Pagar impuestos por la indemnización recibida en compensación por los daños sufridos tras un accidente, como si se tratara de un incremento patrimonial. Es la situación a la que se enfrentan las víctimas de tráfico si sale adelante el anteproyecto de Ley de medidas de Eficiencia Procesal impulsado por el Ministerio de Justicia que se encuentra ahora mismo es trámites, aunque ya recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre.
El sector asegurador y todas las asociaciones de víctimas de accidentes así como de personas con discapacidad claman contra esta modificación y exigen a la titular de Justicia, Pilar Llop, que dé marcha atrás.
La Disposición final segunda de este anteproyecto de ley deja exentas de tributar en el IRPF todas las indemnizaciones dictadas por un juzgado. Aquí no hay cambios. Sin embargo, introduce una novedad en aquellas que se alcancen como consecuencia de un pacto amistoso entre las partes, normalmente la víctima del accidente y la compañía aseguradora.
La indemnización tendrá que tributar en el IRPF a menos que cumpla con dos requisitos: Que intervenga “un tercero neutral” que haga de mediador y que “el acuerdo se eleve a escritura pública”. Ninguno de estos requisitos existía antes y la posibilidad de una víctima de un accidente de tráfico tenga que pagar impuestos, es inédita en nuestro país.
Estos dos requisitos, que nunca antes habían aparecido en la legislación, supondrán tener que contratar un arbitraje y formalizar la escritura, lo que inevitablmente conllevará un gasto para la víctima, a detraer de su indemnización. Y si no cumple con alguna de estas dos condiciones, tendrá que tributar en el IRPF por la indemnización que reciba. Es decir, sea como sea, tendrá que pagar.
La Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, Anava-RC ha sido la primera en alzar la voz. Critica que, "de forma escondida", la disposición final segunda del referido Anteproyecto de Ley "realiza una importante modificación" con el objetivo de "recaudar impuestos con las indemnizaciones" de las víctimas de siniestros viales. El texto, firmado por el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, modifica el artículo que regula las rentas exentas. Esta asociación advierte de que la modificación “causaría un daño irreparable a las víctimas y muy especialmente a los lesionados graves”.
La patronal del seguro, Unespa, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), por su parte, han apuntado que los perjuicios de carácter patrimonial (como son el lucro cesante, la necesidad de ayuda de tercera persona o los vinculados a prótesis, rehabilitación futura, adecuación de vivienda o incremento de los gastos de movilidad) "suponen un elevadísimo montante en las cuantías totales de las indemnizaciones de lesionados graves por accidentes de circulación".
Igualmente, han añadido que sucede lo mismo en el caso del lucro cesante de perjudicados por el fallecimiento de la víctima o de los gastos emergentes relacionados con su fallecimiento. "De mantenerse el criterio de Hacienda se quebraría el principio de reparación integra de las víctimas dado que una parte de la indemnización se destinaría al pago de impuestos".
El Consejo para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha pedido al Gobierno que “recapacite y dé marcha atrás” en esta modificación legislativa. "La medida resulta incomprensible a nuestro entender, dado que los pagos recibidos por las víctimas no pueden ser consideradas como un incremento patrimonial, sino una compensación económica para que queden resarcidas tras los daños sufridos y, dentro de lo posible, recuperen una situación similar a la que tenían antes del accidente, tal y como se expresa en la Ley del Baremo de 2015”. El malestar del Consejo para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia es enorme. Consideran que, de salir adelante este gravamen, “atentaría directamente contra los derechos de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia”.
Las organizaciones del sector asegurador y de las personas con discapacidad han remitido al Ministerio de Justicia (@Justiciagob) una propuesta conjunta de nueva redacción de la Disposición final segunda del anteproyecto "para que el perjuicio patrimonial por accidente de tráfico siga exento de tributación". "Esta redacción alternativa busca solventar la problemática surgida a raíz del criterio de Hacienda”.
Por su parte, fuentes del departamento dirigido por la ministra Pilar Llop indicaron a Europa Press su disposición a estudiar la modificación del anteproyecto siempre con el objetivo de garantizar el apoyo a las víctimas. "Para nosotros es necesaria y obligada la reparación y en eso estamos trabajando", advirtieron esas fuentes.
