Vuelta "obligada" a las residencias en plena ola de rebrotes: "No sabemos qué hacer, es indigno"

Durante el pico de la primera ola de contagios, decenas de familiares sacaron a sus seres queridos de las residencias de mayores -donde han fallecido hasta la fecha más de 19.000 personas- por miedo a que se infectasen de coronavirus o a que no recibiesen un trato adecuado por la falta de medios y personal. Ahora, muchos de ellos han decidido no volver a ingresarles de cara a una segunda ola de la pandemia, por el incremento preocupante de casos y brotes en estos centros durante el último mes.  

Sin embargo, en comunidades como la de Madrid no les está siendo fácil negarse, ya que pueden perder sus plazas por tomar esta decisión. Y es que, la región, basándose en una ley de 1994, obliga a volver a ingresar a los residentes en un plazo de 45 días desde el final de Estado de Alarma -con posibilidad de prórroga, dependiendo del caso-. 

Pérdida de la plaza

"La residencia me ha obligado a dejar la habitación. Como no les ingresamos el 20 de agosto, nos han quitado la plaza", cuenta a 65Ymás Ana, una familiar que tenía a su padre y a su madre en un centro público de gestión indirecta de Leganés en el que, sostiene, hubo más de 30 decesos.

Al comienzo de la pandemia, la mujer decidió hacerse cargo de los cuidados de sus familiares, puesto que la situación de su residencia estaba "fuera de control": los contagios se multiplicaban y, según cuenta a este diario, las bajas de personal hacían que la atención no fuese la correcta. Asimismo, asegura, durante todo este tiempo ha seguido "pagando la plaza de sus padres", aunque estos ya no viviesen en el centro. 

Así, sostiene, uno de los argumentos para no recurrir a las prórrogas que ofrece la Comunidad -a parte de la desconfianza hacia un centro en el cual no se les ha garantizado, según ella, una buena atención ni seguridad- tiene que ver con razones económicas. "No me puedo gastar tanto dinero durante un mes más. Con el servicio de cuidado que tengo contratado en casa, ahora estoy pagando 3.000 euros al mes por ellos. No quiero seguir prorrogando esto y encima tener que pagar por algo que no están disfrutando", critica. 

A pesar de todo, Ana explica que volverá a solicitar una plaza pública en el futuro. "Aunque están mejor en casa que en la residencia, si me pasa algo, mis padres quedan vendidos", argumenta. Por ello, la mujer ha denunciado que no pueda mantener su plaza y seguirá luchando, sostiene, para que se le devuelvan. 

"Le sacamos de la residencia demenciado"

En el caso de Esther, el plazo que tiene para el reingreso de su padre es algo más largo que el de Ana. Tiene hasta el 5 de septiembre para hacerlo, puesto que se trata de un centro privado con plazas concertadas (Orpea Alcobendas) y se rigen por normas diferentes. "El problema es que la residencia está de nuevo en fase 3, es decir, no tienen libertad de movimientos y las terapias están restringidas", señala. 

Además, Esther no guarda buen recuerdo del trato que le dieron a su familiar durante el pico de la pandemia -una de las razones por las que lo sacó de las residencia- y eso le hace desconfiar a la hora de reingresarle. "Mi padre tiene dependencia total. Padece párkinson y tiene la cadera rota. Pero antes de la pandemia su deterioro cognitivo era leve y después, cuando le saqué, estaba totalmente demenciado", apunta. 

"Hemos pedido una prórroga más allá del 5 de septiembre, pero aun así es inviable, porque sigo pagando la plaza y me ocupo de mi padre. Necesito ese dinero para darle un cuidado profesional y él no puede volver, puesto que que no le están dando los servicios que he firmado. Nadie me garantiza que sean profesionales, además de todo el tema de los muertos que ha habido por COVID", denuncia.

Por esta razón, Esther también ha denunciado la situación y se resigna a perder la plaza de su padre y tener que volver a empezar todo el proceso tan costoso que es conseguir acceder a los servicios recogidos en la Ley de Dependencia.

"Nos ha costado mucho conseguir la plaza y ahora no la estamos ocupando por incumplimiento de contrato. Encima, sigo pagando", critica.

"Tienen atada a la mayoría de la gente en sus habitaciones"

Finalmente, también hay situaciones en las que los familiares, por la presión ejercida por los centros o por las dificultades que implica el cuidado en el domicilio, han optado por ingresar de nuevo a sus seres queridos. "Lo hicimos hace 20 días, porque nos dijeron que teníamos un plazo máximo. Mi madre tiene alzhéimer y estuvo dos meses con nosotros, porque el aislamiento le vino muy mal: su grado de la enfermedad pasó durante esos días al máximo, estaba con psicosis y ya no se levantaba. En una videollamada vimos que había perdido 15 kilos y la llevamos a casa. Cuando llegó, estaba sin medicar, sin paliativos, no comía, no le daban agua, estaba para morirse. Pero no lo hizo, empezamos a darle de beber, estuvimos con ella, la cambiamos de médico y se puso bien", relata María José a este diario. 

Incluso, comenta la hija, durante esos meses la "convivencia fue muy bonita, aunque teníamos que tener dedicación total. Estuvo toda la familia con ella".

Pese a todo, hace cosa de un mes, se enteraron de que tenían que volver a ingresar a la madre si no querían perder la plaza y decidieron llevarla de nuevo a una residencia, puesto que, en ese tiempo, habían logrado una habitación en otro centro especializado en azhéimer. 

Sin embargo, señala María José, la experiencia ha sido de nuevo traumática, puesto que la nueva residencia ha sido afectada por un brote de COVID y ahora no pueden tener contacto con su madre otra vez.

"Llevo 8 días sin verla. Me dicen que tenga paciencia, pero no hay personal y no se cubren las bajas. Tienen atada a la mayoría de la gente en sus habitaciones. Está toda la familia destrozada. Y allí me dicen: 'Si pasa algo ya se pondrán en contacto con usted'. Esto es un secuestro", critica. 

"Supongo que ahora no nos dejarán sacarla", comenta apenada. Y matiza que, aunque quisieran hacerlo de nuevo, en estos momentos no toda la familia está de acuerdo en que vuelva su madre a casa. "Mis hermanos y yo ahora ya casi no nos hablamos", señala. "Y yo tengo la culpabilidad de ser mala hija. Es una sensación tremenda porque no hay claridad. Imagínate llevar a tu hija a una guardería donde desconfías de que la violen o la maten. No sabemos qué hacer, es indigno", añade.   

La Comunidad defiende el sistema de prórrogas

Desde la Consejería de Políticas Sociales, Familia y Natalidad de la Comunidad de Madrid defienden que no se está obligando a las familias a volver a ingresar a los mayores y que se les ha dado "la opción de pedir una prórroga".

"La normativa viene del año 1994 y es para regular que la gente que esté en lista de espera pueda tener acceso a una plaza pública. El consejero Alberto Reyero ha lanzado un mensaje de tranquilidad en este sentido", prosiguen. "Además, de un día para otro no se van a quedar sin plaza, se estudiará caso por caso", concluyen.  

En cuanto a las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, éstas han alcanzado ya el nivel máximo de riesgo de contagio de la COVID-19, al situarse en el nivel tres, un escenario en el que se estima una "elevada" probabilidad de que una persona del exterior introduzca el virus en el interior del centro y que implica la puesta en marcha de las medidas más restrictivas en cuanto a visitas e ingresos.

El riesgo se define por la incidencia acumulada de la región en los últimos días, que supera los 150 casos por cada 100.000 habitantes, como por el grado de inmunidad de cada centro frente al virus. Se han restringido las visitas y preocupan los brotes de una residencia de San Martín de la Vega con más de 60 casos positivos, dos de los cuales han fallecido.