La viuda de la primera víctima por el amianto en Metro de Madrid carga contra Ángel Garrido

Eugenia Martín, la viuda de uno de los trabajadores de Metro de Madrid fallecido por el amianto, ha cargado este jueves contra el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, por decir que va a pagar a los afectados mientras sigue adelante la demanda de Metro por el porcentaje a abonar del recargo de prestación a los trabajadores del suburbano con enfermedad profesional reconocida.

"Estoy muy decepcionada", ha reconocido la mujer de Julián Martín a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha comparecido como testigo en la causa en la que se investiga el fallecimiento de su marido y de otro trabajador tras exponerse al amianto a instancias de una denuncia de la Fiscalía de Madrid.

La juez María Isabel Garaizaba escuchará en esta primera jornada el relato de siete testigos, dos viudas y cinco trabajadores de Metro de Madrid. Mañana desfilarán ante la instructora tres delegados sindicales. Todos ellos pedirán "Justicia" y que se depuren responsabilidades.

Desde primera hora de la mañana, varios trabajadores del suburbano se han concentrado en apoyo a los afectados portando pancartas con el lema 'La Salud no se Negocia, movilízate'. A la concentración se han acercado el secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, la portavoz adjunta de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid, Sol Sánchez, y la portavoz adjunta de Más Madrid, Mónica García.

Cedrún ha aprovechado la ocasión para lanzar "un mensaje a Garrido" e instarle a "resolver esta situación, reconociendo a los afectados por el amiento tanto a trabajadores en activo como a ya jubilados". De igual modo, ha solicitado que se ponga en marcha un reconocimiento de estas familias para que se evite que tengan que pasar por "el calvario" de acudir a los juzgados para obtener una indemnización.

En la misma línea, Sol Sánchez ha señalado que su grupo presentará esta tarde en la Asamblea de Madrid una Proposición no de Ley (PNL) para que el Gobierno regional y "la derecha" dejen de "seguir haciendo que los afectados y sus familias" tengan que ir a juicio "para reivindicar sus derechos".

"Esperamos que se retracten y les metan en grupos de riesgo", ha dicho, incidiendo en que el asunto del amianto supone "una dejación brutal de funciones".

Justicia en la vía penal

"Queremos Justicia en la vía penal al igual que lo hemos tenido en la vía laboral", ha recalcado Eugenia Martín. En el caso de su marido, un juez de lo Social condenó a Metro a pagar a su familia con 371.733,65 euros en concepto de daños y perjuicios derivados del fallecimiento por enfermedad profesional.

La viuda de este trabajador se ha mostrado "muy decepcionada" con Metro y con la Comunidad de Madrid por no ponerse nunca en contacto con ellos y no mostrar su solidaridad con los afectados. Hace unos días, Metro demandó a Eugenia, a su hija y a la Tesorería de la Seguridad Social por el incremento del 50 % de la prestación que pidió la Inspección de Trabajo por el incumplimiento de las medidas de seguridad por parte de Metro.

"Garrido no está coordinado con Metro y no entiendo esas contradicciones. Dice que va a pagar el 50 % a todas las víctimas pero estamos al mismo tiempo demandado por Metro. Ellos están obligados a pagar. Lo primero que debería hacer Metro es desistir de esta demanda", ha aseverado.

Eugenia ha relatado que desde 1987 hasta 2017 estuvo lavando la ropa del trabajo de su marido en lo que supone un "flagrante incumplimiento de la normativa", ya que la norma de 1982 establece que la vestimenta no se puede llevar a casa.

Por su parte, Alfonso Blanco, delegado sindical que comparece mañana ante la juez, ha reseñado que "hay pruebas suficientes de que entre 2001 hasta 2017, ni Metro ni la Comunidad de Madrid tomaron ninguna medida a sabiendas de que había elementos con amianto, lo que está demostrado porque a día de hoy todos los metros tienen etiquetas advirtiendo de la presencia de amianto.

Demanda de la Fiscalía

A finales de julio, la Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra siete responsables de salud y prevención de riesgos laborales de la empresa Metro de Madrid por homicidio imprudente en relación a la muerte de dos empleados de mantenimiento de Metro tras exposición al amianto.

El fiscal les imputa la presunta comisión de tres delitos: uno contra los derechos de los trabajadores y los otros dos por homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. Tras abrir una investigación, la instructora fijó las declaraciones de los investigados para este mes de diciembre, pero finalmente fueron aplazadas al próximo marzo.

Los denunciados son F. L. O., responsable de la Unidad de Prevención y Salud Laboral desde el 6 de noviembre de 2003 hasta el 24 de enero de 2012; P. S. A. L., gerente de prevención laboral desde el 1 de enero de 2011 al 17 de noviembre de 2009; J. N. D. coordinador de Prevención de Riesgos laborales desde el 1 de mayo de 2015 a la actualidad; B. R. R., Coordinadoras de Prevención de riesgos laborales desde el 1 de diciembre de 2009; y E. F. C. G., responsable del Servicio de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de enero de 2012 a la actualidad.

También están denunciados J. M. G., responsable del Área de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de noviembre de 2015 a la actualidad; J. O., perteneció a la Gerencia de Mantenimiento de Material móvil en diferentes áreas desde abril de 2003 a 31 de diciembre de 2005.

Concentración

Por su parte, el Comité de Empresa de Metro de ha convocado concentraciones este jueves y viernes a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, para "acompañar y arropar" en las declaraciones judiciales a los afectados por amianto".

Inicialmente, estas declaraciones estaban previstas para los días 3, 12, 16, 17 y 18 de diciembre de 2019, pero se han retrasado a los días 6, 7 y 12 de febrero y a los días 4 y 17 de marzo de 2020, ha recordado el órgano en una circular.

El Comité de Empresa de Metro acusa a la dirección y a las administraciones que gestionan Metro de Madrid de "dilatar el proceso", mientras "deberían tener una verdadera voluntad de negociar, y buscar una solución lo antes posible, acordada con todos los afectados y familiares, pactando además con toda la representación legal de los trabajadores unas compensaciones justas para que las personas afectadas no tengan que estar denunciando y esperando años y años a unas sentencias judiciales firmes".

"Cada día que pasa son más los compañeros que se están viendo afectados por la exposición y manipulación del amianto durante su vida laboral en Metro de Madrid", ha señalado el comité.

Por otro lado, Metro de Madrid y la Seguridad Social irán a juicio por el porcentaje a abonar del recargo de prestación a los trabajadores del suburbano con enfermedad profesional reconocida, incluido el de los que ya han fallecido, a causa de exposición al amianto.

La compañía ha acudido a la vía judicial con una reclamación dirigida a la Seguridad Social referida al caso de Julián Martín, el caso del primer trabajador con enfermedad profesional y que falleció en 2018 por cáncer relacionado con amianto y sobre el que el Instituto Nacional de la Seguridad Social elevó un recargo de prestación del 50 %, el máximo fijado.

Fuentes de Metro han explicado que el objetivo de esta demanda es que un tribunal establezca qué porcentaje de recarga tiene que haber para estos casos y establecer un baremo a la hora de afrontar este tipo de cuestiones. "No es que queramos evitar ningún pago, sino que se establezca qué porcentaje corresponde", han agregado.