Trabajadoras de la Ayuda a Domicilio y empresas ponen deberes al nuevo Gobierno: "Tenemos poca fe"

El sector de la Ayuda a Domicilio, trabajadores y empresas, ha trasladado a 65YMÁS sus peticiones al nuevo Gobierno, de cara a esta lesgislatura, si finalmente la segunda sesión de investidura sale adelante.

Todas las partes coinciden en que en los últimos años se han dado ciertos pasos para reforzar y dignificar la Ayuda a Domicilio con el Plan de Choque y la implantación del Nuevo Modelo de Cuidados basado en la atención centrada en la persona. No obstante, también critican que queda mucho por hacer, tanto por parte del Ejecutivo como de las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos. 

Afianzar los cambios

Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO (@CCOO), explica a este diario que, "desde la firma del Plan de Choque con los agentes sociales en el año 2019, se ha producido una mejora relevante, si bien aún insuficiente, que ha supuesto un incremento acumulado de financiación estatal de 3.600 millones en el periodo 2021-2023". 

"Podemos decir que ha conseguido revertir en buena medida los recortes que permanecían impuestos desde 2012, reactivar la implantación del Servicio de Ayuda a Domicilio y recuperar la intensidad de las prestaciones que se redujeron en su día", valora. "Pero aún está lejos de haber logrado resolver el problema de la lista de espera. En este punto, hemos mejorado, pero de forma claramente insuficiente", advierte. Según datos de la Asociación de Directora y Gerentes de Servicios Sociales, cerca de 45.000 personas murieron en 2022 en el limbo de la Dependencia. 

Además, recuerda, los sindicatos se opusieron al Nuevo Modelo de Cuidados promovido por el Gobierno y pactado con las CCAA en 2022 al considerarlo insuficiente, por lo que habría margen de mejora en esta legislatura. "No contó con el apoyo de las organizaciones básicamente porque, a nuestro juicio, aunque mejoraba en determinados planteamientos (ratios de plantilla, modelo de atención centrado en la persona…), se quedaba lejos de la expectativa de calidad en la atención que defendemos", apunta. 

También se debería seguir mejorando la financiación, opina Bravo, tanto por parte de la administración central como de las comunidades. "Es cierto que la proporción de asignación económica entre CCAA y Administración Central es de –aproximadamente– 80%/20%. Los territorios sufren el mayor peso presupuestario, pero debemos lamentar que algunos no hayan trasladado la totalidad del incremento de financiación que han recibido del Estado para mejorar las prestaciones de sus ciudadanos y  que algunos hayan utilizado parte de esta mejora de financiación para amortizar gasto propio", critica. Recientemente, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publicó un informe en el que aseguraba que las regiones invirtieron en su conjunto 98 millones menos en 2022 en Dependencia. En concreto, nueve de 17 bajaron su gasto. Por CCAA, en 2022, fueron Cataluña (57,3 millones de euros menos) Cantabria (8,7 millones de euros menos), Asturias (10,8 millones de euros menos), Comunidad Valenciana (40,6 millones de euros menos), Andalucía (51,6 millones de euros menos), Extremadura (11 millones de euros menos), Madrid (15 millones menos), Castilla y León (7,4 millones menos) y Murcia (1 millón menos). Los autores del informe tachan de "especialmente sangrantes" los recortes que se han producido en Murcia y Cataluña, comunidades que el año pasado ocuparon los últimos puestos de la Escala de Valoración del Observatorio de la Dependencia. Por otra parte, destacan positivamente las comunidades que más incremento realizaron: Baleares (con un incremento del 17%), y Navarra (con un incremento del 8,8%). De los datos también se desprende que las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.329 euros), Extremadura (1.706 euros) y Navarra (1.701 euros), mientras a la cola se sitúan Canarias (801 euros) y Galicia (615 euros).

Otro objetivo para los próximos años sería perseverar en los logros conseguidos por el "VIII Convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal", indica. Un acuerdo, que recoge un incremento salarial durante los años 2023-2025 de un 9%, llegando a un sueldo base al mes de 1.145,81 euros para una auxiliar en 2025 –cabe recordar que estas trabajadoras no siempre trabajan a tiempo completo, por lo cual las reitribuciones muchas veces no llegan aún a los 1.000 euros–. 

"Después de años de negociación, ahora, en unas condiciones estratégicas y coyunturales favorables se logran claras mejoras salariales y de condiciones laborales en el ámbito de los profesionales de las residencias y de la Ayuda a Domicilio. Es un paso relevante que debe, no obstante, tener continuidad para garantizar que este sector creciente se desarrolle con servicios de calidad a las personas usuarias, para lo que es imprescindible mejorar la cualificación profesional y las condiciones económicas y de trabajo", comenta –en muchas CCAA o ayuntamientos cuentan con convenios propios y no se aplica el marco, que es de mínimos–. 

En definitiva, concluye Bravo, las administraciones deberían centrarse en "acabar definitivamente con la lista de espera, culminar y garantizar el traspaso a la jurisdicción de lo social de los litigios en esta materia para que las personas dependientes y sus familias puedan reclamar los posibles incumplimientos de la Ley y establecer de forma permanente un sistema de financiación estatal que, junto con la procedente de las comunidades autónomas, de forma coordinada, se vincule al cumplimiento de los estándares de calidad en la atención que marca la Ley de Dependencia".

Promesas incumplidas

Desde la la Plataforma Unitaria del Servicio de Ayuda a Domicilio (@UnitariaA), organización nacida al calor del 15-M y de las Marchas de la Dignidad durante la crisis económica de 2011-2012, los avances en la pasada legislatura han sido bastante tímidos, sobre todo, por parte de buena parte de las comunidades autónomas. "Habría que preguntar a los responsables dónde está el dinero", indican.  

"En cuanto a las condiciones laborales", prosiguen, "estamos peor que nunca". "Se da la paradoja que se necesitan miles de auxiliares, porque las empresas no encuentran profesionales cualificadas, pero no favorecen la formación, ni empresas ni administración ni los sindicatos. Después de una pandemia, donde hemos sufrido como cualquier ciudadana, hemos visto menospreciado nuestro trabajo como servicio esencial. Tenemos poca fe que esto cambie", se lamentan.

"Siempre hemos defendido y seguiremos haciéndolo que el sistema de cuidados nunca va a funcionar mientras esté en manos de empresas privadas. Con una población envejecida y con tendencia a una vida más longeva, si las profesionales de cuidados no están en lo público, como la Sanidad o la Educación, la Dependencia acabará en condiciones de beneficencia. Los que tengan medios económicos tendrán una vejez y el resto viviremos sin recursos", advierten. 

Por ello, apuntan, "al Gobierno que entre, le pedimos que mire de frente el problema y que sea valiente" y que ponga funcionamiento un Real Decreto, que ya "tienen sobre la mesa" en el Ministerio de Trabajo que mejore sus condiciones de trabajo, que se garantice el relevo generacional –las plantillas están envejecidas–, que se negocien mejores convenios que los logrados por los sindicatos y que se actualicen los salarios según la nueva normativa. 

Eso sí, finalizan, "nos tememos que eso no va a pasar, porque hay otros intereses que no lo permiten". "Sabemos que este sector, mayoritariamente de mujeres, está en estas condiciones por una discriminación de razón de sexo y desde la Plataforma seguimos denunciándolo", finalizan. 

Qué piden las empresas

Las empresas también han transmitido sus peticiones a 65YMÁS, muy difererentes a las de los trabajadores. Javier Sigüenza, secretario general de Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio, indica que "queda por desarrollar una importante modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que solvente los graves problemas del sector, esto es: eliminar la desindexación de precios, regular correctamente las prorrogas de los contratos y el uso indebido de los medios propios y hacer una profunda revisión de los términos que adecué el texto a la situación real que se vive en el sector".

"Adicionalmente queda pendiente una correcta regulación de la figura del asistente personal, la revisión de precios y la creación de un organismo estatal de control de calidad de los servicios", apostilla. 

Sigüenza indica por su parte que "las ayudas a las Comunidades Autónomas van llegando, con distinta intensidad según cada caso; pero el problema no es tanto la recepción de fondos, que se vieron incrementados en los PGE, sino en la cuantificación del coste en las distintas licitaciones; ya que en muchos casos las entidades locales se limitan a poner como precio de licitación el importe financiado por la comunidad, cuando lo que se debe hacer es cuantificar de acuerdo con el coste real del servicio".

Por último, concluye, "es urgente continuar incrementado la financiación desde el gobierno central, aumentando la existente con un nuevo plan a lo largo de la legislatura". y otro "desafío importante es la necesaria convergencia de los servicios de atención domiciliaria y teleasistencia; así como una mayor compatibilidad entre la cartera de servicios sociales, eliminando incompatibilidades entre prestaciones y una coordinación entre sanidad y servicios sociales".

El Gobierno en funciones

Cabe recordar que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Ione Belarra, notificó hace ya dos meses a las comunidades autónomas la urgencia de aplicar las mejoras de las prestaciones económicas y las intensidades del servicio de ayuda a domicilio que benefician a al menos 750.000 personas en situación de dependencia en España.

A raíz de las quejas de usuarios del sistema de dependencia en diferentes comunidades autónomas, la cartera de Belarra quiso recordar a las autonomías que la entrada en vigor de estos preceptos se produjo entre el 19 de julio y el 1 de agosto.

"Sabemos que la modificación de los procedimientos de gestión es compleja y que en algunos casos los abonos y la regularización de expedientes se producirá inevitablemente con efectos retroactivos. No obstante, queremos recordaros lo importante que resulta para la población en situación de dependencia, y para sus familias, la mejora de las prestaciones económicas y de las intensidades del servicio de ayuda a domicilio", se leía en la carta enviada desde el Ministerio de Derechos Sociales a los consejeros, y a la que tuvo acceso Europa Press.

En concreto, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar se incrementaban un 17,65%, mientras que las prestaciones económicas vinculadas al servicio y aquellas para asistencia personal lo hacían con carácter general un 4,5%.

Las cuantías mínimas, que hasta ahora no estaban contempladas en la normativa estatal, se introducían en la reforma para así evitar situaciones en las que las prestaciones se veían reducidas, llegando a ser cercanas a cero euros. Ahora se establecía un suelo mínimo de 100 euros, 150 y 200 euros, según el grado de dependencia.

Por otro lado, las intensidades horarias de la ayuda a domicilio pasaban de un máximo de 20 horas en el caso de un grado I de dependencia a un mínimo de entre 20 y 37 horas. Para los grados II la horquilla aumentaba desde las 21-45 horas, hasta las 38-64 horas, mientras que la horquilla de la intensidad horaria para el grado III ascendía hasta las 65-94 horas desde las 46-70 horas que se establecieron en 2012.

Ley de Cuidados

Cabe recordar asimismo que recientemente PSOE y Sumar anunciaron que en el pacto programático de cara a la próxima investidura se incluye la promesa de tratar de tramitar una nueva Ley de Cuidados. 

Además, en el documento, los grupos firmantes se comprometen a hacer cumplir "el Acuerdo de Acreditación (el 'nuevo modelo de residencias')", impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y aprobado por la mayoría de comunidades autónomas en 2022. Un documento, que acaba con las sujeciones, estipula que los centros deben dividirse en unidades de convivencia, limita la construcción de nuevas macrorresidencias, y propone aumentar las ratios de personal progresivamente, entre otros cambios. Además, tanto PSOE como Sumar aseguran que se impulsará un Plan para residencias "que garantice espacios de interior y exterior adaptados a las condiciones climáticas". 

También el texto pactado incluye medidas para mejorar el sistema de cuidados. Cabe señalar que las dos formaciones prometen poner en "marcha una Estrategia Estatal de Desinstitucionalización"; adaptar "la Ley de Dependencia para impulsar un cambio en el modelo de cuidados y apoyo a las personas dependientes, mejorando la calidad de la atención, personalizando los apoyos y priorizando la atención domiciliaria frente a la residencial"; garantizar "el servicio de teleasistencia como derecho subjetivo" y continuar "la senda de crecimiento" de su financiación, "hasta que alcance el 50% del total –en esta legislatura se logró aumentar a casi el 30%–, asegurando que las CCAA mantienen su inversión propia".