Por segunda vez, el juez del Juzgado de Instrucción número 50 de plaza de Castilla en Madrid ha citado a la directora de una residencia de mayores como investigada, término jurídico antes conocido como imputada, por el presunto delito de homicidio después de recibir la querella de seis familias que denunciaron que sus familiares residente murieron por la covid en el centro sin ser trasladados a un hospital. Se trata de Helena G. directora de la residencia concertada Amavir Ciudad Lineal que deberá presentarse a declarar ante el juez el próximo día 16 de abril.
Según exponen las seis familias querellantes estas seis familias cuando hablaban con el médico del centro este les aseguraba que desde el Hospital Ramón y Cajal les denegaban el traslado por tratarse de una persona mayor.
La querella forma parte de las que ha presentado la Marea de Residencias también contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de Justicia, Enrique López.
Protocolos de obligado cumplimiento
Como se recordará, el pasado 22 de febrero, hace tan solo 10 días, el mismo juez de Instrucción número 50 de Madrid tomó declaración en calidad de investigada a la directora de La Gran Residencia, situada en Carabanchel, en el marco de la querella presentada a través de Marea de Residencias por la hija de una usuaria fallecida en la primera ola de la pandemia.
En aquel caso la directora declaró ante el juez que entendía que desde el punto de vista administrativo los protocolos sobre no derivación a hospitales de enfermos de Covid-19 firmados por el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur de Víu, eran de "obligado cumplimiento".
Tanto la investigada como el médico que ha declarado como testigo ante el juez han afirmado que entendían que los protocolos eran de obligado cumplimiento. En concreto, se recibieron cuatro documentos, el último de ellos con recomendaciones, pero desde el punto de vista administrativo entendían que eran obligados.
En su declaración, Rosa María M.G. ha señalado que en el caso concreto de la residente fallecida "no la derivaron al hospital no por los protocolos sino porque ya estaba en situación de Cuidados Paliativos cuando ingresó".
Por su parte, el médico de la residencia reconoció, en calidad de testigo y no de imputado, que se recibieron los protocolos de Carlos Mur y que "los dos primeros hablaban de obligatoriedad y en el último de recomendaciones".
Marea de Residencias suma ya más de 200 querellas a la que se unirán otras 200 para que la Justicia investigue los protocolos de actuación que se siguieron en las residencias en la primera ola de la pandemia, así como los criterios de derivación a los hospitales.
