Agentes de la Guardia Civil han detenido a una farmacéutica de la comarca de El Comtat (Alicante) e investigan a otras seis personas más por los presuntos delitos de fraude a la Seguridad Social, contra la salud pública, falsificación de documento público y contra la intimidad. Los supuestos implicados en esta operación presentamente clonaron más de 500 tarjetas sanitarias para realizar dispensas simuladas de medicamentos, cuyo gasto cargaban al Sistema de Salud Nacional.
Las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre de 2022, cuando miembros del Área de Inspección de Farmacia, perteneciente a la Conselleria de Sanidad, se percataron de que una farmacia de un municipio de la comarca de El Comtat estaba teniendo un comercio "inusual" de ventas de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, según ha indicado el instituto armado en un comunicado.
Esta situación motivó una primera inspección, en la que los inspectores identificaron "diversas irregularidades" de carácter administrativo. A raíz de estas anomalías, el Departamento de Farmacia y Ordenación Sanitaria de la Dirección Territorial de Sanidad de Alicante dio cuenta a la Guardia Civil y solicitó acompañamiento para una nueva inspección.
Durante el mismo mes, se realizó una nueva inspección al mismo establecimiento, con responsables de Sanidad y agentes del Equipo Territorial de la Policía Judicial de Villena (Alicante). En esta nueva visita, fueron intervenidas diversas tarjetas magnéticas clonadas, con información sanitaria de pacientes de la Generalitat Valenciana y multitud de cajas de medicación sin código de barras, conocido como cupón precinto.
Dentro de las instalaciones, existían diferentes habitaciones donde se acumulaban los medicamentos supuestamente dispensados, en compañía de medicación caducada y al lado de productos químicos de limpieza, incumpliendo por tanto la legislación que regula su almacenamiento. También hallaron una base de datos con información personal de internos de varias residencias de la provincia de Alicante.
Durante la inspección, los agentes identificaron a una amiga de la titular del establecimiento, que abandonaba la farmacia con una caja que contenía más tarjetas magnéticas disponibles para ser clonadas, un archivador con informes médicos de pacientes y cierta documentación escrita a mano.
Una vez recogida toda la documentación y material intervenido en las inspecciones, los agentes dieron inicio a la operación para esclarecer los hechos. Entre las dos inspecciones se incautaron de casi 3.000 cajas de medicación facturada a la Seguridad Social con un valor de más de 39.000 euros, más de 500 tarjetas sanitarias clonadas y diversa documentación médica de pacientes de residencias.
El modus operandi que utilizaban desde la botica consistía en que, primero, con el conocimiento de cinco responsables de algunos centros de personas mayores o dependientes de la provincia de Alicante, se clonaban las tarjetas sanitarias.
Posteriormente, se utilizaban las nuevas tarjetas para realizar dispensas simuladas, ya que realizaban la venta de la medicación a los titulares de las tarjetas a cargo del Sistema de Salud Nacional, pero el producto no era dispensado. Estos medicamentos eran apartados sin su cupón precinto.
"Afán de lucrarse"
Finalmente, con el conocimiento de la titular de la farmacia, se cargaba el gasto al Sistema de Salud Nacional, generando en el establecimiento un lucro económico ilícito. El instituto armado ha apuntado que "era tal el afán de facturar y lucrarse" que en la farmacia se dispensaban medicamentos a personas mayores que no tenían pautada dicha medicación y era facturada al Sistema Nacional de la Seguridad Social.
Por estos motivos, el día 19 de enero los agentes detuvieron a la farmacéutica, de 39 años, e investigan a otras seis personas, una amiga de la boticaria y cinco responsables de las residencias vinculadas a la misma, de entre 37 y 87, todos ellos sin antecedentes policiales por hechos similares.
A todos ellos, según su grado de participación, se les han imputado los delitos de fraude a la Seguridad Social, contra la salud pública y falsificación de documento público, además de contra la intimidad por la cesión, difusión y revelación de datos médicos personales sin autorización de sus titulares. La Guardia Civil ha dado cuenta al Juzgado de Instrucción número 4 deAlcoi.
