El Gobierno sube las pensiones mínimas y no contributivas un 3%
El Gobierno ha anunciado este jueves que la partida para Dependencia del año 2022, incluída en los nuevos Presupuestos Generales de Estado, será un 23,3% superior a la de 2021.
Un aumento, que ha calificado como "el mayor gasto histórico", llegando a 350.053 beneficiarios más.
En concreto, el Plan de choque para la economía de los cuidados financiado por el Estado contará para 2022 con 1.199 millones de euros.
De esta manera, el Gobierno cumple con su promesa de ir aumentando progresivamente la financiación por parte del Estado –llegó a ser de menos del 20%. El resto, lo ponían las autonomías–.
Un compromiso, que tiene como objetivo reducir las listas de espera, modernizar el sector de los cuidados centrándose cada vez más en los domicilios y adaptarse, paulatinamente, a una sociedad cada vez más envejecida que demanda servicios específicos adaptados a los intereses y necesidades de cada persona.
Medidas insuficientes
Sin embargo, para el sector de la Dependencia, este aumento sigue siendo "insuficiente", sobre todo, de cara a implantar un nuevo modelo de cuidados, como pretende el Gobierno de España y, más concretamente, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra.
Así, desde Círculo Empresarial de Atención a las Personas (@cea_ps), la patronal mayoritaria del sector, entienden que esa cuantía está "muy lejos del 2% del PIB que se necesita para que exista una atención plena de las personas dependientes en toda España”, aunque, por otra parte, valoran positivamente que poco a poco la financiación esté aumentando.
Por otro lado, en Ceaps no comparten el diagnóstico del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que entiende que el modelo de cuidados debe reformarse, sino que piensan que lo que no funciona es su financiación y, "para eso, es muy importante llegar al 2% del PIB para la Dependencia”, sostiene la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, quien recuerda que la inversión actual del Gobierno es tan solo del 0,7%, “nada que ver con la de otros países de nuestro entorno”.
“El déficit es evidente”, apostilla, y recuerda que el propio secretario de Estrado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, reconoció que la transformación de los cuidados “requiere una financiación necesaria”.
Además, la patronal pide "una mayor inyección económica para conseguir que el precio por plaza residencial nunca esté por debajo de los 2.030 euros". "El precio ajustado sería de 2.700 euros", reclaman.
Por último, CEAPs pide que "exista un sistema de concertación mixta, con un 50% de plazas concertadas y otro 50% plazas privadas, abonadas con prestaciones vinculadas al servicio; que se fije una ratio global de profesionales mínimo del 50%, y que solo exista una única tarifa de Atención a la Dependencia, no basada como hasta ahora en los grados de Dependencia de la persona usuaria del servicio. Además, que se trabaje con indicadores de satisfacción del propio usuario para medir la calidad del servicio, garantizando el uso de herramientas de Atención Centrada en la Persona".
"Estos presupuestos suponen un pequeño avance para la dependencia, pero que tan sólo palian en parte el déficit estructural de financiación que tiene el Estado con las CCAA. Necesitamos dotar de mayor financiación al Itinerario de Cuidados de Larga Duración en el que estamos trabajando, y este modelo de consenso requiere de una mayor dotación presupuestaria. Como resumen, podríamos decir que es un buen gesto, pero que resulta insuficiente para abordar las necesidades que necesita la población de mayores dependientes de nuestro país", reconoce el secretario general de AESTE (@AESTE_oficial), Jesús Cubero.
Llegar al 35%
Por su parte, el sindicato CCOO ve bien este aumento, que ya estaba pactado con los agentes sociales el año pasado, aunque creen que se debería complementar en el futuro.
"El anteproyecto de presupuestos recoge el incremento adicional de 600 millones de euros para 2022, que se suma a los 600 millones adicionales que se ha aplicado en 2021, en sintonía con lo acordado con CCOO en la Mesa de Diálogo Social. El citado Acuerdo contempla un incremento adicional similar para 2023, con el que el peso sobre el total de la financiación de la Dependencia por el Gobierno de la Nación estaría en torno al 35% –casi el doble del peso que había antes del acuerdo–", explica el responsable de Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (@fssccoo), Jesús Cabrera.
No obstante, añade, el "esfuerzo, aún siendo relevante, requeriría que para años posteriores hubiese incrementos adicionales con los que equilibrar los esfuerzos presupuestarios entre Administración Central y Autonómicas, en consonancia con lo recogido la Ley 39/2006 –la de Dependencia–".
Eso sí, no todos los trabajadores ven con tan buenos ojos este aumento, sobre todo, si no se controla a dónde va a parar el dinero.
De esta manera, desde la Plataforma Unitaria del Servicio de Ayuda a Domicilio (@UnitariaA) critican que dotar al servicio de más financiación no tiene obligatoriamente porque "significar que mejoren las condiciones del servicio".
"Las condiciones laborales y salariales están condicionadas a unos convenios que permiten parcialidad, temporalidad y salarios bajos. Además de externalización de los servicios. Tanto usuarios como trabajadoras comparten pobreza y precariedad", denuncian.
"Aquí, los beneficiados son las empresas, que sólo buscan beneficios", opinan. Y, por esta razón, piden al "Estado" que "vigile qué hacen las autonomías y ayuntamientos con el dinero".
