Gobierno y comunidades autónomas han aprobado este miércoles en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el primero presencial tras la pandemia, el reparto de 50 millones de euros para hacer las viviendas accesibles en todo el territorio nacional.
Según dicho reparto, al que ha tenido acceso Europa Press, las comunidades que más fondos reciben son: Andalucía, con 8 millones de euros; Cataluña, con 7,5 millones de euros; la Comunidad de Madrid, con 5,4 millones; la Comunidad Valenciana, con 4,8 millones; y Galicia, con 4,2 millones.
Mientras, las que menos fondos reciben son: Navarra, con 637.548 euros; Cantabria, con 719.227 euros; La Rioja, con 350.553 euros; y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 78.099 y 76.953 euros, respectivamente. El reparto se ha realizado teniendo en cuenta criterios como la población potencialmente dependiente, la superficie, la dispersión, la insularidad y la capacidad económica.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado que este 'Fondo para una vivienda accesible' servirá para que todas las comunidades autónomas puedan gestionar las convocatorias de ayudas a propietarios y propietarias y comunidades de vecinos.
"Estoy segura que este reparto supondrá un avance definitivo para la eliminación definitiva de todas las barreras, permitiendo que las personas mayores, con discapacidad y las personas en situación de dependencia puedan vivir donde ellos desean y de la forma que ellos y ellas decidan", ha subrayado.
La accesibilidad, según ha añadido Belarra, ha sido "uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Vivienda" que fue aprobada este martes en primera vuelta por el Consejo de Ministros.
"En ella, como saben, hemos puesto en un lugar central la accesibilidad dentro de la definición de una vivienda digna y adecuada; y conforme a eso hemos establecido la obligación de todas las administraciones de poner medidas para garantizarla en todo el parque de viviendas", ha explicado.
Se entiende que estas ayudas podrán ser pedidas a las regiones por parte de las comunidades y los propios propietarios en las oficinas de las consejerías correspondientes.
