Piden "verdad y justicia" para los mayores fallecidos en las residencias durante el covid

Verdad y Justicia, la plataforma constituida por familiares, trabajadores y personalidades públicas, se ha presentado este miércoles para exigir que se investiguen los casos de mayores que fallecieron en las residencias en las primeras olas de la pandemia sin ser trasladados a hospitales y para exigir que se busquen responsabilidades políticas por los protocolos y que no se vuelva a repetir.

"Que en plena pandemia un gobierno, el de la Comunidad de Madrid en este caso, tomara la decisión de negar la asistencia hospitalaria a unas personas que lo necesitaban, que eran además las que más lo necesitaban, es algo inaudito que se tiene que explicar", señalan desde la plataforma en el acto. 

Es por ello que, para echar luz a este punto, hacen un llamamiento a la sociedad para poder conocer qué es lo que pasó y por qué pasó, lo que ayudará a que no vuelva a suceder y que las residencias sean "un sitio humano". 

 

Uno de cada cinco residentes murió entre marzo y abril de 2020

Victoria Zunzunegui, epidemióloga, participante de la plataforma y miembro del Comité de Expertos de 65YMÁS, señala que el exceso de mortalidad de Madrid es la mayor de toda España. "Los datos dicen que si se esperaba una media de mortalidad, en Madrid hubo un 55% más, muy lejos de cualquier otra provincia. ¿Cómo se explica esto si la comunidad tiene muchos más recursos que otras?".

Según explicaba la epidemióloga, de las 50.000 personas en residencias en ese momento, uno de cada cinco residentes murió entre marzo y abril de 2020. "Esta es la magnitud de la catástrofe, ¿cómo alguien puede pensar que eso no merece una investigación?". Los datos recogidos dan una mortalidad del 20% en las residencias madrileñas.

Los trabajadores, los grandes olvidados

Rosa María García, trabajadora de residencia e integrante de la plataforma, ha contado que compañeros suyos fueron sancionados por denunciar lo que estaba pasando en las residencias. "Os puedo hablar del horror, la impotencia, del sufrimiento, de ver cómo se iban apagando sin poder darles ayuda, esa ayuda que tanto precisaban, negándoles desde la administración de Madrid el derecho a una asistencia hospitalaria a la cual tiene derecho todo ciudadano, excepto ellos. Ellos fueron ciudadanos de segunda por un triaje sin ninguna razón y se les condenó desde el minuto uno".

"Hoy día las residencias están preparadas para cuidar, no para curar", agregaba. "Hemos carecido de lo más esencial. Han pasado miedo, porque no sabían qué pasaba. Cuando en una noche se te mueren cuatro residentes seguidos sabiendo que no era su hora, es duro. Yo he trabajado en hospitales, en el 11M, pero esta situación de miedo y abandono ha sido la más inhumana". "Se nos considera un país de primer mundo, pero hemos tenido una sanidad para estos residente tercermundista", criticaba.

Por ello, considera que estos hechos deben ser juzgados y para ello quieren que el Gobierno tome cartas en el asunto o se constituya una Comisión de la Verdad para la ciudadanía propia. "Todo ello pasa por implicar a la sociedad civil, con acciones de protesta, presentaciones y todo lo que esté en nuestras manos. Esas muertes tienen nombre, eran personas que no les había llegado su momento".

En esta línea, ha intervenido también Alicia Gómez, abogada de Marea de Residencias, que asegura que los trabajadores de residencias en la pandemia fueron "los grandes olvidados". "No había información, no había planes de prevención ni medios, se jugaron la vida y la de sus familiares, a lo que se añade el dolor psicológico que sufrieron. No tenían ni mascarilla, ni guantes, ni delantales, tenían que manipular a gente fallecida, con el riesgo que eso suponía también, y trasladarlos a los sótanos.", explicaba la abogada, que señalaba que muchos trabajadores tienen miedo de denunciar a su empleador. 

Por su parte, Carlos Villa, abogado que gestiona las querellas de los familiares ("han llegado a 300"), ha resaltado que hay procesos archivados, otros con recursos al Constitucional y otros en proceso y ha asegurado que "no se ha investigado a ningún cargo público. Los pocos procedimientos que se han llevado a cabo se ha puesto el foco en los directores de residencias o en los médicos de los centros, que aseguraron que estaban en contacto con los geriatras de referencia pero estos nunca visitaron a los residentes".

 

"No se puede pasar página sin conocer la verdad"

Mercedes Huertas Aguilera perdió a su padre. "Se llamaba Juan Huertas Mateo. Falleció el día 6 de abril de 2020. Después del cierre de puertas, a los 15 días nos informan que está malito, le aíslan y empiezan a darle la medicación. Las pocas comunicaciones que tengo con él, porque aquello era imposible, simplemente eran para decirme que estaba tranquilo, que se le está dando antibiótico y paracetamol. No se puede hacer más. Cuando empieza a empeorar es cuando nos dicen que estemos tranquilos, que él no va a sufrir ni va a pasar nada. Hasta que la noche del 6 de abril nos comunican su fallecimiento", cuenta emocionada. 

Ni siquiera le confirmaron si se le había hecho un test covid o no, y hasta el día 7 no tuvieron los resultados. A su padre no lo sacaron nunca de su habitación, una habitación que no estaba medicalizada. Mercedes está convencida de que con asistencia médica, su padre y muchos otros mayores, podrían haber sobrevivido, "o haber tenido la opción de estar vivos". "Por ese protocolo no se salvaron muchos que podrían haberlo hecho. No quiero dinero, quiero Justicia, que no vuelva a pasar. Mi gran temor es que si se ha hecho esto con un colectivo que ha sufrido mucho (con un golpe de estado, una guerra civil, una dictadura, una represión) y les hacen esto en su vejez sin ser capaces de cuidarles y atenderles como se merecen, esto quiere decir que les estorbaban, y si ellos han estorbado, ¿cuántos más no pueden estorbar?".

Ella, como otros familiares, se pregunta cómo vivieron sus familiares los últimos días, si sufrieron al morir, cómo fueron sus últimos momentos, ya que muchos los encontraron fallecidos en sus habitaciones solos. Ella, junto a otras hijas que han participado por medio de vídeos, han resaltado que para cerrar el duelo necesitan conocer la verdad, que no queden impunes las negligencias y que la sociedad se asegure de que no vuelva a pasar porque "no se puede pasar página sin conocer la verdad".

"Soy una de las miles afectadas que ha perdido por desgracia a un padre y una madre en el 2020. Mi madre el día 6 de abril y mi padre el día 8. Mi cumpleaños fue el día 7. Recibí una llamada el 25 de marzo de 2020 sobre el estado de mi padre, que no tomaba más que una pastilla de tiroides. No tuve ni una llamada médica, solo una el día 6 de abril para decirme que mi madre había fallecido; y otra por mi padre el día 8 para decirme el médico que no había nada que hacer". 

Maribel Agudo contaba también que es hija de Luisa, fallecida el 7 de abril de 2020 en la primera ola. "El 8 de marzo vi por última vez a mi madre, le di un beso sin pensar que sería el último. Desde ese día todo fueron ocultaciones. Mi madre, por su deterioro cognitivo, no podía hablar, así que supliqué un vídeo que no me mandaron hasta el día de su cumpleaños, de ella en la cama. Entonces me dijeron que tenía fiebre. Cuando les dije que iba a por ella, que me la llevaba y llamaba a una ambulancia, me dijeron que llevaba tres días inconsciente. No sé cuánto sufrió, no sé cómo murió. Solamente buscamos verdad y justicia, que se aclare lo ocurrido, que alguien pague por esos protocolos y podamos cerrar el duelo. Y que no vuelva a ocurrir".   

También han intervenido en el acto el exconsejero de Políticas Sociales durante la pandemia, Alberto Reyero, alcaldes como la de Alcorcón, Natalia de Andrés, o el Alcalá, Javier Rodríguez Palacios.