Tecnología

Nuevo bono social de Internet: qué es y cuáles son los requisitos para pensionistas

Marta Jurado

Domingo 24 de septiembre de 2023

4 minutos

La OCU reclama que se facilite su acceso y se otorgue a los que ya tienen el bono eléctrico

Nuevo bono social de Internet: qué es y cuáles son los requisitos para pensionistas
Marta Jurado

Domingo 24 de septiembre de 2023

4 minutos

La nueva Ley de Telecomunicaciones actual establece que el acceso a internet debe ser un servicio universal, igualándose así a la normativa aplicada a colectivos vulnerables de agua, luz y gas. Hasta ahora solo se incluía la telefonía fija. Con esta nueva norma, las operadoras de telecomunicaciones están obligadas a ofrecer un bono social con precios regulados para colectivos con pocos recursos económicos que les garantice el acceso a internet y telefonía.

Para proporcionar este servicio universal, los operadores deben ofrecer unas tarifas específicas para colectivos con rentas bajas o necesidades especiales, que complementan la ayuda conocida como Bono Unico, una subvención de 240 euros a los hogares vulnerables para afrontar los gastos de instalación de internet.

¿Qué es el bono social de telecomunicaciones?

El acceso a internet se ha convertido en indispensable (trámites administrativos, búsqueda de empleo, banca...) y por eso la reciente ley de Telecomunicaciones lo ha incluido dentro del servicio universal. Ahora, se debe ofrecer, junto a las comunicaciones de voz, banda ancha con una velocidad mínima de 10 Mbps (antes era 1 Mbps), que irá subiendo en el futuro a 30 y 100 Mbps.

La conexión, suficiente para las tareas más habituales, se debe garantizar con independencia de dónde viva el usuario y a un precio asequible. Movistar es la compañía que tiene asignado el servicio universal y está obligada a mantener la red.

¿Qué operadoras deben ofrecer el bono social?

En la práctica, casi todas las compañías están obligadas a ofrecer el bono social, porque la ley afecta a las que prestan servicios de voz e internet de banda ancha a través de conexiones en una ubicación fija. Las tarifas sociales que ofrezcan las operadoras deben incluir:

  • Bonos para servicios de comunicaciones de voz.
  • Bonos para servicios de acceso a internet de banda ancha.
  • O una tarifa que incluya ambos servicios.

Los destinarios del bono social de telecomunicaciones son los consumidores con rentas bajas o necesidades sociales especiales. Los requisitos concretos para entrar en esas categorías se van a establecer mediante un real decreto, tras consultar con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Aunque esa definición todavía está pendiente, las operadoras han empezado a configurar sus tarifas destinadas a distintos colectivos, en las que aplican criterios diferentes:

  • Movistar: su tarifa social está destinada exclusivamente a pensionistas y jubilados de un determinado nivel de renta.
  • Orange: destinada a titulares del ingreso mínimo vital o la renta mínima de insercción de su comunidad autónoma.
  • Vodafone: se dirige a jubilados o pensionistas mayores de 65 años con bajos ingresos de la unidad familiar (no superar 120% del IPREM), jóvenes menores de 30 años en búsqueda de empleo y titulares del ingreso mínimo vital
  • Másmóvil: su tarifa se ofrece en colaboración con la asociación INNICIA. El criterio de acceso, además de hacerse contactando con esta asociación que opera en Madrid, exige no superar el IPREM de 14 pagas en más de un 50% (que se amplía si hay menores) y además que estén en búsqueda de empleo, o tengan menores y sean familias en situación de vulnerabilidad...

La OCU pide que se conceda con el bono eléctrico

Según resalta la Organización de Consumidores y Usuarios (@consumidores), "es una lástima que las compañías no hayan optado por algún criterio de vulnerabilidad más completo como el que podría haber sido "beneficiarios del bono social eléctrico" que abarca más colectivos y sobre todo que facilita su justificación".

¿Las tarifas sociales son de verdad más baratas? De una tarifa social se espera, tal y como la ley lo exige, que el precio facilite al acceso a los productos incluidos en el servicio universal a los hogares en dificultades. Sin embargo, según explica la OCU, como los operadores tienen tarifas tan distintas, es posible ofrecer un buen descuento sobre el precio normal sin que eso signifique en realidad un precio más bajo que el de otro competidor.

Sobre el autor:

Marta Jurado

Marta Jurado

Marta Jurado es periodista especializada en Sociedad, Economía, Cultura, Política y redactora en el diario digital 65Ymás desde sus inicios. Licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III y en Filología Inglesa por la UNED, ha trabajado en medios de tirada nacional como El Mundo Público y las revistas Cambio16 y Energía16. Tiene además experiencia en comunicación corporativa de empresas e instituciones como BBVA o INJUVE.

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