Las comunidades autónomas aportaron 7.573 millones de euros para atención a la dependencia en 2022, un total de 98 millones menos que el año anterior, según revelan los nuevos datos publicados este miércoles por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (@Ascdiresociales).
En concreto, el informe revela que en 2022 la inversión pública en Atención a la Dependencia alcanzó los 10.234 millones de euros. De ellos, las CCAA financiaron el 74%, con 7.573 millones de euros (un 1,27% menos de gasto que en 2021), frente al 26% que supuso la aportación estatal, con 2.661 millones de euros –si se incluye el cupo vasco y la aportación Navarra–, lo que supone un incremento del 33,6% respecto al año anterior, cuando aportó 1.992 millones de euros –incluyendo la aportación a Navarra, el cupo vasco, el nivel mínimo y el nivel acordado–.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales precisa que, si se contabilizasen la aportación de Navarra y el cupo vasco, la aportación para dependencia de las CCAA "todavía se reduciría más, llegando a 134 millones de euros menos que el pasado año".
Por CCAA, en 2022, nueve gobiernos autonómicos redujeron el gasto en la atención a personas en situación de dependencia, con respecto a 2021: Cataluña (57,3 millones de euros menos) Cantabria (8,7 millones de euros menos), Asturias (10,8 millones de euros menos), Comunidad Valenciana (40,6 millones de euros menos), Andalucía (51,6 millones de euros menos), Extremadura (11 millones de euros menos), Madrid (15 millones menos), Castilla y León (7,4 millones menos) y Murcia (1 millón menos).
Los autores del informe tachan de "especialmente sangrantes" los recortes que se han producido en Murcia y Cataluña, comunidades que el año pasado ocuparon los últimos puestos de la Escala de Valoración del Observatorio de la Dependencia. Por otra parte, destacan positivamente las comunidades que más incremento realizaron: Baleares (con un incremento del 17%), y Navarra (con un incremento del 8,8%).
De los datos también se desprende que las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.329 euros), Extremadura (1.706 euros) y Navarra (1.701 euros), mientras a la cola se sitúan Canarias (801 euros) y Galicia (615 euros).
Asimismo, el estudio pone de relieve que el gasto anual medio por persona beneficiaria fue de 8.135 euros en 2022, de los cuales la Administración General del Estado aportó 2.115 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las Comunidades Autónomas, 6.020 euros. La comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 13.390 euros anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la comunidad que menos invirtió, que fue Andalucía con 6.547 euros anuales.
Según señalan los autores del informe, el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompe en 2021, "cuando el incremento en la financiación aportada por la AGE mediante el plan de choque es utilizado por algunas CCAA para retirar parte de su financiación".
Así, precisan que el peso de las CCAA en la financiación cayó más de un 10% entre los años 2021 y 2022, mientras la AGE reforzó la financiación del sistema. Además, advierten de que "los recortes en la aportación en 2021 y 2022 de la mitad de las comunidades autónomas han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque".
En todo caso, de los datos se desprende que el reparto de la financiación entre la AGE y las CCAA presenta "grandes diferencias" entre los territorios. Por ejemplo, País Vasco (86,00%), Islas Baleares (83,09%) y la Comunidad Foral de Navarra (81,56%) financian en mayor proporción sus sistemas, mientras que la media de financiación autonómica desciende hasta el 74% para el conjunto de España y CCAA como Galicia (64,80%), Andalucía (66,87%) o Castilla y León (67,25%), se mantienen por debajo de esta.
En cuanto a la variación interanual en el gasto medio por persona beneficiaria en 2022 respecto a 2021, se muestra que Baleares ha tenido el mayor incremento de gasto por persona beneficiaria (un 11,33% más), incrementándose el gasto de la AGE (+22,1%) y aumentando el autonómico (+17%), seguido por Navarra y Cantabria.
Si bien, desde la Asociación advierten de que aquellas comunidades autónomas que más han aumentado el número personas beneficiarias son las mismas que han reducido el gasto medio por persona beneficiaria, por lo que "el incremento en el número de personas no ha venido acompañado de un incremento proporcional de la financiación".
Según el informe, desde 2015, el número de personas en situación de dependencia atendidas se ha incrementado cada año. Entre 2021 y 2022 se observa un incremento porcentual del gasto total certificado más elevado (7,1%) que el incremento en el número de personas beneficiarias (7,9%).
CEDDD urge un Pacto de Estado
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) urge a los partidos políticos a alcanzar un Pacto de Estado por Dependencia después de conocer los datos del XXIII Observatorio de la Dependencia, que arrojan una muerte cada 12 minutos esperando la prestación, una espera media de casi un año para obtener una resolución y una "flagrante desigualdad de condiciones por cuestión de territorio".
"Hace tiempo que venimos reclamando este Pacto de Estado, pero los datos hacen más que necesaria una intervención urgente para tornar la
situación de la dependencia en nuestro país y garantizar la atención adecuada a ese 3,15% de la población española que necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria", ha afirmado la vicepresidenta de CEDDD, Mar Ugarte.
Para Ugarte, "no puede ser que con los medios disponibles hoy en día aún haya más de 309.000 personas en situación de desatención; es decir, que estén pendientes de valoración o en el limbo".
En esta línea, la vicepresidenta de CEDDD ha sido especialmente crítica con la gestión de los fondos destinados a la dependencia por parte de las comunidades autónomas. Según el citado informe del XXIII Observatorio de la Dependencia, al menos diez de ellas han 'hecho caja' con los fondos estatales trasferidos para este fin, a lo que hay que sumar la denuncia por parte de la Asociación de Directores y
Gerentes de Servicios Sociales de la reducción de la aportación autonómica por parte de nueve comunidades.
Para Ugarte, este hecho pone de manifiesto "la ineficacia" de las políticas actuales de ayuda a la dependencia. "Urge revisar todo el sistema de apoyos a la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y reformularlo desde un punto de vista nacional, de forma que se pueda garantizar la prestación de las ayudas en igualdad de condiciones, independientemente del lugar de nacimiento", propone la vicepresidenta del CEDDD.
Asimismo, también considera urgente "simplificar las fórmulas de solicitud de ayudas, para facilitar su acceso a las personas que lo necesiten". En el mismo orden, Ugarte ha reiterado la necesidad de elevar al 2% del PIB la inversión estatal destinada a la Dependencia como única vía para garantizar la prestación de un servicio de calidad.
