Arranca el juicio de la residencia de los horrores: "A nivel de higiene, había mucha carencia"

La residencia del horror: mayores deshidratados, uñas llenas de heces y con 33 kilos de peso

 

Esta semana ha arrancado el juicio, en la Audiencia de Barcelona, sobre la situación de la residencia Sanlisart durante los años 2015 y 2016. 

En concreto, la Fiscalía pide 47 años de cárcel por supuestamente desatender a cerca de 20 mayores del centro, lo que habría provocado que estuviesen malnutridos y en malas condiciones de higiene. 

El director del centro de Sabadell al que se trasladó a una parte de los residentes, tras el cierre del centro, ha declarado que "a nivel de higiene, había mucha carencia".

El testigo, que estuvo presente en algunos de los traslados, ha asegurado que "un paciente llegó con sus objetos personales dentro de una bolsa de basura", que otros tres lo hicieron en un taxi que los dejó en la puerta y que, en algunos casos, los enseres personales de un paciente no le pertenecían a él, sino a otro.

A preguntas de la acusación particular –que representa a dos de los socios de este grupo empresarial que gestionaba un total de 3 residencias y que prestaron la denuncia– el testigo ha manifestado que había "suciedad tanto propia como de la ropa que llevaban" los residentes y que sería complicado decir si su estado era saludable porque un simple traslado puede afectarles mucho, en sus palabras.

Hablan las trabajadoras

Por otro lado, dos de las extrabajadoras de la residencia se han referido en sus declaraciones como testigos a la escasez de comida y de productos de higiene personal.

La primera, que trabajó en la residencia en dos períodos diferentes –uno en 2009 o 2010 y otro entre 2012 y 2013– ha manifestado que "casi todos" los residentes se quejaban de la comida.

En lo que respecta a la higiene, ha dicho que "mucha veces" no había pañales, que faltaban esponjas y papel, y que llegaron a usar productos que los familiares les traían a algunos de ellos para asearles.

La extrabajadora ha dicho que uno de los acusados no la invitó a su fiesta de jubilación por considerarla responsable de la denuncia que ha dado pie a este procedimiento judicial y, a preguntas de la defensa de si está dolida con los tres acusados que representa, ha respondido: "Hombre, me han tratado mal".

Otra testigo, que trabajó como auxiliar durante un mes en 2016 o 2017, ha dicho que a veces había quejas por parte de los usuarios sobre la comida, que era "escasa", y que a veces manifestaban que no les gustaba.

Sobre la higiene, ha dicho que "el tiempo era escaso", que los auxiliares hacían lo mejor que podían, pero que, al menos en su turno, estaban bien atendidos.

En el extremo contrario, la que fue empleada de este centro durante un año, entre marzo de 2015 y 2016, ha expresado que no recuerda que hubiera un déficit en la alimentación, que en general los usuarios "se lo comían y no había queja", que se les cambiaba el pañal varias veces al día, que no se reutilizaban los productos de higiene y que los auxiliares podían completar las tareas, aunque había que ir rápido y no se podían entretener.

 

Otra exempleada, que estuvo un año entre 2013 y 2014, ha explicado que la comida venía en bandejas, que no eran individuales –a excepción de los menús para diabéticos–, que los trabajadores eran los encargados de repartirla y que, aunque no se pesaba, se repartía en partes iguales a los residentes y que a veces sobraba. Un relato que encaja con lo recogido en una de las actas de un inspector de Servicios Sociales, que hizo hasta tres actuaciones en la residencia, la última para la ratificación y confirmación del cierre.

Ha explicado que en 2014 se hizo una inspección tras detectarse una serie de carencias relacionadas con la higiene y que en 2017 se hizo otra porque se había incoado un expediente sancionador y era para comprobar si se habían corregido las medidas que se indicaban, relacionadas "con la alimentación". El inspector ha manifestado que en las bandejas había "incongruencias", pero en el acta que ha ratificado anotó que el primer plato debía pesar 250 gramos y, tras pesarse 7 de los repartidos, se constató que contenían entre 400 y 500 gramos, que hubo 700 que quedaron sin repartir y 1.200 que los residentes no se comieron.

También ha declarado otra inspectora que firmó un acta en 2017 sobre el traslado de una residente en la que anotó que "tenían una higiene correcta, bien vestidos, bien peinados y que tienen las uñas limpias", aunque a preguntas de la Fiscalía ha dicho que no vio el traslado de todos los residentes.

Aguaban la leche

Finalmente, la que fuera socia del grupo Galaxis SL., titular de la Residencia Sanlisart, ubicada en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), cerca de Sabadell, de la que eran responsables tres de los cuatro enjuiciados por la presunta mala atención a los residentes, ha asegurado que una de ellas, la que era la coordinadora, ordenó a las empleadas que aguaran la leche.

La testigo, que actúa como acusación particular, afirmó que las cuidadoras obedecían estas órdenes, lo que afectaba la calidad de la alimentación de los mayores.

La testigo relató que, tras reincorporarse de una baja a una residencia en Terrassa –uno de los tres que gestionaba el grupo–, se encontró con prácticas que consideraba irregulares. Aunque su experiencia directa se limitó a ese centro, afirmó tener conocimiento de situaciones similares en la residencia de Sant Quirze a través de referencias de los trabajadores.

En cuanto a la alimentación, explicó que inicialmente el centro de Terrassa contaba con cocina propia, pero en 2012 o 2013 se cambió a un servicio de cátering. Este servicio, gestionado por una empresa cuyo administrador también está acusado, era el mismo que se utilizaba en Sant Quirze. La testigo aseguró que las raciones de comida eran insuficientes y que el pan se reutilizaba de un día para otro, lo que la llevó a tener enfrentamientos con la coordinadora y finalmente a denunciar la situación ante la Generalitat.

Acusaciones y penas solicitadas

La Fiscalía ha presentado cargos contra los acusados por un delito continuado de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, además de 21 delitos contra la integridad moral y un delito de abandono por omisión. Las penas solicitadas oscilan entre los 5 y 47 años de prisión.

Dos de los acusados, uno como administrador de la empresa de cátering y la otra como administradora de la residencia, están señalados por manipular albaranes y facturas para reducir la cantidad de menús servidos, lo que resultó en una alimentación insuficiente y carente de nutrientes esenciales, causando desnutrición en algunos residentes.

Los otros dos acusados, el director y responsable higiénico-sanitario y la supervisora del funcionamiento de la residencia, enfrentan cargos por negligencia en sus funciones, lo que habría llevado a una mala nutrición e higiene de los residentes. La acusación sostiene que estas acciones atentaron contra la dignidad de los mayores, ignorando sus necesidades y condiciones de salud, y manteniéndolos en condiciones de extrema precariedad y suciedad.