La Unión Democrática de Pensionistas (UDP) valora positivamente la decisión, previo informe favorable del Consejo Fiscal, por la que se aprobó en Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, dos reales decretos por los que se crean un total de 75 unidades judiciales y se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en 80 nuevas plazas. El objetivo de estas medidas es atender las necesidades de la Justicia española, contribuir a su mayor eficacia y calidad y garantizar a los ciudadanos la protección judicial de sus derechos.
Entre estas medidas destaca la creación en la Fiscalía General del Estado de una plaza de primera categoría de Fiscal de Sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y mayores, que determinará las medidas de coordinación, acciones y la recepción de denuncias sobre situaciones de vulnerabilidad de estos colectivos; esta medida ha sido ya publicada en el BOE por Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes.
La creación de esta nueva figura en la estructura de la Fiscalía General del Estado permitirá, como venía planteando y reclamando el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad CERMI desde hace años, impulsar y coordinar de modo más firme y efectivo la relevante función del Ministerio Fiscal en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores, como sectores sociales más expuestos a las discriminaciones y vulneraciones.
Contar con una Fiscalía especializada en discapacidad, supone un avance en la línea que marca el artículo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre acceso a la Justicia, ya que se dispondrá de más instrumentos para promover, proteger y asegurar los derechos de estas personas.
