La Comisión de Derechos Sociales del Senado ha aprobado por unanimidad el informe de la ponencia de estudio sobre el envejecimiento en España, en el que se recomienda aprobar un Pacto de Estado para la protección y promoción de los derechos de las personas mayores y combatir el edadismo, es decir, la discriminación por razón de edad.
El informe ha sido aprobado por todos los grupos presentes en la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara Alta, con un total de 28 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y ahora tendrá que ser aprobado por el Pleno del Senado.
La portavoz del grupo parlamentario socialista en la Comisión de Derechos Sociales, María del Mar Arnáiz, ha asegurado que han hecho "un gran trabajo" del que están "satisfechos y orgullosos" y ha destacado el "clima de colaboración, consenso y diálogo".
El informe, que tiene su origen en una moción aprobada, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, el 23 de septiembre de 2020, contiene un total de 33 conclusiones y 19 recomendaciones.
Entre otras propuestas, Arnáiz ha destacado la recomendación de aprobar un Pacto de Estado para la protección de los derechos de las personas mayores en todos los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección económica y jurídica, educación, cultura, ocio y de los cuidados.
Para ello, el informe señala que se debe garantizar "la igualdad de oportunidades y el derecho al cuidado y la atención en situaciones de dependencia; la participación activa en todos los ámbitos sociales; evitar la discriminación por razón de edad y prevenir el edadismo"; y asegurar "el respeto a la voluntad y preferencias de la persona con relación a cómo quiere vivir su proceso de envejecimiento y los cuidados y apoyos que precisa".
Asimismo, el informe de la ponencia recomienda al Gobierno de España elaborar una Estrategia Nacional sobre la soledad no deseada y diseñar un protocolo específico para mujeres mayores que se incluya en el Pacto de Estado contra la violencia de género.
También propone, entre otras medidas, mejorar la atención sanitaria prestada a las personas mayores del colectivo LGTBI, especialmente en el ámbito afectivo y sexual en el Sistema Nacional de Salud.
Otras recomendaciones son: reforzar la atención primaria de salud; impulsar un cambio en el modelo de cuidados de larga duración hacia una atención centrada en la persona; transformar el modelo actual de residencias en otro que se parezca más a un hogar; o mejorar la coordinación entre los sistemas social y sanitario.
El informe también se refiere a la pandemia de la Covid-19 y a las consecuencias en la población de más edad, y concluye que "las personas mayores se enfrentan a situaciones de mayor vulneración de derechos humanos".
"La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los sistemas jurídicos en todos los países del mundo, para garantizar la igualdad y los derechos de las personas mayores a una vida digna, elegida y saludable. Las personas mayores son titulares de derechos y las políticas públicas deben garantizar su ejercicio efectivo. Ganar años a la vida no puede implicar perder derechos", señala.
El documento invita, asimismo, a cambiar la "percepción negativa de la vejez" por otra en la que se vea a las personas mayores como un "enorme caudal humano de disponibilidad física y mental, además de la experiencia".
La vejez, según resume el informe, debe considerarse una "etapa diversa y heterogénea" pues "no todas las personas envejecen igual y las necesidades son diversas en función de la salud, del estado físico, de la actividad y el estado emocional y relacional, así como del nivel cultural y socioeconómico de las mismas". "La consideración de esta etapa bajo una visión de colectivo homogéneo incrementa la pérdida de valor social de la misma", advierte.
