La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha acordado de forma unánime no acceder a la pretensión de la defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, –respaldada por la Fiscalía– para que quede en suspenso la ejecutividad de la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 3 de enero, que retiró al mandatario catalán su credencial de diputado en el Parlament. Aún queda pendiente la resolución sobre el fondo.
El asunto ha suscitado un intenso debate entre los cinco magistrados a los que correspondía estudiar la medida cautelar, quienes finalmente señalan en su resolución que no ven asumible la pretensión de Torra, que pidió suspender la decisión de la JEC por considerar que este órgano electoral, de carácter administrativo, carece de competencia para inhabilitarle.
En un escrito presentado el pasado viernes, la Fiscalía del Supremo acogía sin embargo el argumento de la defensa al entender que, "en orden a la prudente y equilibrada preservación" de los intereses en conflicto, la petición de Torra hasta que la Sala de lo contencioso-administrativo del TS resuelva si la decisión de la JEC es conforme o no a derecho debería aceptarse.
