Así se ordenaba no trasladar a mayores de residencias a hospitales durante el pico del coronavirus

Ya lo denunciaban patronales y familiares hace mes y medio: durante el pico de la pandemia hubo hospitales que no facilitaron ingresos a usuarios de residencias de mayores. Ahora, parece que ha quedado demostrado. Y es que varios medios han sacado a la luz las primeras pruebas escritas de que esto sucedió así, al menos en una región, Castilla y León, y en un hospital en concreto de la Comunidad de Madrid.

En el caso madrileño, El Confidencial ha hecho público un parte de alta de una paciente de menos de 80 años que demuestra que en el Hospital Infanta Cristina de Parla se denegaban ingresos de mayores residentes, al menos durante el pico de la epidemia en España, es decir, a finales de marzo.

"Ante la situación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencias en el hospital", reza el documento que deniega el acceso a una plaza hospitalaria a esta usuaria que, según el texto, presentaba una "neumonía bilateral" y "probable COVID-19". Según cuenta El Confidencial, la mujer murió tres días después en su centro.

Con todo, este parte de alta sólo demuestra que estas decisiones se tomaron en un centro hospitalario concreto de la Comunidad. Sin embargo, según una información del diario Nius, la práctica se habría extendido por toda la región a raíz de la publicación de un protocolo de la Consejería de Sanidad, que fijaba requisitos para la hospitalización de mayores de residencias, como que no tuviesen "dependencia severa o demencia". Algo, que niega la Comunidad de Madrid, que asegura que el texto era sólo un borrador. "No ha habido ninguna instrucción de no atender a pacientes de residencias en hospitales", ha asegurado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

En cuanto al caso de Castilla y León, eldiario.es ha desvelado que también la Junta y, más en concreto, su Consejería de Familia y la Gerencia de Salud, ordenó, desde finales de marzo hasta el 16 de abril, no ingresar a mayores de las residencias.

Así, desde la Junta aseguraban en un documento oficial que se les "atendería sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital". "Se pondrán en marcha todas las medidas necesarias y de soporte para garantizar la atención sanitaria: personal de apoyo de cuidados paliativos, prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, tratamiento antibiótico intravenoso", apunta también el texto.

Tras la publicación del documento, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha garantizado que primó proteger a los mayores con su decisión de no trasladarles a hospitales desde sus residencias al contraer el COVID-19 y ha asegurado en que los centros recibieron atención y tratamientos hospitalarios.

La consejera ha asegurado que se trató de una instrucción conjunta de Servicios Sociales y Sanidad con el objetivo de "proteger a los mayores" y hacer "hospitalización a domicilio". Así, ha defendido que la pretensión era que se hiciera en las residencias lo mismo que en los hospitales "para evitar molestias a los residentes".

Denuncias

Estas publicaciones han generado la reacción de familiares y asociaciones en defensa de los usuarios. Por una parte, la Plataforma Afectados por la Pandemia (@P_Covid19) ha denunciado al hospital de Parla por no atender a mayores residentes durante el pico de contagios.

"La orden de desatención hospitalaria a los ancianos procedentes de residencias, en caso de confirmarse, ha dejado a su suerte a miles de personas vulnerables en la Comunidad de Madrid, condenándoles a una muerte segura pues las residencias carecen de medios sanitarios para atender la pandemia del COVID-19", señala la demanda.

Por otra parte, la asociación el Defensor del Paciente (@AsociacionElDe2) ha remitido una carta a la Fiscalía General del Estado en la que se pide que se investigue si en Castilla y León se dio orden de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales.

 

Los mayores piden el amparo del Defensor del Pueblo

Asimismo, ante esta situación la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (@MayoresUDP) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (@CEOMA_ong), organizaciones que representan a más 2.300.000 mayores, han solicitado al Defensor del Pueblo (@DefensorPuebloE), como Alto Comisionado de las Cortes Generales, la defensa de los derechos de las personas mayores en las residencias con motivo de la pandemia del coronavirus. 

En un comunicado, ambas asociaciones explican que "son más de 17.000 personas mayores que han fallecido en residencias en los últimos dos meses, por el COVID-19, simplemente por la discriminación de ser personas mayores y ser mayores de 80 años. Como ya sabemos, las residencias no son centros sanitarios que sustituyen a los hospitales y menos a las UCI. Las residencias, lo que sustituyen son los domicilios de las personas mayores, que por diferentes circunstancias familiares, sociales o de dependencia funcional y/o psíquica, se requieren cuidados que no se pueden dar en sus casas y estas residencias se convierten en sus domicilios habituales". 

Por este motivo, ambas entidades solicitan al "Sr. Fernández Marugán, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ante los derechos humanos y en igualdad de trato, que se atienda en los centros sanitarios a las personas mayores de 80 años como a cualquier otro ciudadano, para combatir cualquier tipo de discriminación y proteger a las personas mayores".

? Emma, 78 años, empeora de golpe y rechazan su ingreso en la UCI. Los respiradores que quedan son para los más jóvenes. Trasladada a Andorra, llega casi agonizante, pero contra todo pronóstico demuestra una fuerza increíble y se recupera. #CovidYEdadismohttps://t.co/Ez4qR21jES

— Matia Fundazioa (@MatiaFundazioa) May 20, 2020

Familiares y patronales critican que no se realizasen ingresos

"Esas situaciones de abandono se han producido en España, en gran parte de las Comunidades Autónomas", sostiene Jesús Cubero, secretario general de AESTE (@AESTE_oficial), la patronal que engloba a las empresas más grandes del sector como Domus Vi, Orpea, Amavir, Sanitas o Ballesol.

Igualmente, Cubero denuncia que es "injusto" que se hayan tomado estas medidas contra "los mayores, el eslabón más vulnerable de nuestra sociedad, negándoles la asistencia sanitaria por el mero hecho de vivir en una residencia". "Los criterios de atención deben ser transparentes y basados en decisiones clínicas. Con los últimos documentos que van apareciendo, se pone de manifiesto que la sociedad ha abandonado a su suerte a miles de personas mayores", opina.

Además, el secretario general de AESTE asegura que hasta la fecha "no se ha solicitado que se ponga en marcha un ámbito sociosanitario real" en los centros residenciales. "Por eso es tan importante que se abra un debate en la Comisión de Reconstrucción (esa misma que ha excluido a todos los expertos de nuestro sector) para definir el tipo de cuidados que debemos ofrecer en el futuro a las personas mayores, caminando hacia un modelo basado en la calidad y en la sostenibilidad del sistema", apunta Cubero.

Por otro lado, Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia), denuncia abandono desde el inicio de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias.

Así, critica que se pusiesen impedimentos para tratar a los mayores en los hospitales y que tampoco recibiesen, "en algunas áreas sanitarias", la medicación específica para tratar el coronavirus, como "retrovirales o hidroxicloroquina", "porque no tenían". "Morfina, sedacción, antibioticos y heparinas sí que nos dieron", sostiene.

Finalmente, desde la Plataforma de familiares y trabajadores Pladigmare (@pladigmare) consideran que "no derivar a los residentes a los hospitales, por razones de edad, no sólo es anticonstitucional por discriminatorio y porque va contra el derecho a la Salud y a la Seguridad Social, sino que ha provocado un dolor innecesario a los familiares, al no poder despedir a los suyos con intimidad, sin poder acompañarles en sus últimos momentos, con las secuelas psicológicas que ello pueda tener. No derivarlos por razones de edad ha provocado más muertes y, por lo tanto, puede haberse cometido un delito con esa decisión".

De esta manera, el presidente de Pladigmare, Miguel Vázquez, recuerda a este diario que "los mayores que viven en Residencias son ciudadanos con los mismos derechos que los demás. "En el futuro, se debería dotar a las residencias de los suficientes tests y EPIs para las trabajadoras como para que un nuevo brote de esta pandemia no pueda volver a provocar las miles de muertes que estamos sufriendo en estos momentos", concluye.