UGT reclama una Ley integral de Derechos de las Personas Mayores que garantice su protección

UGT ya ha realizado diversas denuncias tanto al Gobierno como a las Comunidades Autónomas sobre la situación de las residencias de personas mayores con el fin de tomar las "medidas necesarias y eficaces para que la situación vivida durante la pandemia no se vuelva a repetir".

Para el sindicato, las residencias están pensadas como centros de convivencia, y muchas de ellas son simples pisos, sin el espacio ni las condiciones suficientes para garantizar el aislamiento de las personas mayores, provocando el aumento de los fallecidos durante la Covid.

También señalan desde UGT que es "imprescindible acabar con la precariedad en el sector de la dependencia, puesto que las malas condiciones de trabajo de estos profesionales repercuten en la calidad de vida de las personas mayores".

Por todo ello, UGT reclama una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores que garantice la protección y el ejercicio de los derechos de este colectivo; la no discriminación por razón de edad; la igualdad de oportunidades y atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad; y la participación activa de los mayores en todos los ámbitos.

Contrato social y estado del bienestar

"No se trata solo de un problema única y exclusivamente económico y de lucha contra la desigualdad. Nosotros queremos una ley que defienda el contrato social que ha existido en este país en los últimos años y con el que no nos ha ido tan mal y que sobre todo a las generaciones más antiguas nos ha costado mucha sangre, sudor, lágrimas y cárcel conseguir", explica desde UJP-UGT Joseba Angulo, asesor económico y legal de la Unión de Jubilados y Pensionistas.

Para Angulo, esta necesaria ley Integral, debe "profundizar en ese contrato social que no es otra cosa que el estado del bienestar. Esa es nuestra apuesta y a partir de ahí conseguir visibilidad para los mayores, combatir la lacra del edadismo, hacer pedagogía, generar cultura sobre la vejez... Esa es la idea por la que estamos trabajando. UGT ya ha tomado conciencia de esta necesidad y esperamos que en los próximos meses en gobierno se convenza también de la importancia de tener una ley que defienda los derechos de los mayores".

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores ha reclamado una auditoría de las residencias de mayores, con el fin de conocer qué ha sucedido en estos centros durante la pandemia, y qué sigue sucediendo a día de hoy, y "poder tomar las medidas necesarias y eficaces para proteger a las personas más vulnerables".  

El sindicato recuerda que ha realizado diversas denuncias tanto al Ministerio de Sanidad como a algunas Comunidades Autónomas sobre la situación de las residencias de mayores, incluso antes de la pandemia.  En este sentido, ha denunciado, con anterioridad, algunas de las deficiencias que presentan las residencias de mayores y que venían de lejos, como es la escasez de profesionales para atender a las personas mayores. En concreto, las bajas ratios de gerocultoras en el sector. Así lo hizo en dos ocasiones ante el Defensor del Pueblo (el 18 de mayo de 2017 y el 18 de octubre de 2018). 

Asimismo, UGT ha denunciado que las distintas Administraciones han vuelto a adjudicar licitaciones a algunas empresas que ya han sido sancionadas por infracciones, cuando el sindicato había exigido reiteradamente que se les excluyera en las contrataciones con las Administraciones Públicas. "Algo totalmente vergonzante para la ciudadanía de nuestro país". 

Menos derechos para los mayores

Desde el sindicato explican que la escasez de personal provoca un aumento de presión en el trabajo y la prolongación de las jornadas laborales, lo que genera cansancio y stress de las propias trabajadoras en relación a las medidas de protección, aumentando con ello el riesgo de enfermar. A las ya exiguas plantillas se unen las bajas laborales que no están siendo sustituidas, entre otras cosas, por la dificultad para encontrar trabajadoras cualificadas (el 90% son mujeres). Una dificultad que se constata cuando el propio Gobierno publica una Resolución en el BOE por la que se permite contratar trabajadores no cualificados.

Por otra parte, pese a ser considerados servicios esenciales, "estos trabajadores y trabajadoras no han podido tener, en todos los casos, de la posibilidad de alojarse en lugares habilitados por las distintas administraciones para no contagiar a sus familias".

UGT señala, además, la dificultad que han tenido las residencias para mantener el aislamiento de los mayores, "dificultad que se incrementa por el número de residentes ya que están pensadas como espacios de convivencia". En España hay 5.417 centros de mayores, que suman un total de 372.00 plazas, según datos del CSIC publicados en abril de 2019. "Algunas de estas residencias son pisos, sin el espacio, ni las condiciones suficientes para asegurar el aislamiento", aseguran desde el sindicato.

Aunque aún no se tienen datos oficiales exactos, debido a la dificultad para realizar un cómputo adecuado, "lo que está claro es que ha habido un aumento exponencial del número de fallecidos en estos centros, lo que revela a su vez que se deberían haber incrementado las medidas de protección frente a la Covid19 en los centros de mayores y las inspecciones en esos centros", asegura.

Una vieja aspiración

Como ya se apuntó más arriba, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores reclama también una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores, que "garantice sus derechos; la no discriminación o edadismo; atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad; y la participación activa de los mayores.

"Nuestra idea de desarrollar una ley integral en defensa de los derechos de las personas mayores no es una novedad. Ya publicamos un libro en el que exponíamos la necesidad de la existencia de una ley así en el año 2015. Esta es ya una reivindicación añeja, pero continúa siendo necesaria como demuestra que el propio doctor Fernando Simón haya hecho no hace mucho unas declaraciones terriblemente edadistas, lo que demuestra que estamos ante un problema que está muy imbuido en todos los que conformamos esta insolidaria sociedad", asegura Joseba Angulo.

Pero esa necesidad de una Ley Integral de Protección choca una y otra vez contra el mismo muro "con un problema de cultura, de educación, exactamente igual que sucede con la violencia de género. No se va a solucionar solo porque endurezcan la sanción, sino porque seamos capaces de ir formando a las nuevas generaciones y de ir construyendo una sociedad diferente. Con el tema del respeto a los derechos de los mayores ocurre lo mismo, se necesita  mucha educación, mucha pedagogía y que la sociedad entienda que en alguna etapa de nuestra vida, todos los que tengan la suerte de llegar a ella serán mayores y esto es lo que algunos no acaban de entender".

En consecuencia, continúa explicando Angulo, "consideramos que es necesario que haya una ley que proteja los derechos de los mayores, sobre todo porque queremos que esos derechos pertenezcan a la agenda pública y política y necesitamos una mayor visibilidad. Las grandes soluciones que en algunos momentos se plantean como posibles para los problemas de los mayores nunca cuentan con su participación. En el acuerdo económico y social no están los mayores y sin embargo son los que tienen una mayor bolsa de pobreza, en el Pacto de Toledo no están representadas las organizaciones de mayores y sin embargo son los principales destinatarios de las medidas que allí se tomen y etcétera, etcétera".

La fuerza de la juventud y la experiencia de los mayores

Desde UJP-UGT Joseba Angulo se lamenta de que hayamos "perdido esa educación en la que los mayores eran los portadores de la experiencia y la sabiduría de la tribu. Eso se ha ido perdiendo y ahora atravesamos una época absolutamente individualista donde solo se premia el trabajo individual, el llegar más lejos independientemente de cómo lo consigas... y al final olvidamos que los mayores aportan experiencia y que los países funcionan si son capaces de unir la fuerza de la juventud con la experiencia de la gente mayor. Las naciones crecen así. Lo que no se puede es obviar a más del 20% de la población que ya son mayores, pero se les olvida por completo, se les obvia, y esto es un muy grave error. Nos estamos equivocando como país porque estamos dejando de contar con la parte más experimentada y sabia de la sociedad".

Para el sindicato, es una prioridad "acabar con las carencias estructurales y apostar por un sistema integral de protección a las personas mayores que garantice el derecho a tener una vida plena e independiente y un envejecimiento activo. Las personas mayores son una parte de la población más vulnerable por lo que debemos atender especialmente las situaciones de maltrato tanto en el ámbito familiar o domiciliario, como institucional; por lo que reivindicamos una Estrategia de Lucha contra el Maltrato de las Personas Mayores; en la que se respeten los derechos y la dignidad de las personas mayores, velando especialmente en las situaciones de indefensión".

Por otra parte, esta pandemia ha puesto en evidencia la necesidad reforzar el sistema de dependencia, el sistema de cuidados y las condiciones laborales de las personas trabajadoras y ha reforzado la reivindicación sindical de que se coordinen los servicios sanitarios y los servicios sociales, para proporcionar una respuesta integral y eficaz a las necesidades de los mayores.

Además, subrayan en UGT, "resulta imprescindible que esta ley contenga la prevalencia de la prestación de servicios sobre la prestación económica y continúe la profesionalización del sector; que tengan una financiación finalista; la mejora de las ratios, adecuándolas al grado de dependencia de los beneficiarios, y que la responsabilidad de la asistencia sanitaria de los mayores recaiga en el Sistema Nacional de Salud, como la del resto de la ciudadanía". 

Reforma estructural del modelo residencial

"Nunca se ha contado con los mayores. Cuando hablamos de residencias de mayores, ¿han participado los mayores en su diseño, se ha contado con ellos, se les ha preguntado cómo quieren ser tratados?. Se han juntado una serie de especialistas en distintos campos y han decidido que la mejor fórmula es esta independientemente de que los mayores estén o no de acuerdo", denuncia Joseba Angulo para quien "es necesario que se visibilice al colectivo y que tenga sus propios portavoces para que sean tenidos en cuenta en la agenda política, para que participen".

"Hoy estamos más preocupados por cortinas de humo como hablar de ella, ello, elle y ese tipo de debates vacíos que no sirven para avanzar y tapan los problemas más importantes que tiene nuestra sociedad, como el de las residencias o el de que nadie se acuerda que más del 50 % de jubilados están por debajo del nivel de la pobreza y que Hay un 30 % de jubilados que cobran menos de 450 euros al mes y de eso no se habla", denuncia Angulo.

UGT defiende una reforma estructural del modelo residencial que garantice una atención centrada en la persona, integral y continuada, promoviendo su autonomía y potenciando sus capacidades, según las preferencias y deseos de su proyecto de vida. Por ello, insta a adoptar un nuevo modelo, basado en derechos y que proteja la dignidad de la persona. 

En este sentido, el sindicato propone:

• Adoptar planes de contingencia en las residencias para garantizar la adopción de medidas de seguridad para evitar propagaciones de nuevos virus.
   
• Garantizar que los protocolos de derivación hospitalaria de las personas usuarias de las residencias, no tengan en cuenta la edad sino criterios de salud.
   
• Garantizar la atención y cuidados de las personas en situación de dependencia. Son precisos protocolos para garantizar esta atención, especialmente, en los centros residenciales.
   
• Garantizar que, en ningún caso, la suspensión de la actividad de alguno de los servicios presenciales del SAAD, puede significar la no prestación del mismo. En este caso se garantizarán los cuidados y la atención de la persona en situación de dependencia mediante la articulación de un sistema de atención domiciliaria.
   
• Regular y potenciar la figura del asistente personal.
   
• Apostar por la profesionalidad en el sector de servicios sociales y, especialmente, en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), junto con el incremento de las plantillas.
   
• Las ratios de atención deberán ser más adecuadas, tanto en horas de atención por profesional, como de número de usuarios por profesional, lo que repercutirá positivamente tanto en la atención a las personas usuarias de los servicios sociales como a las condiciones de trabajo, de los y las trabajadoras.
   
• Destinar un fondo extraordinario para contrataciones laborales de personal cualificado y acreditado, para garantizar esta atención y apostar por un empleo de calidad en servicios sociales, y especialmente en el SAAD.