Vivienda de protección oficial, ¿quién puede solicitarla?

Aunque existe un Plan Estatal de Vivienda que regula algunas de las condiciones para poder optar a una vivienda de protección oficial en toda España, cada Comunidad Autónoma (CC. AA.) establece una serie de normas para poder comprar o alquilar este tipo de inmuebles. Así, en todo el territorio español es condición sine qua non que las viviendas protegidas sean destinadas a residencia habitual y permanente, tengan un precio máximo de venta o alquiler y dispongan de una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados. Pero más allá de estas disposiciones, cada comunidad determina, por ejemplo, cual es el máximo de ingresos a partir del cual una persona no puede acceder a estas viviendas.

Para determinar cuál es el límite de ingresos que da derecho a la protección oficial, las administraciones autonómicas utilizan el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice de referencia que se emplea en España para la concesión de becas, ayudas, subvenciones a las familias más desfavorecidas o el subsidio de desempleo. Por ejemplo, en algunas CC. AA. nuestros ingresos no pueden superar 5,5 veces el importe del IPREM si queremos acceder a una vivienda de protección oficial (VPO). Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 contemplan un incremento del 5% para este indicador, con lo que el IPREM aumenta hasta los 564,90 euros mensuales (6.778,80 euros al año en doce pagas) o a 18,83 euros diarios.

Registro público

Para poder acceder a una VPO es necesario inscribirse en el registro público de solicitantes de viviendas con protección oficial de cada CC. AA. Pueden hacerlo las personas individuales o los representantes de las unidades de convivencia formadas por grupos de personas físicas que acrediten convivir efectivamente en un mismo domicilio o se comprometan a hacerlo en un plazo determinado, con independencia de si tienen relación de parentesco entre ellos.

 

Este Registro proporciona información sobre las necesidades reales y la distribución territorial de las viviendas con protección oficial. Además, permite facilitar los procesos de adjudicación de viviendas protegidas garantizando la máxima transparencia.

Corresponde a cada Comunidad Autónoma establecer durante cuánto tiempo es vigente nuestra inscripción en el registro de demandantes, así como los requisitos que deben cumplir los solicitantes en cuanto a la documentación que deben aportar para demostrar su grado de necesidad de acceder a la VPO o el tiempo que tiene al administración para resolver si procede o no ese acceso. No obstante, y a pesar de las particularidades que deberíamos consultar en cada territorio, generalmente se pide cumplir con estos preceptos:

–Ser mayor de edad o estar emancipado.

–Tener la residencia legal en el territorio español.

–Estar empadronado en un municipio de la CC AA.

–No encontrarse incapacitado para obligarse contractualmente, salvo representación legal o autorización judicial sustitutoria.

–Tener necesidad de vivienda, por no disponer de una o porque la vivienda de que se dispone no es la adecuada o no se encuentra a disposición del solicitante.

–Cumplir con el límite de ingresos establecido en la normativa para acceder a una vivienda con protección oficial, que deberán justificarse con la declaración de renta de las personas físicas (o una declaración responsable y la aportación de la documentación acreditativa de los ingresos y las retenciones y un certificado de la Agencia Tributaria sobre la no obligación de presentar la declaración de renta)

–Los requisitos deben cumplirse a lo largo de todo el periodo de vigencia.