La Fiscalía ha pedido prisión permanente revisable para una mujer por "el escalofriante" crimen de su marido, una persona "totalmente desvalida" por su razón de discapacidad: "La acusada mató intencionadamente a su marido, anulando totalmente sus posibilidades de defensa y mandó excavar una fosa para ocultar el cadáver y poder seguir cobrando su pensión". Por contra, la defensa ha pedido la absolución al asegurar que fue él quien convenció a la mujer para que le ayudara a cumplir su voluntad de morir sin sufrimiento.
Un tribunal popular juzga este samana a Beatriz, acusada de matar a su marido Isaac –con quien se casó en 2017–, que tenía una enfermedad degenerativa y no podía valerse por sí mismo, y enterrarlo en una finca de la localidad valenciana de Godelleta que había alquilado poco antes del suceso.
El incidente se remonta al 1 de diciembre de 2019, cuando la acusada supuestamente le suministró a la víctima una pastilla para que se durmiera, bajo el engaño de que el medicamento era para calmar su dolor. Con la víctima dormida, la mujer habría ido hasta la finca que había alquilado, donde habría abierto una bombona de butano en el coche con el hombre en su interior con la intención de que muriera.
Tiempo después, como el hombre no falleció, la mujer le habría puesto un cordón de zapatos alrededor del cuello hasta estrangularle. En ese momento el hombre se revolvió contra la acusada, quien le golpeó en la cara y en el cuerpo --siempre según el mismo escrito de acusación--.
A continuación, la mujer habría tirado el cadáver de su marido en una fosa del terreno alquilado, que tapó con tierra, piedras y productos químicos. Durante más de siete meses, la mujer habría simulado que la víctima seguía con vida al mandar mensajes desde su teléfono móvil en el que pedía que no le buscaran. Por estos hechos, la Fiscalía pide además una indemnización de 175.000 y 165.000 euros para los dos hijos menores de él fruto de una relación previa.
Al respeto, el ministerio fiscal ha señalado que se trata de un caso "muy grave" porque la acusada mató "intencionadamente" a su marido y ocultó el cadáver para poder cobrar un dinero "considerable". "Hay pruebas claras y concluyentes", ha señalado a los miembros del jurado.
Ciudad de la Justicia de Valencia
Ha recordado que en 2017 él firmó su testamento vital. "Quería morir en su domicilio, acompañado de sus familiares queridos y quería asistencia religiosa y además nombraba como garante del cumplimiento de su voluntad no a la acusada, sino a un tío suyo", ha relatado.
Dos años más tarde cuando la enfermedad estaba ya muy avanzada y necesitaba de la ayuda de terceros para todo, se inscribió en la Asociación derecho a morir dignamente a quienes le trasladó su deseo de esperarse a la aprobación de ley de la eutanasia.
Además, la acusada, según fiscalía, tenía "fuertes" enfrentamientos con Isaac, algunos violentos –un mes antes del crimen la policía intervino en el domicilio– lo que le llevaron al hombre a plantearse el divorcio y a querer vivir en una residencia. Pero ella no tenía ningún ingreso propio y dependía de los 3.500 euros al mes de pensión que cobraba su marido por su discapacidad. Por ello, "si él la abandonaba, ella perdía su fuente de ingresos".
"Mintió todo el tiempo"
"La acusada mintió a todo el mundo todo el tiempo: A la policía, a los parientes de Isaac, a los conocidos y a los amigos al decir que ese domingo se había llevado a Isaac a un cumpleaños y que cuando fue a recogerlo no estaba. Además, se escribió un texto desde el móvil de Isaac diciendo que se había ido a una residencia y que lo respetaran durante meses", ha relatado.
El hijo de la mujer –que declaró haber sido colacionado por ella– ya fue condenado por un juzgado de menores a dos años de internamiento en régimen semiabierto como cómplice de los hechos y con la prohibición de comunicación con los hijos de Isaac. El hijo ayudó a su madre a meter el cadáver en la fosa y fue quien llamó al banco haciéndose pasar por el padre para pedir la activación de las claves y el acceso online a la cuenta.
Por contra, la defensa ha pedido la libre absolución, ha recordado que fue él quien dejó por escrito que su voluntad era no se prolongara su vida cuando su situación fuera irreversible, que adquirió un fármaco para la eutanasia, pero que quedó retenido en aduanas y que su estado era cada vez más "insoportable". Por ello, ha asegurado que convenció a su mujer para que la ayudara a cumplir su voluntad de morir sin sufrimiento y que ella compró en la farmacia las pastillas recomendadas en boletín de la asociación por una muerte digna. "Estos hechos no son constitutivos de delito", ha aseverado.
