariales, “lo que refuerza su papel creciente en la economía nacional”, señala Sánchez Lambás.

En cuanto a la colaboración pública, España se sitúa un 28% por debajo de la media de las economías avanzadas de la UE en externalización del gasto público, según datos de los que se hace eco el Instituto Coordenadas y publicados por el Instituto de Estudios Económicos.

De acuerdo con un informe de Colliers, España necesita una inversión de más de 2.000 millones de euros en residencias en los próximos tres años para cubrir el déficit actual y proyectado de plazas. Para mantener la tasa de cobertura actual de 4,02 camas por cada 100 habitantes mayores de 65 años en 2030, será necesario desarrollar unas 20.000 nuevas camas, lo que implica construir 68 residencias al año, con una media de 100 camas cada una y una inversión media anual en conjunto de 750 millones de euros.

Para garantizar la sostenibilidad del sistema de atención a mayores, es necesario repensar el modelo de colaboración público-privada. Las experiencias internacionales muestran que la combinación de inversión pública y gestión privada puede mejorar la eficiencia y la calidad del servicio.

Esto implica diseñar esquemas de financiación sostenibles, establecer incentivos a la inversión y asegurar un marco regulatorio estable y previsible para los operadores. “La baja rentabilidad del sector limita la capacidad de mejorar salarios, invertir en infraestructuras y ofrecer una atención más personalizada. De no actuar con decisión, el sistema podría entrar en una crisis estructural, con falta de plazas disponibles y un deterioro progresivo en la calidad asistencial”, advierte Sánchez Lambás.

En este contexto, uno de los grandes retos del sector es avanzar hacia una atención verdaderamente individual, personalizada y profundamente humanizada. Solo compañías con la infraestructura, los recursos y los equipos especializados necesarios pueden desarrollar e implementar modelos propios de Atención Centrada en la Persona (ACP) a gran escala cuya base es la humanización. Humanizar la atención significa adaptar el cuidado a la biografía e historia, necesidades y preferencias de cada persona, mediante proyectos que dignifican el trato, promueven la autonomía y crean entornos acogedores y relacionales. "Mejorar los márgenes del sector y avanzar en la interlocución con las administraciones son claves para evitar esa crisis y afrontar con garantías el reto del envejecimiento en parámetros que aseguren que se trata, en no pocos casos, de la mejor opción para los mayores y sus familias", indica el Instituto Coordenadas.