El Comité de 50 expertos del Gobierno dictamina a qué edad hay que dejar a los niños tener móvil

El Consejo de Ministros ha recibido este martes el informe encargado por el Ministerio de Juventud e Infancia a un comité de 50 expertos para abordar la exposición de los menores a los móviles, en el que se recomiendan cero pantallas hasta los 6 años, teléfonos analógicos (sin acceso a Internet) hasta los 16, o limitar el uso del móvil en los adultos delante de los niños, entre otras medidas.

• Así, de 0 a 3 años, los expertos recomiendan no exponer a los niños y niñas a pantallas; y de 3 a 6 años, desaconsejan el uso de dispositivos digitales, con excepciones, "en caso de necesidad, de forma puntual y bajo la supervisión de un adulto", con el objetivo de mantener un contacto social, familiar o cuando se determine por resolución judicial.
   
• Además, hasta los 6 años, aconsejan limitar el uso de dispositivos digitales por los adultos en presencia de menores, y de 6 a 12 años, recomiendan limitar el uso de los dispositivos con acceso a Internet y priorizar actividades vivenciales, deportivas, en contacto con la naturaleza y el entorno físico y presencial.
   
• De 12 a 16 años, si se decide permitir el acceso a dispositivos digitales, los expertos consideran "esencial" instalar herramientas de control parental que permitan evitar el acceso a contenidos inadecuados, así como gestionar el tiempo de exposición, garantizando la adopción de medidas de seguridad y de configuración de la privacidad.

Retrasar lo máximo posible los smartphones

En ese mismo tramo de edad, hasta los 16 años, proponen priorizar el uso de teléfonos analógicos (que solo permiten la llamada, sin acceso a Internet), si se estima que son necesarios. También sugieren retrasar la edad del primer móvil inteligente "lo máximo posible" y, en caso de regalárseolo a un menor de 16 años, subrayan la necesidad de utilizar el control parental para limitar y monitorear el acceso a los contenidos y el tiempo de uso.

De este modo, las expertas y expertos plantean "un acceso gradual, lo más seguro, respetuoso con sus derechos de privacidad e intimidad y educativo posible, y adaptado al nivel de madurez y capacidad progresiva".

En total, el comité plantea 107 medidas dirigidas al Gobierno para su estudio, agrupadas en tres bloques temporales de implantación (corto, medio y largo plazo) así como recomendaciones a las familias. El objetivo es que las Administraciones Públicas garanticen un marco de prevención, detección precoz y protección frente a una posible vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia.

El informe –elaborado de forma altruista y de forma independiente– incluye un diagnóstico de 150 páginas sobre el impacto de las tecnologías en las personas menores de edad, en el que se analiza, entre otras, la responsabilidad de la industria, la exposición de los niños y niñas en las redes sociales, el papel de las familias y otros actores de la sociedad, y las herramientas de protección.

 

Además de las citadas recomendaciones, los expertos plantean medidas de regulación dirigidas al sector de la industria, como la configuración por defecto de espacios seguros digitales (control parental) o la obligatoriedad de advertir en el etiquetado de los dispositivos de los riesgos que su uso tiene para la salud, y de elaborar informes de impacto de dichos productos. Además, añade la importancia de reforzar los mecanismos de denuncia y bloqueo.

En el ámbito educativo, el comité insta a la regulación del uso de los dispositivos en los centros educativos. En este apartado, diferencian entre los de uso privado del alumnado (no permitidos en educación infantil y primaria, y limitados como herramientas pedagógicas en secundaria) y los de los propios centros. En estos últimos, se plantea la revisión contrastada de las aplicaciones, la eliminación de los sistemas de gratificación inmediata o el establecimiento de límites por edad, entre otros.

Influencers

Respecto a la protección de los derechos de las personas más vulnerables (niñas, niños y adolescentes), el comité plantea la regulación de las personas creadoras de contenido --incluyendo los 'kids influencers'-- y aboga por la "prohibición expresa de exponer a personas menores de edad en el contenido objeto de su actividad en la red", independientemente de que esta actividad genere ingresos económicos directa o indirectamente.

En este apartado, el comité insta especialmente a regular la práctica del 'sharenting' –compartir fotografías de menores en las redes sociales– por parte de personas creadoras de contenido o 'influencers'.

¿Quién está detrás del Comité de expertos?

Según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia, el comité ha estado formado por 50 personas independientes y expertas en diversos ámbitos, presidido por la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ana Caballero, y estructurado en seis grupos de trabajo (Salud, Educación, Privacidad, Industria y Consumo, Derechos, Participación y Pornografía/Violencia Sexual), con una presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

El grupo ha contado con representación del Plataforma de Organizaciones de Infancia, UNICEF, Save The Children, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, el Consejo de la Juventud, Asociación Española de Pediatría, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Escolar del Estado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

También han estado presentes las confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos y las entidades y organizaciones del tercer sector de ámbito estatal, además de especialistas en las áreas de la pediatría, la psicología, la igualdad de género y la protección de la salud mental, así como juristas especializados en la garantía de los derechos de la infancia y de la juventud.

En paralelo a la elaboración del informe, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el pasado mes de junio el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, con el objetivo de adelantar las iniciativas que fueran posibles. Según explica el Ministerio de Juventud e Infancia, 35 de las 107 medidas del informe ya formaban parte del citado Anteproyecto (sistemas de verificación de la edad o control parental, entre otros).

El Ministerio de Juventud e Infancia ha asegurado que estudiarán el resto de propuestas de cara a su posible incorporación en el trámite del texto o a través de las iniciativas correspondientes.

Además, ha anunciado que impulsarán también una Estrategia Nacional que garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes y les permita disfrutar de los beneficios de la tecnología, garantizándoles una navegación segura en la red, priorizando la defensa de sus derechos y ofreciéndoles la posibilidad de participar en la toma de decisiones.