El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha denunciado que solo un 0,6% de los edificios de viviendas en España son universalmente accesibles y que un 22% de ellos no cuenta con ascensor.
Asimismo, ha señalado que un 63% de los bloques de pisos no tienen una entrada accesible desde la calle y que, a estos datos, hay que sumarle la existencia de 4,3 millones de españoles con algún tipo de discapacidad (87 millones de personas en la Unión Europea), casi el 50% de ellas mayores de 65 años y el envejecimiento de una población con una movilidad reducida creciente, así como otro tipo de discapacidades.
Ante esta situación y con el objetivo de "mejorar la accesibilidad del parque edificado", la CGATE ha acordado la creación de una Comisión de Accesibilidad que trabajará en diversos ámbitos para mejorar el estado del parque edificado en esta materia.
"En los últimos años se han dado pasos importantes para avanzar en materia de la accesibilidad de nuestros edificios", ha afirmado el vocal de la CGATE y coordinador de la nueva Comisión de Accesibilidad, Rafael Luna, que también ha lamentado que la sociedad está "todavía muy lejos" del objetivo de proporcionar una accesibilidad universal "que garantice a todas las personas su derecho fundamental de vivir de forma independiente".
La CGATE ha indicado que una de las primeras actuaciones de la nueva comisión es la recopilación de toda la documentación disponible en la red colegial para aglutinarla en un espacio "común nacional". También ha afirmado que trabaja en la formación de un área de actuación "específica" para los profesionales de la arquitectura técnica y en la asistencia a congresos, convenciones internacionales como CONTART y otros foros profesionales en los que dar a conocer la situación y generar un debate sobre los retos y posibles soluciones a este problema.
También ha precisado que la normativa vigente determina que "los espacios y edificaciones existentes, susceptibles de ajustes razonables, tendrían que haberse adecuado a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad antes del día 4 de diciembre de 2017". Sobre ello, ha manifestado que han pasado seis años desde la fecha establecida y "ni siquiera la mitad del parque edificado ha cumplido el objetivo". "La normativa y su estricta aplicación deben jugar un papel fundamental para avanzar significativamente en materia de accesibilidad", ha asegurado Luna.
Barreras que son "auténticas trampas"
Igualmente, desde el consejo han añadido que en 2010 se incorporaron al Código Técnico de la Edificación (CTE) las condiciones de accesibilidad, por lo que todos los edificios construidos antes de esa fecha (la inmensa mayoría) son susceptibles de no cumplir con la normativa actual. Así, la Comisión de Accesibilidad ha destacado que las Administraciones (estatal, autonómica y local) son "fundamentales" a la hora de salvar las barreras. "Pese a los esfuerzos en las dotaciones de ayudas y subvenciones para paliar la deficiencia de accesibilidad en los edificios, aún queda mucho camino por recorrer", ha agregado.
En esta línea, ha argumentado que las barreras arquitectónicas en edificios existentes convierten, en "muchos" casos, las viviendas en "auténticas trampas". Según datos de la Fundación Mutua de Propietarios, 100.000 personas en España no pueden salir a la calle por no ser accesibles los inmuebles donde viven y el 22% de las personas con movilidad reducida ha tenido que cambiar de vivienda por este mismo motivo.
En los edificios españoles, ha explicado que las principales barreras son la "aparición de peldaños" en los accesos a establecimientos o portales residenciales, la "dificultad en la deambulación en el interior de los locales por la existencia de espacios de reducidas dimensiones", la "ausencia de servicios higiénicos accesibles" o "la inexistencia de ascensor entre plantas".
"Además de los problemas de accesibilidad a los edificios, con adecuación de rampas y ascensores como actuaciones más relevantes, no podemos olvidar los problemas en el interior de las viviendas que no están adecuadas funcionalmente para personas con discapacidad", ha recalcado Luna.
"Cuestíon económica" y "falta de acuerdo"
Por otro lado, la Comisión de Accesibilidad del CGATE ha expuesto que, en la mayoría de casos, la "cuestión económica" y la "falta de acuerdo" entre vecinos son las causas de que no se lleven a cabo las obras necesarias para adecuar los edificios a las condiciones de accesibilidad universal.
En este sentido, ha matizado que estas obras suelen tener un coste "bastante elevado", puesto que hay que instalar o sustituir ascensores y, frecuentemente, las intervenciones afectan a elementos estructurales (aunque de forma parcial).
Si la finca cuenta con un ascensor, pero es necesaria la bajada a cota cero para que sea accesible (eliminación de peldaños y actuación en puerta de acceso al portal), ha apuntado que la inversión puede oscilar entre los 10.000 y los 40.000 euros, mientras que en edificios que necesitan la ejecución e instalación de un ascensor nuevo, pueden superar los 120.000 euros de presupuesto de ejecución por contrata.
"Cuando una comunidad está formada por un número pequeño de propietarios y con medios económicos limitados, es muy complicado afrontar este tipo de actuaciones, lo que se traduce en que se interviene de forma limitada, no siempre optando por la mejor solución, sino por aquella a la que económicamente se puede hacer frente", ha reflexionado Luna.
Nuevas tecnologías
En todo caso, el consejo ha explicado que las nuevas tecnologías "van a suponer una importante herramienta para impulsar la accesibilidad y lograr que una persona con discapacidad pueda desenvolverse de una manera más autónoma en el parque edificado".
No obstante, la Comisión de Accesibilidad del CGATE ha indicado que "la baja concienciación social, la tendencia a trabajar la accesibilidad de forma parcial sin acometerla desde su dimensión universal, quedando muchas veces reducida al ámbito de la accesibilidad física; la escasa coordinación y colaboración entre todos los agentes, sean públicos o privados; la falta de apoyos económicos para su implantación y la ausencia de planes de formación adecuada en esta materia tanto dentro del sistema educativo como en el ámbito profesional, son algunos de los mayores obstáculos para la mejora de la accesibilidad".
Finalmente, ha precisado que los arquitectos técnicos tienen un papel "fundamental" en el asesoramiento y la gestión sobre las ayudas disponibles para las comunidades de propietarios. "Nuestra profesión es fundamental en la transición de nuestro parque edificado hacia la accesibilidad universal en edificios y entornos urbanos. Contamos con las atribuciones y las competencias necesarias para proyectar y ejecutar soluciones de accesibilidad atendiendo a parámetros económicos, normativos y dimensionales", concluye Luna.
